WASHINGTON –  La querella presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el ex gobernador Pedro Rosselló en torno a la situación política de Puerto Rico se encuentra aún en una etapa preliminar, indicó una portavoz de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El largo proceso de evaluación que hace la CIDH para determinar si admite la denuncia, presentada en 2006, no es inusitado.

En el caso de Washington D.C., que motivó la demanda sometida en 2006 por Rosselló, la CIDH tardó 10 años en tomar una decisión final.

Y aunque el Gobierno de Estados Unidos se opuso a que el asunto fuese considerado por la CIDH, al final el organismo determinó en 2003 que Estados Unidos le niega la “igualdad de derechos” a los residentes de su capital al no darles plena participación en su gobierno “debido a su lugar de residencia”.

María Isabel Rivero, portavoz de la CIDH, indicó que la Comisión  – un brazo investigativo de la OEA – indicó que en el caso de Washington D.C., la admisión y la decisión final se tomó al mismo tiempo.

La CIDH determinó entonces, al analizar la querella presentada por un grupo cívico de la capital federal, que los países «no pueden invocar sus leyes domésticas, constitucionales o de otro tipo para justificar la falta de cumplimiento con sus obligaciones internacionales» y sostuvo que la democracia representativa es considerada un derecho de la humanidad.

Rosselló ha argumentado ante la CIDH que por los residentes de Puerto Rico no tener derecho al voto por el presidente de Estados Unidos ni tener representación con plenos derechos ante el Congreso, el Gobierno federal le violenta los derechos humanos y civiles a los 3.7 millones de residentes de la Isla.

Estados Unidos, al responder a la denuncia de Rosselló, mantuvo en abril pasado – por medio de su representante ante la OEA – que “en repetidas ocasiones”, los residentes de Puerto Rico han apoyado el actual status de Estado Libre Asociado.
“Los resultados de estas votaciones no han expresado una preferencia hacia la estadidad, el status que les conferiría el derecho al voto federal”, indicó Milton Drucker, representante adjunto de Estados Unidos ante la OEA.

Para el representante popular Jorge Colberg Toro la posición asumida por Drucker representa un “tapaboca” al PNP.

Pero, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, elegido por el PNP, sostuvo que la posición presentada ante la OEA es cónsona con el informe del grupo interagencial de la Casa Banca en el sentido de que “la mejor manera de reclamar y obtener los derechos democráticos que no tenemos y queremos es en las urnas”.

“Nada va a tener más peso en nuestra lucha que el voto de la mayoría de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico a favor de la estadidad. Es hora de asumir nuestra propia responsabilidad», indicó Pierluisi.

Para el presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, la posición ante la OEA es una reafirmación de que Estados Unidos no reconoce su responsabilidad descolonizadora.

“Como el informe de Obama, que dice que el ELA es territorial, pero debe ser una opción si los puertorriqueños la escogen, ante la OEA alegan que el consentimiento cura el colonialismo. Esa ha sido la posición de siempre, aunque ahora son más francos y aceptan la territorialidad del ELA’”, sostuvo Martín.