Resolución Pro Estadidad

NR – Un Gran Paso Hacia La Estadidad.

Bill Text – RC 67 – Requesting Congress and POTUS Act on Plebiscite Results – As Certified – December 11, 2012.doc 46K   View   Download

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Resolución Pro Estadidad

GOBIERNO DE PUERTO RICO

16ta. Asamblea 5ta. Sesión

Legislativa Extraordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. Conc. del S. 67

10 de diciembre de 2012

Presentada por el señor Rivera Schatz; la señora Nolasco Santiago; el señor Seilhamer Rodríguez, la señora Arce Ferrer; el señor Ríos Santiago; la señora Padilla Alvelo; el señor Berdiel Rivera; la señora Burgos Andújar; el señor Díaz Hernández; la señora Fernández Rodríguez; los señores González Velázquez, Iglesias Suárez, Martínez Santiago, Muñiz Cortés; las señoras Peña Ramírez, Raschke Martínez; el señor Rodríguez Martínez; las señoras Romero Donnelly, Santiago González, Soto Villanueva; el señor Torres Torres; y la señora Vázquez Nieves.

Referida a la Comisión de Reglas y Calendario

RESOLUCIÓN CONCURRENTE

Para requerirles al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos que actúen de conformidad con el reclamo del Pueblo de Puerto Rico para que se termine de una vez y por todas con el estatus territorial actual de Puerto Rico y que se inicie el proceso para admitir a Puerto Rico como Estado de la Unión, según expresado libre y democráticamente en el plebiscito que se celebró el 6 de noviembre de 2012; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 6 de noviembre de 2012, el Pueblo de Puerto Rico hizo historia al reclamar, por vez primera, que se termine con el estatus territorial actual de la Isla. Casi un 78% de los electores inscritos participaron en el plebiscito celebrado para resolver el estatus político de Puerto Rico, y una evidente mayoría (54%) manifestó su desacuerdo con que la Isla mantenga su estatus territorial actual. Más aún, entre las opciones posibles, la estadidad recibió una abrumadora mayoría de votos (61%), lo que representa un reclamo inequívoco de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico para disfrutar de los mismos derechos, beneficios y obligaciones que gozan los ciudadanos americanos residentes en los estados de la Unión, incluido el derecho a tener plena representación en el Congreso y a participar en las elecciones presidenciales.  Como representantes de estos ciudadanos, esta Asamblea Legislativa dirige este reclamo al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos para que concedan la petición y promulguen la legislación necesaria para terminar con el estatus territorial actual e inicien la transición hacia la estadidad.

Puerto Rico pasó a ser un territorio de los Estados Unidos en virtud del Tratado de París, firmado por Estados Unidos y España al culminar la Guerra Hispanoamericana. La ciudadanía americana se otorgó a todos los nacidos en la Isla a partir de 1917. Al territorio se le concedió el poder para atender los asuntos internos de la Isla, un poder similar al que ostentan los Estados; sin embargo, nuestro Pueblo está representado ante el Gobierno Nacional por un solo comisionado residente, a quien se le ha asignado un escaño en la Cámara de Representantes Federal y con derecho a votar únicamente en las comisiones de dicha Cámara. Los ciudadanos americanos de Puerto Rico no tienen representación en el Senado Federal ni pueden votar en las elecciones presidenciales. Es decir, bajo su situación actual, la Isla no tiene igual representación con derecho al voto (o representación con derecho al voto alguna) en el gobierno que crea e implementa sus leyes nacionales: un requisito esencial para la democracia de acuerdo con los valores estadounidenses más básicos y el derecho internacional. Además, el estatus político territorial de Puerto Rico permite que se discrimine contra los ciudadanos americanos en la Isla en asuntos relacionados con programas Federales.

De acuerdo con el Censo de Estados Unidos de 2010, más de 3.7 millones de ciudadanos americanos residen en Puerto Rico y alrededor de 4.7 millones de ciudadanos de origen puertorriqueño viven en los Estados y en el Distrito de Columbia. Históricamente, los puertorriqueños han contribuido grandemente con la sociedad estadounidense en campos como: los negocios, la educación, la cultura, el deporte, el servicio público, la defensa nacional, entre otros, y han luchado valientemente en cada una de las guerras donde han participado los Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial, en la cual tuvieron una participación significativamente mayor que el promedio nacional.

Los puertorriqueños siempre han deseado tener un estatus que sea democrático en todos los niveles y que sea consistente con el compromiso de los Estados Unidos con la democracia, la autodeterminación y el derecho internacional. Se han celebrado plebiscitos en 1967, 1993 y en 1998. Todos estos plebiscitos estaban dirigidos a cambiar la estructura gubernamental actual, pero ninguno logró un voto mayoritario a favor de las alternativas al estatus territorial presentadas al electorado. Todos estos plebiscitos generaron confusión en cuanto a las propuestas de un “Estado Libre Asociado mejorado” que diferían de la estructura actual, pero que, de acuerdo con las ramas ejecutiva y legislativa del Gobierno Federal, no eran opciones viables. A través de los años, varios Presidentes y el Congreso de los Estados Unidos también han tomado acción para resolver este asunto. En 1979, ambas cámaras del Congreso aprobaron resoluciones mediante las cuales se comprometían a respetar el derecho a la autodeterminación del Pueblo puertorriqueño. En 1990 y 1998, la Cámara de Representantes Federal aprobó proyectos bipartidistas para establecer un proceso de selección entre las opciones de estatus viables y su implantación.  En 1998, el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución mediante la cual se comprometía a actuar sobre la opción seleccionada en el referéndum celebrado en Puerto Rico dicho año.  En el 2000, el Presidente y el Congreso sometieron legislación para disponer sobre un proceso plebiscitario sobre estatus para Puerto Rico; sin embargo no se implantó.

Tan reciente como en el 2010, la Cámara de Representantes Federal aprobó un proyecto para que se celebrara un plebiscito entre las opciones de estatus para Puerto Rico: la estadidad, la independencia, soberanía en asociación con los Estados Unidos en el que cualquiera de las naciones podría dar por terminada la relación—la libre asociación— y continuar con el estatus político actual bajo el cual Puerto Rico está sujeto a los poderes del Congreso, al amparo de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos hasta que la Isla, mediante el voto mayoritario, escoja una de las tres alternativas no territoriales posibles. Los gobiernos de los pasados cuatro Presidentes han sometido informes sobre las opciones de estatus para Puerto Rico.

El informe más reciente del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico concluyó que: “es hora de que Puerto Rico dé un paso histórico en relación con su estatus… adelantar, real e inmediatamente, este asunto… sería muy beneficioso para el pueblo… éste es el momento de actuar.” El Grupo de Trabajo también  indicó que sería “lo mejor… para el pueblo [puertorriqueño]… manifestarse primero, y que, acto seguido, el congreso actúe para hacer valer su voluntad.”

El plebiscito del 2012 se basó en el informe del Grupo de Trabajo. Luego de haber consultado con los representantes de todos los partidos políticos en Puerto Rico, el Gobernador propuso y la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 283-2012 para celebrar un plebiscito conjuntamente con las elecciones generales del 6 de noviembre de 2012.

En el plebiscito se le preguntó a los electores puertorriqueños si estaban de acuerdo con mantener el estatus territorial actual (también conocido como “Estado Libre Asociado” nombre del gobierno insular de Puerto Rico) y cuál era su opción de preferencia entre las tres posibles opciones de estatus no territoriales o fuera de la cláusula territorial reconocidas por el Grupo de Trabajo, el Congreso de Estados Unidos y el derecho internacional, es decir, que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos, en una nación independiente o en una nación en asociación con los Estados Unidos, en donde cualquiera de las naciones podría dar por terminada dicha asociación (Estado Libre Asociado Soberano).

Las tres opciones se definieron en la papeleta como sigue:

Estadidad: Prefiero que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos de América, para que todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico tengan iguales derechos, beneficios y responsabilidades que los demás ciudadanos de los estados de la Unión, incluyendo derecho a plena representación en el Congreso y participación en las elecciones presidenciales, y que se requiera al Congreso Federal que promulgue la legislación necesaria para iniciar la transición hacia la estadidad.”

Independencia: Prefiero que Puerto Rico sea una nación soberana y totalmente independiente de Estados Unidos y que se requiera al Congreso Federal que promulgue la legislación necesaria para iniciar la transición hacia la nación independiente de Puerto Rico.”

Estado Libre Asociado Soberano: Prefiero que Puerto Rico adopte un estatus fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, que reconozca la soberanía del Pueblo de Puerto Rico. El Estado Libre Asociado Soberano se basaría en una asociación política libre y voluntaria, cuyos términos específicos  se acordarían entre Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas. Dicho acuerdo dispondría el alcance de los poderes jurisdiccionales que el Pueblo de Puerto Rico autorice dejar en manos de Estados Unidos y retendría los restantes poderes o autoridades jurisdiccionales.”

Como se mencionó anteriormente, los resultados del plebiscito no podrían ser más claros. Casi el 78% de los electores inscritos acudieron a votar, una de las participaciones más altas en una consulta de status.  De acuerdo con los resultados preliminares certificados por unanimidad por la Comisión Estatal de Elecciones, la cual cuenta con representación de todos los partidos políticos del territorio, el 54% (958,915 votos) rechazó el estatus político territorial actual y sólo el 46% (816,978 votos) lo favoreció. Además, el 61.11% (824,195 votos) de los votos fueron emitidos a favor de la estadidad, el 33.34% (449,679 votos) de los votos se emitieron a favor del Estado Libre Asociado Soberano y el 5.55% (74,812 votos) de los votos se emitieron a favor de la Independencia. El rechazo del pueblo puertorriqueño al estatus territorial actual fue tan abrumador que dicha opción obtuvo más votos que cualquiera de los candidatos en las elecciones generales, incluido el gobernador electo.

Ambos partidos mayoritarios de los Estados Unidos expresaron en sus plataformas para las elecciones de 2012 su apoyo para que Puerto Rico pueda resolver finalmente su estatus político. Los demócratas indicaron que “[s]i el proceso [refiriéndose al plebiscito] arroja un resultado claro, el Congreso deberá actuar prontamente de conformidad con el mismo con el apoyo del Presidente.”  Por su parte, los republicanos hicieron compromisos similares, declarando “su apoyo al derecho de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico a que sean admitidos a la Unión como un estado si así lo determinan libremente”.

En una elección llevada a cabo libre y democráticamente convocada por los representantes electos por el Pueblo, los puertorriqueños han votado, por primera vez y en sustancial mayoría, a favor de que se reemplace el estatus territorial actual con una de las alternativas que el Gobierno de los Estados Unidos ha identificado como una posible opción no territorial: que Puerto Rico sea admitido como un estado de la Unión en igualdad de condiciones que los demás estados. Su voto, el cual constituye un ejercicio válido de autodeterminación, representa su deseo de disfrutar de los mismos derechos, beneficios y responsabilidades que gozan los ciudadanos americanos que residen en los estados de los Estados Unidos, que incluye representación con derecho al voto en el Congreso y el derecho a votar por el Presidente y el Vicepresidente de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos de América, como líder del “Mundo Libre” y defensor ante la comunidad internacional de la democracia y de la autodeterminación, no puede ignorar la expresión legítima de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. Estos ciudadanos, en el ejercicio de su derecho bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, le han reclamado al gobierno que repare el agravio de mantener a Puerto Rico sujeto a las leyes, tratados e impuestos que legisla un Congreso, en el que no tienen igual representación y voto, y que son firmadas por un Presidente al cual, éstos mismos ciudadanos americanos tampoco pueden elegir, por el mero hecho de que residen en el territorio de Puerto Rico. En resumen, el Pueblo de Puerto Rico ha rechazado de manera contundente que se mantenga su estatus territorial actual, que hasta ahora ha permitido dichos agravios.

A lo largo de la historia de los Estados Unidos se ha reconocido continuamente la igualdad de derechos de los grupos de ciudadanos americanos que habían sido marginados. En ese sentido, nuestros conciudadanos de origen hispano en los Estados prestarán atención especial a la respuesta del Gobierno Federal y de los partidos políticos nacionales al reclamo de igualdad que hiciera el Pueblo de Puerto Rico.

La realidad demográfica de los Estados Unidos, evidenciada por el Censo de 2010, es que los hispanos son el grupo minoritario más grande y de mayor crecimiento en la Nación. La creciente influencia de los hispanos en los procesos políticos de los Estados Unidos es evidente especialmente en estados como: Colorado, Florida, Nueva York, Illinois, Nevada, Ohio y Pensilvania. Es lógico que exista cierta inquietud entre el pueblo americano, en general y, particularmente entre los latinos, en cuanto a la manera en que el Presidente y el Congreso responderán al reclamo de igualdad de los ciudadanos americanos de Puerto Rico, luego de que éstos ejercieran su derecho a la autodeterminación en la “Manera Americana” por excelencia—es decir, en las urnas—. La manera en la que el Presidente y el Congreso respondan al reclamo de los ciudadanos americanos de Puerto Rico les aclarará a todos los ciudadanos de origen hispano de toda la Nación si los discursos sobre inclusión y apoderamiento de los partidos políticos nacionales son retórica o realidad.

De la misma manera, la comunidad internacional también juzgará el compromiso de los Estados Unidos con su principio tradicional de democracia y autodeterminación tomando en consideración cómo responda al reclamo de igualdad que el Pueblo de Puerto Rico hiciera a su Nación. Los Estados Unidos, al reparar los agravios de sus ciudadanos en Puerto Rico tiene la oportunidad de demostrarle al mundo entero la autenticidad de su política legendaria de apoyo al derecho de los ciudadanos del mundo a escoger su forma de gobierno, enmarcada en la lucha activa y constante liderada por los Estados Unidos a favor de la autodeterminación y la democracia en Irak, Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Libia, Egipto, Túnez, Siria, entre otras naciones.

La respuesta del Presidente y del Congreso de los Estados Unidos al reclamo del Pueblo de Puerto Rico también repercutirá en el cumplimiento de la Nación con sus obligaciones internacionales. Específicamente, con el Pacto internacional de derechos civiles y políticos adoptado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, el cual establece en su Artículo 1.1 que: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”

El Artículo 25 expone, además, que:

Todos los ciudadanos gozarán… sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

El 8 de junio de 1992, Estados Unidos ratificó el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, cuyo Artículo 1.3 también requiere que los signatarios promuevan “el ejercicio del derecho de libre determinación”. Además, el Artículo 2.2 del Pacto estipula que:

Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

El Congreso y el Presidente tienen la obligación de reconocer que el estatus territorial al cual el Pueblo de Puerto Rico ha estado subyugado ya no es aceptable. Particularmente, en vista de los resultados del plebiscito, ha llegado el momento de que tanto el Presidente como el Congreso comiencen el proceso para admitir a Puerto Rico como Estado de la Unión, de modo que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico puedan disfrutar de los mismos derechos, beneficios y obligaciones que gozan los ciudadanos americanos de otros estados, entre éstos: el derecho al voto y a la igualdad de representación en el Congreso, así como el derecho a votar por el Presidente y el Vicepresidente.

Por tanto, el Congreso y el Presidente tienen la obligación política y moral de aprobar toda la legislación necesaria en aras de hacer valer la voluntad que, de forma libre y democrática, expresó el Pueblo de Puerto Rico. Esto requiere que el estatus territorial actual, comúnmente conocido como “Estado Libre Asociado” y bajo el cual Puerto Rico no tiene derecho a votar por el gobierno de la nación, bajo el cual puede ser—como en realidad es—tratado de manera desigual con respecto a ciertas leyes federales importantes– se reemplace con la igualdad que provee la estadidad, la cual le concedería a los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico el derecho al voto e igualdad de representación en los asuntos del gobierno nacional e iguales beneficios y responsabilidades bajo las leyes nacionales.

RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Por la presente, se les requiere al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América que actúen de conformidad con el reclamo del Pueblo de Puerto Rico para poner fin al estatus territorial actual de Puerto Rico y que se inicie el proceso para admitir a Puerto Rico como Estado de la Unión, según expresado libre y democráticamente en el plebiscito que se celebró el 6 de noviembre de 2012, a fin de que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico puedan disfrutar de los mismos derechos, beneficios y obligaciones que gozan los ciudadanos de los Estados de la Unión, incluido el derecho al voto y a la igualdad de representación en el Congreso y a participar en las elecciones presidenciales.

Sección 2.- Copia de esta Resolución Concurrente se entregará al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de Estado de los Estados Unidos, a todos los Miembros del 112vo Congreso de los Estados Unidos, y los Miembros Electos al 113vo Congreso de los Estados Unidos, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, las organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional, entre otros.

Sección 3.- Esta Resolución Concurrente será traducida al idioma inglés de la siguiente manera:

“CONCURRENT RESOLUTION

To urge the President and the Congress of the United States to act on the claim of the people of Puerto Rico, as freely and democratically expressed in the plebiscite held on November 6, 2012, to end, once and for all, its current form of territorial status and to begin the process to admit Puerto Rico to the Union as a State.

STATEMENT OF MOTIVES

On November 6, 2012, the people of Puerto Rico made history by requesting, for the first time ever, the conclusion of the island’s current territorial status. Almost 78% of registered voters participated in a plebiscite held to resolve Puerto Rico’s status, and a clear majority (54%) disagreed with Puerto Rico maintaining its present territorial status. Furthermore, among the possible alternatives, statehood received a super majority of the votes (61%), an unequivocal petition by the U.S. citizens of Puerto Rico to enjoy the same rights, benefits and obligations as the citizens of the States of the Union, including the right to full representation in Congress and participation in presidential elections. As the representatives of these citizens, this Legislative Assembly issues this petition to the President and the Congress of the United States to grant the request for legislation to end the territorial status and to begin the transition to statehood.

Puerto Rico is a territory of the United States by virtue of the Treaty of Paris, signed by the United States and Spain, at the end of the Spanish-American War. Individuals born in the island have been granted U.S. citizenship since 1917.  The territory has been granted the exercise of authority over insular matters similar to the authority possessed by the States but our people are only represented in their national government by a sole resident commissioner who has been granted a seat in the U.S. House of Representatives with a vote only in committees of the House. The U.S. citizens of Puerto Rico are not represented in the U.S. Senate and are unable to vote in presidential elections. In our current situation, Puerto Rico does not have equal voting representation (or any voting representation) in the government that makes and implements its national laws: an essential requirement for democracy according to the most basic American values and international law. That is, in addition, Puerto Rico’s territory status enables its U.S. citizens to be discriminated against in Federal programs.

According to the 2010 U.S. Census, more than 3.7 million U.S. citizens live in Puerto Rico and there are now some 4.7 million citizens of Puerto Rican origin living in the States and the District of Columbia. Puerto Ricans have historically made major contributions to American society in such aspects as business, academics, culture, sports, public service, national defense and other fields of endeavor, as well as fought valiantly in every U.S. war since World War I, at a level of participation well beyond the national average.

Puerto Ricans have always wanted a status that is democratic at all levels, consistent with the United States commitment to democracy and self-determination and international law. Plebiscites were held in 1967, 1993 and 1998.  All of these plebiscites sought to change the current government arrangement, but none of the possible alternatives to the present territorial status obtained a majority vote.  These plebiscites generated confusion in terms of the proposals for a “New Commonwealth” that were different than the current arrangement but were not possible according to the executive and legislative branches of the federal government.  Over the years, many Presidents as well as the Congress of the United States have also acted to resolve the issue.  In 1979, both Houses of Congress passed resolutions committing to support Puerto Rican self-determination.  In 1990 and 1998, the U.S. House of Representatives passed bipartisan bills to establish a process for a choice among viable status options and its implementation.  In 1998, the U.S. Senate passed a resolution committing to respond to a Puerto Rican referendum choice.  In 2000, the President and Congress enacted legislation providing for a plebiscite on Puerto Rico status but it was not implemented.

As recently as 2010, the U.S. House passed a bill for a plebiscite among Puerto Rico’s status options: statehood; independence; nationhood in an association with the U.S. that either nation could end —free association— and continuing with the current status under which Puerto Rico is subject to congressional governing authority pursuant to the Territorial Clause of the U.S. Constitution until the island by majority vote seek one of three possible non-territorial alternatives. The administrations of the last four presidents have reported on the possible status options for Puerto Rico.

The most recent report of the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status concluded that “it is time for Puerto Rico to take the next step in the history of its status…immediate and true forward movement on the issue…would greatly benefit the people…the time to act is now.” The Task Force also stated that it would be “best…for the people [of Puerto Rico]…to speak first, with swift congressional action vindicating their will to follow.”

The 2012 plebiscite was guided by the Task Force report. After consultations with representatives of all of Puerto Rico’s political parties, the Governor proposed and the Legislative Assembly enacted Act 283 – 2012 for a plebiscite to be held simultaneously with the 2012 general elections, on November 6.

The plebiscite asked Puerto Rico’s voters if they wanted the current territorial status (also known as “Commonwealth” after the name of Puerto Rico’s insular government) to continue and their preference among the three possible non-territorial alternatives recognized by the Task Force, the U.S. Congress, and international law: Puerto Rico becoming a State of the United States, becoming an independent nation; or becoming a nation in an association with the United States that either nation can end (Sovereign Free Associated State).

The three options were defined in the ballot as follows:

Statehood

“Puerto Rico should be admitted as a state of the United States of America so that all United States citizens residing in Puerto Rico may have rights, benefits, and responsibilities equal to those enjoyed by all other states of the Union, and be entitled to full representation in Congress and to participate in the Presidential elections, the United States Congress would be required to pass any necessary legislation to begin transition into Statehood.”

Independence

“Puerto Rico should become a sovereign nation, fully independent from the United States and the United States Congress would be required to pass any necessary legislation to begin the transition into independent nation of Puerto Rico.”

Free Associated Sovereign State

“Puerto Rico should adopt a status outside of the Territorial Clause of the Constitution of the United States that recognizes the sovereignty of the People of Puerto Rico. The Free Associated Sovereign State would be based on a free voluntary political association, the specific terms of which shall be agreed upon between the United States and Puerto Rico as sovereign nations. Such agreement would provide the scope of the jurisdictional powers that the People of Puerto Rico agree to confer to the United States and retain all other jurisdictional powers and authorities.”

As stated above, the results of the plebiscite could not be clearer. Almost 78% of registered voters went to the polls, the biggest participation in any of the status plebiscite held on the island, and even greater than the participation to ratify the Commonwealth Constitution on 1952. In results unanimously accepted by the State Elections Commission of Puerto Rico, which has representation from all of the territory’s political parties, 54% (958,915 votes) rejected the current territorial status and only 46% (816,978 votes) supported it. In addition, 61.11% (824,195 votes) were cast for statehood, 33.34% (449,679 votes) for Puerto Rico becoming a Sovereign Free Associated State, and 5.55% (74,812 votes) for independence. The rejection by the People of Puerto Rico of the islands’ current territory status was so overwhelming that it got more votes than any candidate in the general elections, including the newly Governor-Elect.

Both of the major U.S. national political parties included in their 2012 election platforms their support for the final resolution of Puerto Rico’s status. The Democrats stated that “[i]f the process [referring to the plebiscite] produces a clear result, Congress should act on it quickly with the President’s support”. The Republicans, for their part, made a similar commitment, stating their “support [for] the right of the United States citizens of Puerto Rico to be admitted to the Union as a fully sovereign state if they freely determine so.”

In free and democratic votes called by their elected representatives, the people of Puerto Rico have, for the first time and by substantial majorities, voted for the current territory status to be replaced by one of the non-territorial alternatives identified as possible by the Government of the United States: admission as a State into the Union on an equal footing with the other States. Their vote, which constitutes a valid exercise of self- determination, represents their will to enjoy the same rights, benefits, and responsibilities enjoyed by U.S. citizens residing in the States of the United States, including voting representation in Congress and voting representation in the election of the president and the vice-president of the United States.

The United States of America, as the Leader of the “Free World” and the international community’s Champion of democracy and self-determination, must not ignore the legitimate expression of the U.S. citizens of Puerto Rico to petition the government for redress of their grievances pursuant to the First Amendment of the United States Constitution as well to exercise their right to self-determination.  Specifically, the people of Puerto Rico, by a direct vote, have petitioned that the Federal government redress the grievance that consists of maintaining Puerto Rico subject to laws, treaties and taxes that are legislated by a Congress in which it is devoid of equal and voting representation, and signed into law by a President for whom these same American citizens cannot vote, due only to the fact of residence in the territory of Puerto Rico.  In sum, the people of Puerto Rico have decisively rejected the continuation of the territory status that has heretofore permitted said grievance.

The history of the United States is one of progressive recognition of the equal rights of previously marginalized groups of American citizens.  In this regard, our fellow citizens of Hispanic origin in the States will be especially attentive to the response of the Federal Government and the national political parties to the petition for equality of the people of Puerto Rico.

The demographic reality of the United States, evidenced by the 2010 Census, is that Hispanics are the largest and fastest-growing minority group in the Nation.  The growing influence of Hispanics in America’s political processes is especially notable in States such as Colorado, Florida, New York, Illinois, Nevada, Ohio, and Pennsylvania.  With the people of Puerto Rico having exercised their right to self-determination in the quintessential “American way” –that is to say, at the ballot box– the American people as a whole and Latinos in particular, are sure to be increasingly concerned about the way in which the President and Congress respond to the petition for equality of the U.S. citizens of Puerto Rico.  The President and Congress’ response to such petition will show people of Hispanic origin throughout the Nation whether the statements of inclusion and empowerment of the national political parties are rhetoric or reality.

Similarly, the international community will also judge the commitment of the United States to its stated principle of democracy and self-determination by how it responds to the petition of the people of Puerto Rico for equality in their Nation. In redressing the grievances of its citizens in Puerto Rico, the United States has an opportunity to demonstrate to the world the authenticity of its long-standing policy in support of the right of people everywhere to choose their form of government, this, in the context of vigorous, ongoing American leadership on behalf of self-determination and democracy in Iraq, Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Libya, Egypt, Tunisia, Syria and other nations.

The response of the President and the Congress of the United States to the petition of the people of Puerto Rico has also implications for the Nation’s compliance with international obligations. Specifically, the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted by the United Nations on December 19, 1966, declares in Article 1.1:“All people have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.”

Article 25 further declares:

Every citizen shall have the right and the opportunity… without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.

On June 8, 1992, the United States ratified the Covenant on Civil and Political Rights, whose Article 1.3, further requires its signatories to “promote the realization of the right of self-determination” and whose Article 2.2 stipulates that:

Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.

It is incumbent upon Congress and the President to recognize that the territory status to which Puerto Rico and its citizens have been subjugated is no longer acceptable.  Specifically, in view of the results of the plebiscite, the time has come for the President and Congress to begin a process for Puerto Rico’s admission as a State of the Union, so that the U.S. citizens who reside in Puerto Rico may enjoy the same rights, benefits and obligations as the citizens of the other States, including the right to voting and equal representation in Congress and voting for the president and the vice president.

The President and Congress, therefore, have a political and moral obligation to enact all necessary legislation to respect the freely and democratically expressed will of the People of Puerto Rico. This requires replacing the current territorial status, commonly known as “Commonwealth”, under which Puerto Rico has no votes in its national government and can be – and is — treated unequally in some important Federal laws, with the equality of statehood, which would give the U.S. citizens of Puerto Rico voting representation – and equal representation – in their national government and equal benefits and responsibilities in national laws.

BE IT RESOLVED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF PUERTO RICO:

Section 1.- The President and the Congress of the United States are hereby urged to act on the claim of the people of Puerto Rico, as freely and democratically expressed in the plebiscite held on November 6, 2012, to end, once and for all, its current form of territorial status and to begin the process to admit Puerto Rico to the Union as a State, so that the U.S. citizens who reside in Puerto Rico may enjoy the same rights, benefits, and responsibilities as the citizens of the  States of the Union, including the right to vote and to equal representation in Congress and vote in presidential elections.

Section 2.– A copy of this Concurrent Resolution shall be delivered to the President, the Vice President, and the Secretary of State of the United States, all Members of the 112th Congress of the United States, as well as Members-Elect of the 113th Congress of the United States, along with pertinent governmental and non-governmental organizations, human rights organizations and media outlets, among others, at the local, national and international levels.

Section 3.- This Concurrent Resolution shall take effect immediately upon its approval.”

Sección 4.- Esta Resolución Concurrente comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Letter from Rep. Pierluisi to Congressional Leadership – Puerto Rico Plebiscite Results – November 14, 2012.pdf 1115K   View   Download

House Natural Resources Committee Members – November 2012.xls 240K   View   Open as a Google spreadsheet   Download

Senate Energy and Natural Resources Committee – November 2012.xls 85K   View   Open as a Google spreadsheet   Download

Preliminary Certification – Puerto Rico State Election Commission – Plebiscite on PR Political Status – Nov 9, 2012.pdf 151K   View   Download

Bill Text – RC 67 – Requesting Congress and POTUS Act on Plebiscite Results – As Certified – December 11, 2012.doc 46K   View   Download

Guerrero de la igualdad

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