“Lo que es de rigor es continuar poniendo presión sobre Washington para que los funcionarios federales den una respuesta contundente a los resultados del Plebiscito”

El jueves pasado, el gobernador electo, Alejandro García Padilla, dijo a preguntas de este periódico que estaría dispuesto a “respaldar una nueva consulta de estatus solo si se incluye el desarrollo del Estado Libre Asociado”, “el ELA mejorado”. Con esa declaración, AGP respondía a su vez a la carta que le cursaran el licenciado Héctor Ferrer Ríos (expresidente del PPD) y el doctor Ricardo Rosselló (Presidente de Boricua, ¡Ahora es!) en la que anticipaban la posibilidad que AGP pro-pusiera le celebración de “otro plebiscito para definir finalmente el estatus de Puerto Rico”. Aunque hoy sea día de Nochebuena, creo que no podemos dejar pasar estas declaraciones sin analizarlas a la luz de los resultados del pasado plebiscito del 6 de noviembre de 2012.

Comencemos con la propuesta del gobernador electo. AGP no entiende, o no quiere entender que “el ELA desmejorado” como existe fue tajantemente rechazado por el electorado. El Congreso, por su lado, ha rechazado constantemente, desde 1952 hasta ahora todas y cada una de las propuestas que se hayan hecho para mejorar ese ‘ELA desmejorado’. El ‘ELA mejorado’ sencillamente no es posible. En eso han coincidido Congresos y presidentes tanto republicanos como demócratas.

Las ‘mejoras’ sueltas de las que han estado hablando los líderes de PPD de ningún modo convier-ten al ‘ELA mejorado’ en una alternativa descolonizadora de acuerdo al derecho Internacional. Por eso, les aseguro que AGP volverá a hacer lo que han hecho todos sus predecesores en el PPD (después de RHC), va a hablar del ‘ELA mejorado’ sin presentar un proyecto concreto de mejo-ras. Si AGP quiere un ‘ELA mejorado’ lo que tiene que hacer es poner en papel y tinta los cambios que quiere, ahora mismo, y, cuando llegue a Fortaleza, enviar un proyecto de Resolución Conjunta pidiéndole al Congreso que derogue y sustituya la Ley de Relaciones Federales o que la enmiende detallando los cambios específicos que desea para ‘mejorar’ el ELA para que se consideren conjuntamente con la petición de estadidad que aprobó la presente Asamblea Legislativa a la luz de los resultados del plebiscito.

Dudo que AGP lo haga. Para empezar, no hay unidad en el PPD sobre lo que debería contener ese petitorio: unos quieren la república asociada; otros la unión permanente garantizada por un pacto que no sea unilateralmente revocable; y, la mayor parte de los populares alguna de las posibles posiciones intermedias ya sean lógicamente posibles aunque desatinadas (como la libre asociación) o contradictorias (como la soberanía separada con ciudadanía americana). Llegar al Congreso con propuestas desatinadas y contradictorias no solo los pone en riesgo de hacer el ridículo sino, además, de perder el ‘ELA desmejorado’ que existe.

Vamos ahora a la carta del licenciado Ferrer y el doctor Rosselló. Entiendo que la intención de la carta es lograr un compromiso del gobernador con la continuación del proceso de autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico y creo que esa es una meta encomiable. Sin embargo, me parece que la carta es peligrosa pues, por un lado, resulta prematura y, por el otro, echa por la borda una expresión válida del electorado en el plebiscito pasado.

Es prematura porque luego de la gestión hecha por el gobernador Fortuño, el comisionado residente Pierluisi, el presidente Rivera Schatz y la presidenta de la Cámara, Jennifer González, llevando los resultados del Plebiscito a la Casa Blanca y el Congreso, lo que es de rigor es continuar poniendo presión sobre Washington para que los funcionarios federales den una respuesta contundente a los resultados del Plebiscito. El proceso normal, a juzgar por eventos anteriores, es que antes de marzo se pronuncie el ‘Task Force’ del Presidente sobre las recomendaciones que hará para implantar la victoria del No y de la estadidad. Luego, en marzo o abril el Comité de Recursos de la Cámara debe celebrar vistas públicas para analizar las recomendaciones del Task Force y la legislación que puede implantarlas. Ese es el trámite normal y la carta Ferrer-Rosselló pudiera tomarse como una que autoriza o permite ese proceso para empezar a hablar de otro plebiscito cuando aún no hemos visto la respuesta del Congreso al anterior. Hacer tal cosa sería una anulación tácita de los resultados del pasado plebiscito.

En este momento, todos los que participamos en el plebiscito y defendimos el ‘no’ y la estadidad, que fueron las alternativas ganadoras, tenemos como principal tarea defender y hacer valer esos resultados antes de hablar de una nueva consulta.

Feliz Navidad a todos mis lectores.

Comentarios a: GarrigaPico@Yahoo.com

Inadecuada una nueva consulta

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