Luz Nereida Laboy Santos, la ex coordinadora auxiliar de administración del Programa de Comunidades Especiales, a quien la pesquisa de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, señala que alegadamente recibió una “mini van”, del dueño de unos edificios que fueron alquilados por esa agencia, quedó en libertad en la mañana del miércoles al prestar una fianza de $3 mil, por tres cargos de violar la Ley de Ética Gubernamental.
La juez Yazbel Ramos, de la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan, oyó la prueba contra Laboy Santos, que fue presentada por fiscales del Departamento de Justicia.
La hoy imputada respondía directamente a Linda Colón, la ex coordinadora general de Comunidades Especiales. Se alega que manejó y firmó contratos con las empresas Multipisos Corporation y Dam Corporation, manejadas por Ángel Álvarez Lau.
Álvarez Lau fue convicto de fraude bancario en el foro federal a finales de la década de los ’80, como parte de las acusaciones que se emitieron contra el banquero Alberic Girod, quien controlaba la desaparecida entidad bancaria Girod Trust.
Alegadamente Comunidades Especiales le alquiló un edificio a una de las empresas de Álvarez Lau. Álvarez Lau supuestamente compró una guagua Ford Windstar, y se la dio a Laboy Santos, y tiempo después la guagua fue registrada a nombre del esposo de la ex funcionaria.
La ex funcionaria acudió al tribunal representada por el Lcdo. Antonio Bauzá.
La Cámara advirtió que citará al exsecretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos a una vista sobre el programa de Comunidades Especiales. Según la presidenta cameral, Jenniffer González, el exsecretario intervino para que no se investigaran irregularidades en el programa y esto provocó que prescribieran muchos delitos.
Ni ella ni la presidenta de la Comisión cameral de Asuntos de Familia y Comunidades, Elizabeth Casado precisaron cuándo sería citado Sánchez Ramos.
“Se investigaron (las denuncias) y no se radicaron cargos porque hubo instrucciones de que se archivaran los cargos. Hay fiscales que han dicho que se investigó, pero que recibieron instrucciones de no radicar”, dijo González, quien no precisó de quién fueron estas instrucciones.
Según Casado, estas declaraciones de fiscales se recibieron en vistas ejecutivas de la Comisión.
González se mostró complacida con la radicación de cargos contra el arquitecto Ángel F. Cocero Cordero y el exsecretario auxiliar de Planificación del Departamento de la Vivienda, Federico del Monte Garrido y su ayudante, Edwin Rodríguez Díaz. Dijo sin embargo que muchas de los señalamientos que se le refirieron a Justicia el cuatrienio pasado contra estas personas no fueron atendidos y prescribieron.
Cuestionó además que bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá se enmendará el Código Penal para eliminar la no prescripción de delitos cometidos por contratistas. Dijo que esto será restituido en el Código Penal cuando lo discutan la semana entrante.
González ha criticado públicamente la gestión de Justicia con la investigación cameral. Sin embargo, cuando se le preguntó si el secretario actual, Guillermo Somoza Colombani, es responsable también de que hayan prescrito alguno de los delitos, dijo que “estamos haciendo la evaluación y no puedo decir si pasó o no”.
No fue posible ayer conseguir a Sánchez Ramos. La senadora popular Sila M. González, hija de la exgobernadora Sila Calderón, gestora del Programa de Comunidades Especiales, catalogó la investigación cameral como una “persecución política”.
“Entiendo que están tratando de criminalizar un programa que ayudó a muchísimas personas de escasos recursos que estaban olvidados y ahora lamentablemente los están usando de balón político”, dijo González. “Me parece una persecución injusta a un proyecto buenísimo. Si alguien violó la ley, que pague, pero esa persecución indiscriminada de funcionarios honestos, me parece irresponsable”.
Reacciona AGP
Al ser cuestionado sobre la radicación de cargos y si piensa que, como alegó ante su delegación en el Seando, es una ‘cacería de brujas’, el candidato popular a la Gobernación, Alejandro García Padilla sostuvo que es partícipe de que todo gasto de fondos públicos sean sometidos “al más estricto escrutinio, siempre, y así va a ser en mi Gobierno”.
“El PPD indicó eso cuando se pretendió manchar la imagen de uno de los políticos más serios que ha tenido este país, que es el alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo, que se le están radicando cargos por construir una cancha y el Gobierno dice que la debió construir en otro sitio. Ahora le corresponde a la Fiscalía probar los delitos”, agregó sobre las acusaciones al arquitecto Cocero Cordero.
García Padilla subrayó que favorece que los fondos públicos que se gastan sean sometidos al análisis “más estricto”. Anticipó que de ganar las elecciones “no vengo ni a excusar a la administración popular del pasado ni a culpar a la administración del Partido Nuevo Progresista. No como este Gobierno, que se pasa mirando para atrás buscando culpables”.
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