El gobernador Alejandro García Padilla dijo esta noche que acogió las medidas adoptadas por su equipo financiero relacionadas al Sistema de Retiro de los empleados del gobierno del Estado Libre Asociado.
El mandatario emitió una breve declaración escrita en el que apoya las medidas adoptadas por la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, y el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Javier Ferrer.
Las medidas permitirán atajar su déficit actuarial, que asciende a unos $35,000 millones, evitar que los Sistemas se queden sin dinero para pagar las pensiones de los retirados y honrar los beneficios acumulados de los empleados públicos activos, plantearon Acosta y Ferrer en una conferencia de prensa.
“Acojo las medidas legislativas que, luego de un profundo y exhaustivo análisis, presentaron hoy el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Javier Ferrer y la secretaria de Hacienda, Melba Acosta. Las propuestas se han elaborado tomando en consideración la salud fiscal del Sistema de Retiro y el bienestar de los retirados del ELA, tal y como me comprometí al adelantar que no se trastocaría la pensión de nuestros trabajadores”, planteó García Padilla.
Agregó que estas medidas representan “un esfuerzo extraordinario por salvar y proteger” a Retiro, en aras de solventarlo económicamente al tiempo que “se vela por los beneficios de los miles de retirados del ELA, incluso aumentando la pensión a aquellos con las pensiones más bajas”.
“Confío en que todas serán evaluadas y se considerarán como parte de un proceso abierto de vistas públicas en el que todos los sectores interesados puedan expresar sus puntos de vista y recomendaciones de manera que al implantarse representen una solución cónsona con el mejor bienestar de nuestros retirados. Nuestra meta es lograr una reforma sensible y razonable para nuestros servidores públicos”, concluyó el Gobernador.
Mientras, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pedro Pierluisi, opinó por escrito que García Padilla le dio la espalda a los pensionados al proponer cambios en Retiro que elevan la edad de jubilación, reducen beneficio y aumentan las aportaciones.
“Al atender el problema de nuestro de sistema de pensiones tenemos que en primer lugar proteger el buen nombre del gobierno de Puerto Rico. Tan reciente como ayer (martes) García Padilla dijo que Puerto Rico ‘tiene que honrar su palabra’. En menos de 24 horas, mostrando una vez más su ya acostumbrada inconsistencia, le da la espalda a los pensionados y a los servidores públicos. ¿Qué compromiso más importante puede haber que cumplir con nuestros pensionados?», cuestionó desde Washington D.C. Pierluisi, también presidente del Partido Nuevo Progresista.
El gobernador Alejandro García Padilla dijo esta noche que acogió las medidas adoptadas por su equipo financiero relacionadas al Sistema de Retiro de los empleados del gobierno del Estado Libre Asociado.
El mandatario emitió una breve declaración escrita en el que apoya las medidas adoptadas por la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, y el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Javier Ferrer.
Las medidas permitirán atajar su déficit actuarial, que asciende a unos $35,000 millones, evitar que los Sistemas se queden sin dinero para pagar las pensiones de los retirados y honrar los beneficios acumulados de los empleados públicos activos, plantearon Acosta y Ferrer en una conferencia de prensa.
“Acojo las medidas legislativas que, luego de un profundo y exhaustivo análisis, presentaron hoy el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Javier Ferrer y la secretaria de Hacienda, Melba Acosta. Las propuestas se han elaborado tomando en consideración la salud fiscal del Sistema de Retiro y el bienestar de los retirados del ELA, tal y como me comprometí al adelantar que no se trastocaría la pensión de nuestros trabajadores”, planteó García Padilla.
Agregó que estas medidas representan “un esfuerzo extraordinario por salvar y proteger” a Retiro, en aras de solventarlo económicamente al tiempo que “se vela por los beneficios de los miles de retirados del ELA, incluso aumentando la pensión a aquellos con las pensiones más bajas”.
“Confío en que todas serán evaluadas y se considerarán como parte de un proceso abierto de vistas públicas en el que todos los sectores interesados puedan expresar sus puntos de vista y recomendaciones de manera que al implantarse representen una solución cónsona con el mejor bienestar de nuestros retirados. Nuestra meta es lograr una reforma sensible y razonable para nuestros servidores públicos”, concluyó el Gobernador.
Mientras, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pedro Pierluisi, opinó por escrito que García Padilla le dio la espalda a los pensionados al proponer cambios en Retiro que elevan la edad de jubilación, reducen beneficio y aumentan las aportaciones.
“Al atender el problema de nuestro de sistema de pensiones tenemos que en primer lugar proteger el buen nombre del gobierno de Puerto Rico. Tan reciente como ayer (martes) García Padilla dijo que Puerto Rico ‘tiene que honrar su palabra’. En menos de 24 horas, mostrando una vez más su ya acostumbrada inconsistencia, le da la espalda a los pensionados y a los servidores públicos. ¿Qué compromiso más importante puede haber que cumplir con nuestros pensionados?», cuestionó desde Washington D.C. Pierluisi, también presidente del Partido Nuevo Progresista.
Trabajar en el Gobierno para retirarse antes de los 60 años y cobrar una pensión casi igual al salario, más recibir bonos de Navidad y de verano, así como plan médico, dentro de poco será cosa del pasado.
En otras palabras, el que pensaba que trabajar como empleado público era una opción con esos beneficios, se equivocó, señaló el economista Gustavo Vélez, al comentar sobre los ajustes al Sistema de Retiro anunciados ayer.
“Se trata de la reestructuración más agresiva que se haya visto en décadas al Sistema de Retiro de los Empleados del ELA”, aseguró Vélez, cuestionado sobre el plan de reformas que pretende implantar el gobierno actual para solventar el Sistema de Retiro y evitar su colapso.
Según el economista, se trata de una movida necesaria del Gobierno que atiende uno de los problemas principales que tiene el país en su misión de atajar el déficit actuarial del Sistema de Retiro que asciende a unos $35,000 millones.
Entre las medidas permanentes que serán impuestas a partir de junio a los servidores públicos, está un aumento en la edad de retiro que oscila entre 2 y 8 años, dependiendo de la ley o estatuto que los cobije.
Además, propone una reducción a los beneficios –provistos por las leyes especiales– que reciben actualmente los retirados y los elimina por completo para los se retirarán una vez entre en vigor el programa de “soluciones permanentes”, pautado para este verano.
“Esta reforma deberá atender el problema de déficit y debería permitirle al Gobierno poder atender los reclamos de las agencias crediticias”, explicó.
Vélez destacó que las medidas presentadas ayer para el Sistema de Retiro, y que deberán ser aprobadas por la Legislatura, garantizarán que el sistema de pensiones no colapse y que no siga desangrando el Fondo General.
Pese a que las medidas podrían resultar antipáticas, el economista reconoció que la movida ayuda a evitar que los bonos de Retiro sean degradados a chatarra.
Más severos aún
A juicio de Vélez, sin embargo, el Gobierno hubiera podido ser más severo con los pensionados que actualmente gozan de las llamadas pensiones Cadillac –cobijados bajo la Ley 447–, que reciben más de $1,500 al mes y que son aproximadamente el 20% de los jubilados.
“Yo hubiera ido más lejos con esa Ley 447. Esas pensiones Cadillac es algo que a futuro se pudiera examinar. Desde el punto de vista moral, estás adquiriendo un dinero que no cotizaste”, comentó.
El economista no considera que a nivel macro estos recortes tengan un impacto grande en la economía en general, especialmente para los empleados actuales, quienes verán una reducción en su salario de 1.7% al aumentar su aportación al Sistema de Retiro.
En total, el universo de los empleados del ELA está compuesto por aproximadamente 116,658 jubilados y 131,361 empleados activos.
“En términos generales de reducción en ingreso y beneficios propuestos bajo la reforma, no será tan dramático para la economía. Estamos hablando de que estos cambios solo afectan al 20% del sector productivo del país. Sigue quedando otro 80% que no se afecta”, declaró Vélez.
“Esto no agudiza más la recesión. Es un impacto marginal. No haber hecho nada o una reforma incompleta, entonces sí que hubiéramos tenido unas repercusiones nefastas que hubieran sido insostenibles”, añadió.
El economista opinó que esta es una gran lección para el pueblo de Puerto Rico, especialmente para los políticos que durante décadas se la han pasado legislando con medidas de corte populista, alejados del bien fiscal del país.
Impacto en la economía
Aunque reconocen que el Ejecutivo hizo lo correcto al presentar medidas para resolver la crisis en el Sistema de Retiro, otros economistas entrevistados señalaron que, como consecuencia de estas, sí podría haber un impacto negativo de inmediato en la economía.
“Las medidas no son un parcho, son significativas y necesarias para subsanar el déficit actuarial, y eso es positivo. Pero es dinero que no va a circular en la economía porque se redigirá a rescatar el sistema de pensiones”, expresó Vicente Feliciano, presidente de Advantage Business Consulting (ABC), quien estimó que el impacto negativo será tan rápido como en los próximos 12 meses.
Indicó que le preocupa la distribución de las medidas anunciadas ya que, a su juicio, no fueron equitativas con todos los grupos. “A los retirados actuales se les toca poco y a los pre-Reforma 2000 se les toca de manera significativa”, opinó. Él hubiera “sacrificado” más a los que ya están jubilados, comentó.
Pero su preocupación mayor es con el grupo que entró al Gobierno después del año 2000. “Ese grupo puede terminar con fondos de pensiones de indigencia y muchos de ellos no reciben Seguro Social, como es el caso de los policías”, advirtió Feliciano, al tiempo que favoreció que los empleados gubernamentales que no coticen al Seguro Social empiecen a hacerlo para que tengan un dinero adicional al momento de su jubilación.
Por otro lado, el presidente de ABC señaló que hay dos grupos a los que se les debió eliminar la totalidad de los beneficios de las leyes especiales, incluyendo los aumentos por costo de vida que hayan tenido en el pasado.
Estos dos grupos son: los alcaldes y legisladores que aportaron al sistema menos de 20 años, “algunos apenas aportaron ocho años y tienen derecho a pensiones que pagarán otros”; y los individuos cuya pensión aumentó significativamente como resultado de que se calculó su pensión a base de puestos de confianza con altos ingresos en los que estuvieron menos de cinco años.
Por su parte, Elías Gutiérrez, quien tiene 70 años y además de economista es empleado gubernamental, dijo que le preocupa el futuro de las medidas presentadas ayer. Esto porque aún falta por conocerse cómo el Gobierno le inyectará capital al Sistema de Retiro, así como qué ocurrirá cuando las medidas lleguen a la Legislatura.
“Estas medidas atienden lo que ocurrirá en el futuro, pero falta lo más importante, la inyección de capital”, dijo.
Habría que ver si el Gobierno propone levantar ese dinero con impuestos adicionales.
“Tengo mis serias preocupaciones. Se va a generar un periodo de ajustes, de angustia en muchas familias, porque tendrán una merma en su cash flow (flujo de efectivo). Eso se va a reflejar en la economía; habrá familias que decidan irse de aquí”, manifestó el también planificador.
Pero la angustia mayor de Gutiérrez es lo que puedan hacer los legisladores una vez lleguen las propuestas del Ejecutivo a la Casa de las Leyes.
“Una cosa es lo que presente el Ejecutivo, y otra cosa es el proceso político que se da, que es el causante de esta crisis que tenemos. En la Legislatura pueden terminar aprobando otra cosa”.
Según él, la Legislatura -en general- ha demostrado a través de los años que los asuntos económicos importantes no los entiende o no le importan. Y con la actual legislatura, hay un problema mayor, según Gutiérrez, “esta lo que ha demostrado es que no muestra respeto por el gobernador, están actuando solos, por su lado”.
Agregó que si la presente Legislatura “no actúa rápido y sin revancha, puede crear mucho daño sicológico”.
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28 de febrero de 2013
Le llegó su día a Retiro
La reforma reduce beneficios y aumenta la edad para jubilarse
Melba Acosta, secretaria de Hacienda, explicó ayer que de no reformar el sistema, a partir del 2014 no habrá dinero para cumplir con las pensiones. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Por Joanisabel González /joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
La premisa de que trabajar en el Gobierno es sinónimo de una pensión se deshizo ayer, cuando la administración de Alejandro García Padilla propuso eliminar el sistema de pensión definida y aumentar la edad para el retiro y la aportación monetaria que hace el trabajador.
La propuesta, que reformaría el Sistema de Retiro de los Empleados del ELA, también representa el fin de la pensión por mérito o las llamadas pensiones Cadillac y la desaparición o modificación del bono de verano y la aportación al plan médico. Los cambios comenzarían tan pronto como el 1 de julio de este año.
unos más, otros menos
De entrada, el plan –que aplica particularmente a futuros jubilados– supone una reducción en el ingreso de unos 69,318 trabajadores públicos bajo la Ley 447 y la Ley 1, que aportan a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR). Estos tendrán que aportar 10% al Sistema en lugar de 8.2%. También supone una merma en los ingresos de unos 116,700 pensionados en la medida en que se reducen los beneficios especiales por los que nunca cotizaron.
En contraste, la propuesta dispone que los jubilados con las pensiones más bajas recibirán un aumento de $400 a $500. Y los participantes del Sistema 2000, podrán recibir una anualidad a la hora de jubilarse.
Los ajustes en beneficios afectarán específicamente a los empleados y retirados del Gobierno central, corporaciones públicas y municipios, pues en esta ocasión, el Gobierno no tocó el Sistema de Retiro para Maestros ni aquel de la Judicatura.
No obstante, el costo del ajuste afectará a aquellos que ni siquiera trabajan en el Gobierno. La deficiencia en la ASR es de tal magnitud que el Gobierno tendrá que buscar otros $100 millones adicionales en recaudos solo para empatar la crisis de las pensiones. En este caso, el Gobierno todavía no ha identificado con claridad de dónde saldrá ese dinero.
“Es esto o colapsa el Sistema”, dijo la secretaria de Hacienda, Melba Acosta.
“Las medidas son fuertes, pero el problema es bien fuerte”, agregó. “Si se acaban los fondos (de la ASR), el Gobierno tendría que asumir esa deuda”.
“La deuda” a la que Acosta hacía referencia no es otra cosa que el déficit actuarial de unos $35,260 millones y que, sin ajustes sustantivos, el Gobierno central tendría que pagar por los próximos 35 años.
Ello es separado del déficit en el presupuesto operacional del Gobierno, que ronda unos $2,212 millones y del déficit actuarial de unos $9,768 millones que exhibe el Sistema de Retiro para Maestros.
ofensiva contra degradación
Más allá de salvar las pensiones de los empleados públicos, la administración utilizará esta propuesta para intentar convencer a las casas acreditadoras de que Puerto Rico atenderá los problemas estructurales que le llevaron al borde del grado especulativo. O sea, se trata de otra movida para evitar a toda costa una degradación.
“Las casas acreditadoras están muy pendientes a las decisiones que está tomando el país”, dijo por su parte el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Javier Ferrer, al reconocer que la propuesta se enviará a la Legislatura días antes de varios encuentros con las casas acreditadoras.
“No hay una fecha límite, pero cada día cuenta”, prosigió Ferrer cuando se le preguntó si las casas acreditadoras fijaron alguna fecha particular para pronunciarse sobre Puerto Rico.
Así las cosas, la reforma a la ASR es otra dosis de ajuste fiscal y económico que se une a los aumentos en la luz y el agua, a la cesión de la operación del aeropuerto Luis Muñoz Marín (LMM) y al arbitrio a las corporaciones foráneas. En conjunto, esto debería mitigar el desbalance fiscal ante una economía incapaz de crecer.
Un plan híbrido
Las modificaciones, que requerirán el aval de la Legislatura, pueden agruparse en tres niveles: cómo se calculará la pensión, la edad elegible para recibir la pensión y cuánto aportará el trabajador, y qué tipo de beneficio especial recibirá el pensionado.
Al presente, la ASR tiene tres tipos de participantes. Los primeros, bajo la Ley 447, reciben una pensión que se calcula con el promedio de los 36 meses de salario más alto que haya recibido durante su vida en el servicio público. Si el trabajador labora 30 años y tiene la edad de 55 años, puede recibir la pensión por mérito que puede ser hasta el 75% del salario.
El segundo grupo de participantes, bajo la Ley 1, recibe su pensión partiendo de los últimos cinco años de servicio y la edad de retiro es de 65 años.
El tercer grupo se identifica como el Sistema 2000 y en este, el empleado recibe en la jubilación lo que ahorró y el rendimiento de la inversión.
La propuesta de la administración García Padilla busca crear un híbrido uniendo a los participantes de las leyes 447 y 1 en un sola estructura que elimina la pensión por mérito y el requisito de años de servicio, para dar paso a una pensión que se calcula a partir de lo que ahorró el trabajador junto con la aportación del patrono. En el caso del Sistema 2000, lo ahorrado se convertirá en una anualidad vitalicia que parte de la contribución hecha por el trabajador.
Para los funcionarios bajo la Ley 447, el requisito de edad para recibir pensión aumentará de 58 a 65 años. Para los trabajadores bajo la Ley 1, la edad se aumenta de 65 a 67, y en el caso del Sistema 2000, el requisito de edad aumenta de 60 a 67. Para los policías y bomberos, el requisito de edad para jubilarse será 58 años.
De igual forma, todos los trabajadores aportarán al Sistema 10% en lugar del 8.2% que aportan en la actualidad.
Tijera a los bonos
Según Mayol, la reducción en el bono de Navidad será más baja entre pensionados con menos de $1,500 al mes y quienes representan aproximadamente el 80% de los jubilados. Para este grupo, el bono de Navidad se reduce de $600 a $425; la aportación al plan médico se reduce de un máximo de $1,200 a $600, pero el bono para medicamentos aumenta a $125.
Los retirados que devengan más de $1,500 al mes (y que representan el 20% de los jubilados) tendrán un bono navideño de $200 en lugar de $600; no tendrán aportación al plan médico ni bono de verano o medicamentos.
Según Acosta, el aumento en la aportación del trabajador supondrá unos $60 millones al Sistema. Mientras, la modificación en las leyes especiales supondrá un ahorro para el Fondo General de unos $125 millones al año. Ese ahorro, según Acosta, se inyectará a la ASR para que pueda continuar pagando las pensiones bajo la nueva estructura.
Cuestionada si estas medidas evitarán la degradación, Acosta indicó que “es un cúmulo de medidas, que incluye lo relativo al Fondo General y el déficit estructural. Medidas como la Ley 154, lo relativo a las corporaciones públicas y lo relacionado con Retiro y otros temas, que pueden ayudar a evitar una degradación. Sin embargo, en estos momentos, no podemos especular qué harán”.
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La crisis del Retiro: un problema de todos
Por Sergio M. Marxuach
Recientemente el equipo financiero del gobierno presentó varias propuestas para atender la crisis del sistema de retiro de los empleados públicos. El conjunto de medidas implica una reforma estructural profunda de las pensiones públicas. Por tanto, era de esperarse que las reacciones de los diversos grupos afectados fueran intensas y viscerales. Más aún, en un país que no está acostumbrado a actuar colectivamente ni a que se le exija sacrificios de ningún tipo, es tal vez lógico que la reacción inicial de cada grupo sea la de proteger su “finca”.
Desafortunadamente, los argumentos que se han utilizado por diversos grupos para evitar contribuir a la solución del problema se basan en premisas falsas o solo parcialmente ciertas. A continuación analizamos algunos de esos argumentos fallidos.
He escuchado a muchos decir que “eso no es problema mío, yo trabajo en la empresa privada, allá los pensionados y el gobierno que resuelvan”. Este argumento se basa en la premisa falsa de que los que no trabajamos en el gobierno no tenemos que contribuir a la solución, ya sea porque no tenemos la obligación moral de hacerlo o porque no nos afecta directamente.
Todos los que residimos en Puerto Rico tenemos obligaciones que surgen por el mero hecho de vivir aquí. Estas obligaciones, que podemos llamar obligaciones de solidaridad, son obligaciones particulares de responsabilidad moral que le debemos a aquellos con quienes compartimos cierta historia o relación. No requieren de nuestro consentimiento pues su peso moral se deriva del hecho de que la historia de cada una de nuestras vidas está implicada en la historia de la vida de otros.
Si ese argumento no le resulta persuasivo, tal vez uno basado en las consecuencias de no atender contundentemente este problema lo convenza. Una degradación del crédito de Puerto Rico a nivel “chatarra” tendría repercusiones adversas para todos los que vivimos en Puerto Rico ya que desataría una crisis financiera. Eso significa, entre otras cosas, que: el gobierno tendría poco o ningún acceso a los mercados financieros; veríamos una depreciación del valor de los bonos y obligaciones de Puerto Rico de entre 30% y 50%; la liquidez y la solvencia de las instituciones financieras y compañías de seguro en Puerto Rico podrían verse afectadas adversamente; veríamos un aumento en las tasas de interés y una contracción significativa del crédito; y aumentarían tanto las quiebras como el desempleo. Si usted piensa que estaría inmune de esa tempestad le recomiendo que examine con detenimiento su situación económica y financiera actual.
Por otro lado, he escuchado a representantes de los pensionados argumentar que “los pensionados cotizaron por todos sus beneficios y por tanto no se les puede tocar.” Lamentablemente, este argumento es solo parcialmente cierto. De entrada hay que dejar claro que los pensionados nunca cotizaron por los beneficios concedidos mediante leyes especiales, tales como el bono de navidad, el bono de verano, y otros.
Más importante aún, el problema fundamental del sistema de retiro es que desde sus comienzos en 1951 las aportaciones tanto de los empleados como de los patronos no fueron determinadas actuarialmente, mientras los beneficios fueron estipulados por ley y no guardan relación alguna con el nivel de aportaciones al sistema o con el rendimiento de las inversiones del mismo. Por tanto, muchos pensionados reciben beneficios más altos de los que tendrían derecho si el sistema hubiera sido diseñado adecuadamente.
De acuerdo con Teresa Ghilarducci, profesora de economía en el New School for Social Research, una persona tiene que ahorrar durante su vida trabajadora aproximadamente veinte veces su salario anual al momento de retirarse para mantener más o menos el mismo estándar de vida durante el retiro. Esto significa que si su salario al retirarse era de $40,000, usted debería haber ahorrado unos $800,000 para su retiro. Desafortunadamente, el sistema de retiro del gobierno no fue diseñado cumpliendo con estos parámetros.
Finalmente, he escuchado a representantes de los empleados públicos decir que “las pensiones son beneficios adquiridos que no se pueden cambiar.” Este argumento también es solo parcialmente cierto. El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó en el caso de Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987)—en una opinión del entonces Juez Asociado Hernández Denton analizando la constitucionalidad de ciertos cambios hechos al sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico—que “los participantes de un sistema de retiro del Gobierno tienen un derecho adquirido de naturaleza contractual que surge con el ingreso del empleado al sistema…” pero “antes de que pueda acogerse a la jubilación, los términos del sistema de retiro pueden ser enmendados por el Gobierno siempre que las enmiendas sean razonables y con el fin de adelantar la solvencia actuarial del mismo.” En el caso de las medidas presentadas por el gobierno de turno resulta difícil argumentar que éstas son irrazonables o que no adelantan la solvencia del sistema de retiro.
Resolver este problema requiere que todos pongamos de nuestra parte. De acuerdo con el Banco Gubernamental de Fomento, si no hacemos nada, el gobierno tendría que inyectarle a los fondos de retiro cerca de $2,850 millones, equivalentes a 31% del fondo general para el año fiscal 2013, durante cada uno de los próximos 26 años para cumplir sus obligaciones con los pensionados. Una obligación de esta magnitud no se satisface con trucos financieros o de contabilidad.
El problema tampoco se resuelve imponiéndole toda la carga a un solo grupo o sector. El sacrificio tiene que compartirse entre todos: la ciudadanía en general; el sector privado, incluyendo los bancos, las farmacéuticas, y los comerciantes; los empleados públicos; y los pensionados. Creo que es imperativo sentarnos en una mesa y llegar a unos acuerdos como país. Las alternativas son dejar que el país quiebre; hacer las maletas y largarnos para siempre de esta isla olvidada por Dios; o resolver esto en la calle como hizo la gente en Túnez y Egipto. ¿Qué alternativa favorece usted?
El autor es director de Política Pública en el Centro para una Nueva Economía. Esta columna se publicó originalmente en el diario El Nuevo Día el 17 de marzo de 2013.
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