Se repite el patrón de toma por asalto que ya vimos en la UPR, pero ahora con el beneficio añadido para los Populares de muchos millones de dólares.

La toma por asalto del PPD a las instituciones para su beneficio político y económico continúa. La semana pasada hablamos de la UPR, hoy de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones (la Junta). En esta, además de poder hay una industria que maneja mucho dinero, no del Gobierno sino de la compañías privadas y de ustedes, los consumidores. Vele bien su cartera porque los líderes Populares y sus abogados la están velando.

La mayor parte de los ciudadanos, casi la totalidad, no se entera de la naturaleza de la legislación que está ante las cámaras legislativas aún cuando la ley propuesta afecte directamente sus intereses. La semana pasada, por ejemplo, se radicó el Proyecto del Senado 462 para enmendar la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996, según enmendada, eliminando su jurisdicción primaria y exclusiva para dilucidar pleitos de clase por violaciones a las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico o los reglamentos de la propia Junta. A muchos eso le puede parecer inescrutable, esotérico o inconsecuente por lo que solo se enterarán del impacto sobre su cartera cuando ya no pueda hacer nada al respecto.

Ese proyecto, de aprobarse y firmarse, le permitiría al licenciado José (Toño) Andreu García, su hijo y sus asociados sacar dos pleitos de clase que están tratando de certificar ante la Junta para litigarlos en el Tribunal Superior. Mire esto, los demandantes en esos casos serían ustedes (¿no se habían enterado?), pero Toño y su bufete los litigarán a nombre suyo. Claro que Toño no hace esto ‘pro bono público’ en agradecimiento por el sueldo de $125,000 como juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico retirado que recibe sin dar un tajo para ganárselo. No, él cobrará por sus servicios y, este es el punto, la ley aumentaría a 25% la tajada que se llevarían los abogados del total que adjudique en su día el Tribunal. Ahora viene lo bueno: entre esos dos casos, los daños reclamados se elevan a 560 millones de dólares. De ganar los casos, los honorarios de Toño y sus asociados ascenderían a $140 millones que le llegarían directo a ellos antes de que lo que sobre se divida entre cientos de miles de usuarios de las telecomunicaciones. ¿Tendrán estos abogados suficiente dinero en el futuro para hacerle algún donativo, todo legal, a las campañas de los legisladores que aprueben esta ley y el Gobernador que la firme. Ante este cuadro de la Administración de AGP hasta Cox Alomar le ha pedido al pueblo que proteste.

Para lograr esos millones, Toño y su grupo están dispuestos a muchas cosas más allá de reducir la jurisdicción de la Junta. Se proponen ver que se desmorone la propia Junta dejándonos como consumidores huérfanos de la protección de una agencia especializada en esta área. Su afán de lucro explica además la jira mediática de Toño la semana pasada para tratar de desprestigiar a la licenciada Sandra Torres, que preside la Junta, radicándole querellas infundadas e improcedentes. Por supuesto, tal acción también tiene el fin de, en violación del principio de la autonomía de las agencias reglamentadoras y adjudicadoras, sacar de su posición a una buena servidora pública por el mero hecho de haber sido nombrada por un gobernador PNP. Se repite el patrón de toma por asalto que ya vimos en la UPR, pero ahora con el beneficio añadido para los Populares de muchos millones de dólares.

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