“Nada que sea moralmente malo, puede ser política, comercialmente o legalmente correcto”

¿Qué pasa cuando en una frágil democracia con visos coloniales y autoritarios un poderoso conglomerado empresarial, comercial y mediático apadrina, carga, compra y elige un gobierno y luego cobra y lo utiliza para criminalizar y destruir a su competencia periodística?

Esa pregunta fundamental surge a raíz de la secuencia y relación de eventos que he venido relatando en esta serie, sobre la condición de las libertades de expresión y prensa en Puerto Rico en los tiempos en que se derrumba la colonia y que sube remolcado el gobierno agapitense.  Decía Arthur Sulzberger, el finado y legendario editor del New York Times, que: “El buen juicio de un pueblo depende en última instancia de la información en que se base.  Omítale al pueblo información vital o preséntele noticias incompletas, falsas y tergiversadas, con periodismo ignorante, chapucero, malintencionado y prejuiciado y con propaganda y mentiras deliberadas, y usted ha destruido todo su proceso de razonamiento y ha sido devaluado como persona”.  Eso precisamente es lo que pasa. Nada que sea moralmente malo, puede ser política, comercialmente o legalmente correcto.

Cuando se compra un gobierno para hacerle daño a tu competencia y esa compraventa proviene de las más altas esferas del periodismo mesiánico y redentor, la democracia y la justicia se reducen a vendettas de chacota.  El complot fraguado entre el Grupo Ferré-Rangel y el gobierno electo del Partido Popular para investigar, criminalizar, llevar a la ruina y desaparecer el periódico EL VOCERO, es el más grande escándalo que jamás se haya perpetrado en contra de las libertades de expresión, información y prensa en este país. Esas marometas solo son posibles en la política inmunda de esta cochina colonia.

Como cuestión de política pública y sana convivencia, esta conspiración viola las más sagradas libertades constitucionales. La investigación que ha solicitado el GFR como botín del corsario por su apadrinamiento del PPD, es intolerable e impermisible en Derecho. No solo porque se pretende explotar las herramientas del gobierno para destruir un competidor, sino porque también se abusa de los instrumentos de la justicia para castigar una línea editorial que ha indagado, cuestionado, expuesto, confrontado, fiscalizado e informado sobre el sector político que salió triunfante en los comicios.  Nuestros enemigos han pretendido utilizar de pretexto para su inquisición, un programa de subvención de nóminas a empresas en dificultades económicas, que solo ha venido a beneficiar a los humildes empleados y familias de la distribuidora de este taller periodístico.  Cuando con la excusa de objetivos fabricados se castiga y se atenta contra la libertad de prensa, se ponen en peligro todas las demás libertades.

Los actos de ‘bullies’ que he enumerado, constituyen un atentado y una conspiración, so color de autoridad de ley, para violar los derechos civiles más fundamentales de este periódico, de sus empleados y sus lectores que confían en nosotros para llevarles una visión informativa y una verdad alterna. El espionaje, la obtención ilegal de datos confidenciales del contribuyente, las amenazas y la intimidación, la explotación de recursos públicos como el Comité de Transición y la Fiscalía para perseguir competidores y enemigos, viola las secciones 1983 y 1985 de la Ley Federal de Derechos Civiles. Se pretende usurpar el poder investigativo del Estado, so color de autoridad de ley, para amordazar nuestros derechos fundamentales protegidos por las Cartas de Derecho de ambas constituciones y complacer un empresario benefactor.

Las acciones concertadas entre nuestro competidor y su gobierno títere del Estado Libre Asociado, violan además las leyes federales y estatales antimonopolísticas. El contubernio para utilizar el ELA como verdugo para destruir un competidor, es una práctica depredatoria deleznable no permitida por ley.  Aparte de que son delitos constitucionales por parte de los funcionarios que se presten a tales pretensiones.

Por otro lado, estas amenazas de investigación, constituyen por sí solas una violación al Código Político, que impide que se coarte o se castigue la libertad de palabra, prensa y publicación de todo lo que le plazca y sobre cualquier asunto. Viola además, el derecho a utilizar el medio para llevar quejas y agravios a los que han sido investidos de los poderes de gobierno.  Ultraja además, el derecho a la propiedad y a la igual protección de las leyes que impiden el discrimen por ideas y por opiniones políticas.

En esta corte de canguros demencial, se han violado derechos de privacidad y de intimidad y se ha utilizado el poder público para fichar y carpetear a un medio de comunicación por sus ideas editoriales.  No debe pasar desapercibido, que esta secuencia de acciones privadas y públicas violan los principios más elementales de la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa. Constituyen una censura, una restricción y un atentado en contra de la misión informativa y la línea editorial de EL VOCERO. Como dice la Declaración, ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. El explotar el poder coercitivo del Estado para favorecer un competidor sobre otro, destruyendo una empresa rival, es la privatización del Ministerio Público para servir intereses mezquinos empresariales y privados.

He dedicado toda una vida profesional a la defensa de las libertades de expresión, palabra, opinión, información y prensa.  En los 35 años que llevo defendiendo esos principios en el periodismo y en mi otra profesión del Derecho, jamás había visto un ataque tan burdo, tan totalitario y tan abusivo como el que se está dando en contra de este periódico. En esas cuatro décadas de labor me he caracterizado por ser un analista de hechos y de datos concretos. Los hechos que he vertido para récord dibujan la verdad cronológica de esta controversia. Una verdad con el peso de la razón. La peor pesadilla para nuestros inquisidores. Porque como decía Jacinto Benavente: “El enemigo solo empieza a ser temible cuando empieza a tener razón”.

Los enemigos de la democracia deben saber que durante la última década de vacas flacas, los empleados, periodistas y editores de EL VOCEROhemos luchado contra viento y marea para mantener a flote, con orgullo y decencia, este taller de trabajo. Nuestra incesante fe y lucha continua ha mantenido abierto y vibrante esta atalaya de ideas.  Sí, hemos pasado la salsa y el guayacán y en ocasiones hemos visto la plaga y la peste de los bajones económicos y las prácticas desleales y depredatorias de la acaparadora competencia. Sí, lo hemos visto todo y nos hemos sacrificado para recuperarnos y practicar la vocación que amamos. Nada nos ha detenido.  La fe en nuestro trabajo nos ha sostenido y Dios nos ha bendecido.

Eso sí.  Sepan los ‘bullies’, que podrán carpetearnos y perseguirnos, pero jamás podrán detenernos, ni destruirnos. No nos intimidarán. Nuestra misión continúa mientras estemos ahí para nuestra fiel lectoría y buena clientela.