NR – Sabemos que la calle la está dominando el PPD, sus fanáticos están envalentonados con la (todo en Puerto Rico es malo y por eso no podemos ser Estado ni votar PNP), en las filas de desempleo o en el supermercado, gritan lo mal que es Puerto Rico. Hay que neutralizar eso. El Pro-Americano que escuche eso de Desesperanza, debe salirle al paso y pedirle cuentas. Que diga cinco obras del PPD en el pasado Medio Siglo. Pero eso tiene que comenzar con los debatientes en la radio y televisión.
Los amigos y expatronos de la dupleta popular, Alejandro García Padilla y Rafael Cox Alomar, también se beneficiaron de las igualas ascendentes a $14 mil millones en contratos con el Gobierno entre los años 2001 al 2008.
En medio de la crisis económica bajo las administraciones populares, el hoy candidato a la Gobernación por el PPD tuvo varios expatronos y amigos que participaron de contrataciones cuantiosas con las administraciones de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.
García Padilla fue empleado del bufete de abogados de Pedro Ortiz Álvarez, que facturó al Gobierno más de $16 millones.
Ortiz Álvarez es un conocido recaudador de fondos y representante legal del Partido Popular Democrático (PPD), incluso durante la actual Presidencia de García Padilla.
Otro “amigo de la casa” que fue patrono de García Padilla y le facturó cientos de miles de dólares al Gobierno en asesorías, es el licenciado Jorge Jiménez.
García Padilla laboró en ese bufete luego de su controvertible renuncia de la Asociación de Contratistas Generales.
El legislador popular recibió ingresos de ese bufete aún después de ser nombrado Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (Daco), por sus trabajos en demandas que habían quedado pendientes de cobro al momento de su renuncia para convertirse en funcionario público.
También sus actuales colaboradores en la campaña, como Marisara Pont, Héctor Luis Acevedo, Bernardo Medina, Ángel Matos, Nicolás Gautier, Fernando Torres Ramírez, Luis Pabón Roca e Irving Faccio, entre muchos otros, le facturaron al Gobierno cientos de miles en unos casos; y millones de dólares en otros, como se reseñó en días anteriores. Faccio es el director de campaña del dirigente popular y junto a su socio, continúan recibiendo contratos de municipios controlados por el PPD –entre ellos el de Coamo– donde su alcalde es hermano de García Padilla.
Por su parte, el hoy candidato a comisionado residente Rafael Cox Alomar, no se queda atrás.
El bufete de abogados en el que Cox Alomar ha sido socio, Reichard y Escalera, recibió más $13 millones en contratos del Gobierno entre el 2001 y 2008.
Antes, Cox Alomar trabajó en el bufete de Winston & Strawn, en Washington, D.C., firma que también le facturó al Gobierno no menos $11 millones en contratos. En este último caso, gran parte de los contratos los endosaba el hoy senador popular Eduardo Bathia, quien se desempeñaba como director ejecutivo de la Oficina de Puerto Rico en Washington.
Todos los que hoy forman parte de la plantilla de candidatos del PPD –incluyendo los puestos legislativos– durante esos ocho años apoyaron con sus expresiones o con su silencio ese esquema desproporcionado de contrataciones, en medio de una crisis económica que hoy contradictoriamente critican.
Comunidades Especiales, pero…. solamente para los contratistas de las Administraciones Populares
De los más de $1,000 millones que se asignaron entre los años 2001 al 2008 para el fortalecimiento de la calidad de vida de los residentes en las llamadas Comunidades Especiales, casi $600 millones se destinaron a contratos por servicios de asesoría y consultoría a cientos de contratistas privados entre los que también se destacan algunas figuras muy vinculadas al PPD.
Más de $322 millones fueron invertidos en igualas de servicios técnicos que consisten en diseños, planos y estudios. En gastos por servicios legales la cifra sobrepasó $214 millones adicionales.
Los profesionales mas beneficiados por los contratos fueron ingenieros, arquitectos, agrimensores, tasadores, abogados, ambientalistas y otros tipos de consultores.
En contraste, solamente se realizaron contrataciones por la cantidad de $35 millones para los servicios de adiestramiento, readiestramiento y orientación de los residentes; máxime cuando se alegaba que además de la rehabilitación física de las comunidades, el programa también perseguía dotar a sus residentes con las destrezas que los hicieran más autosuficientes.
La Gran Prueba Ciudadana:
Enumera diez obras del PNP, en el pasado Medio Siglo, en 30 segundos.
Enumera diez obras del PPD, en el pasado Medio Siglo, en 10 minutos.
Luis Anthony http://www.youtube.com/watch?v=5I3IHlyz5G0
Las consultorías administrativas fueron por más de $9 millones. Los servicios de procesamiento de datos electrónicos arrojaron contratos por los $7 millones y los de contabilidad por casi $5 millones.
La construcción, la rehabilitación de viviendas y comunidades y el entrenamiento de sus residentes se llevaron la peor parte en la repartición del dinero del famoso Fideicomiso de Comunidades Especiales que presidía el conocido activista popular Ramón Cantero Frau. Posteriormente, el Fideicomiso fue presidido por otro activista y recaudador de fondos políticos José Izquierdo, quien dirigió el Departamento de Transportación y Obras Públicas durante el gobierno de Sila Calderón, y quien forma parte de la directiva del Colegio de Ingenieros.
El Registro de Contratos de la Oficina del Contralor confirmó que durante las dos administraciones populares, varias agencias encargadas de este programa distribuyeron casi 5,600 contratos a empresas privadas por casi $600 millones para servicios de consultoría y asesoramiento.
Algunas de las empresas con contratos de servicios técnicos fueron: URS Caribe con $36 millones; Benny Miranda y Asociados, con $19 millones; Luis Manuel Carrillo Jr. y Asociados, con $18.5 millones; MD Engineering Group, con $16 millones; MSR Desarrolladora Caribeña, con más de $9 millones; Guillermety Ortiz y Asociados, con $8 millones; CM Services, con $7 millones; Tasadores y Consultores de Bienes Raíces y Asociados, con $6.9 millones; CSA Architects & Engineers, con $6.3 millones; Agrait Betancourt Arquitectos, con $7.4 millones; Amadeo Pino, con $5.8 millones y Behar-Ibarra y Asociados, con $5.6 millones.
En la lista de contratistas beneficiados resalta el nombre del arquitecto Ángel Cocero Cordero quien –solamente en servicios técnicos– recibió la cantidad de $6.4 millones. Cocero Cordero es uno de los diez contratistas y funcionarios del programa de Comunidades Especiales durante la pasada administración que han sido acusados criminalmente por actos de corrupción. Por ejemplo, a Cocero Cordero se le imputa haber recibido pagos del Gobierno habiendo incumplido con sus obligaciones contractuales y a cambio de aportar parte del dinero recibido en donaciones para la campaña política del PPD.
La semana pasada, el Departamento de Justicia también presentó acusaciones en contra de otra activista del PPD por actos de corrupción relacionados con el mal uso de fondos de las Comunidades Especiales. Se trata de Luz Nereida Laboy Santos, excoordinadora auxiliar de administración y quien en ocasiones también se desempeñó como administradora y coordinadora interina de Comunidades Especiales.
Se le imputó recibir un vehículo del dueño de unos edificios que fueron alquilados por la Oficina de Comunidades Especiales a corporaciones pertenecientes a Ángel Álvarez Lau, quien fue acusado y convicto por las autoridades federales en el escándalo de Girod Trust Bank a finales de la década de 1980.
************
-
-
-
Luis Anthony http://youtu.be/YGjZv-Nj8Vk
www.youtube.com
-
-
-
Luis Anthony http://youtu.be/rhUyjojVxU4
www.youtube.com
-
Luis Anthony http://youtu.be/pKvYPDsKRvQ
www.youtube.com
[Vean lo en 720p【HD】] El asunto de Comunidades Especiales No es un «Bochinche» entre dos personas que no se toleran y se están tirando como quiere hacer cree…
aozhT3GomFs…
18 de julio de 2012
Fiscalía radicará cargos contra alcalde de Guánica
Por agresión agravada por supuestamente haber golpeado a un expolicía
Por Gloria Ruiz Kuilan / gruiz@elnuevodia.com
Un Fiscal Especial Independiente (FEI) radicará un cargo por agresión agravada contra el alcalde de Guánica, Martín Vargas.
La información fue confirmada por el propio ejecutivo municipal. Al alcalde popular se le imputa haber golpeado a un expolicía Neftalí Correa Casiano en mayo.
«Le someteremos un cargo por el Artículo 122 del Código Penal del 2004, agresión agravada de cuarto grado», dijo el alcalde leyendo la citación que recibió.
Sostuvo que acudirá al tribunal, pero se mostró confiado en que el cargo que se radique en su contra se caiga en la vista preliminar. Recordó que al menos dos personas presentaron declaraciones juradas en las que aseguran que el alcalde no golpeó a Correa Casiano sino que éste se autoinfrigió los golpes con un auto.
«No van a encontrar causa porque hay dos testigos con prueba exculpatoria adicional a mi esposa que indican que este señor llevaba un patrón de acecho hacia mí y mi familia», dijo Vargas.
El Nuevo Día hace gestiones para contactar la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente así como a Correa Casiano.
Vea: http://www.youtube.com/user/luisanthony40 Desesperanza, Los Amigotes de AGP y Cox y AGP/PPD Se Alegran de su Mal
Pingback: AGP/PPD Se Alegran de su Mal | Estado51PRUSA.com
Pingback: AGP: El Politiquero con el PAN | Estado51PRUSA.com
Pingback: Pica al frente Pierluisi | Estado51PRUSA.com
Pingback: AEROPUERTO DE CLASE MUNDIAL | Estado51PRUSA.com