Los representantes de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) rechazaron hoy el proyecto de ley que pretende reorganizar ese cuerpo rector, y reclamaron a los senadores que no le den paso a la medida que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes.

Juan Rosario y Agustín Irizarry denunciaron en conferencia de prensa que la medida de administración, busca establecer que el gobernador de Puerto Rico pueda nombrar cada cuatro años a los miembros de la Junta, lo que, a su juicio, politizaría el organismo.

Rosario e Irizarry denunciaron, además, que el proceso para aprobar el proyecto en Cámara y para evaluarlo en el Senado se ha llevado a cabo a escondidas de los consumidores.

«Esto es convertir de facto a una corporación pública en una agencia de gobierno», reclamó Rosario.

Actualmente, los nombramientos de los integrantes de la Junta de Gobierno de la AEE son por términos de cuatro años, pero se vencen de forma escalonada cada dos años.

De aprobarse el proyecto de la Cámara 715, el gobernador tendría la potestad de nombrar cada cuatro años a seis de los nueve miembros de la Junta, que incluiría miembros ex officio, ingenieros autorizados a ejercer la profesión en Puerto Rico, un ingeniero electricista y un profesional con experiencia en finanzas corporativas. La medida, que será evaluada la próxima semana por la Comisión de Gobierno, también propone aumentar a tres los representantes del consumidor en la Junta, pero ese tercer miembro deberá ser del sector industrial.

«(El proyecto) también atenta contra la representatividad del pueblo en esa Junta al establecer que cierta cantidad de miembros tienen que ser ingenieros o financieros. Oye, esos son los que han quebrado a la Autoridad», expresó Irizarry.

«El proyecto también añade más miembros ex officio, que son secretarios de otras agencias, que no van a las reuniones de trabajo, y solamente van cuando quieren asegurar que haya los votos para aprobar algo que le interesa al gobernador», agregó. «Así ha sido siempre y con esto sería peor», aseguró.

Los miembros ex officio, según la medida, serían el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Energéticos.

Rosario sugirió varias enmiendas al proyecto de la Cámara 715 para que se mantenga el vencimiento escalonado de los nombramientos y para que de los siete integrantes que nombra el gobernador, cinco surjan de ternas sometidas por cada uno de los siguientes sectores: planificadores, sindicatos, comerciantes, industriales y cooperativistas.

«No queremos que la Junta tenga un solo color», manifestó Rosario. «La Junta que tenemos ahora no es perfecta y la queremos mejorar, pero por lo menos es más balanceada que cuando llegamos. Así nos da más oportunidad para que haya más diálogo», opinó.

Además, los representantes del consumidor ante la Junta de Gobierno propusieron que los documentos y las vistas del organismo rector de la AEE sean públicos para «hacer que la Junta sea realmente democrática y representativa”.

Ninguna de las propuestas pudo ser presentada durante el proceso de vistas públicas en la Cámara, porque según John Miller, de la organización Mesa de Diálogo Energético que trabaja con Rosario e Irizarry «(el representante) José ‘Cony’ Varela lo aprobó rápido, sin darnos oportunidad de expresarnos».

Miller aseguró que monitoreó el trayecto de los proyectos de ley desde que llegaron al Capitolio, como el 715, en la Cámara, y como el 326, en el Senado.

«Estábamos pendiente en el Senado, para que no volviera a pasar (lo de la Cámara). Ya estábamos hablando con Cirilo Tirado para cuando viera el proyecto del senado (P del S 326) en la Comisión de Energía, pero de repente nos enteramos que la versión aprobada por la Cámara ya iba para vista en la Comisión de Gobierno del Senado que preside Ángel Rosa», denunció.

Miller indicó que se comunicaron con la oficina de Rosa para acudir a vistas públicas, cuando se considerara el proyecto aprobado en Cámara, pero «nos enteramos cuando lo vimos en calendario para (vista pública) hoy».

«Entonces, hoy por la mañana dicen que la vista es la semana que viene», apuntó Irizarry. «No vamos a dejar que nos pasen el rolo otra vez», sentenció.

En entrevista telefónica con este medio, el senador Rosa negó que vayan a realizar un proceso a «escondidas», y explicó que cambiaron la fecha de la vista para el 9 de abril con el propósito de tener más tiempo para recibir ponencias. Señaló que las objeciones al proceso responden a una «confusión» con el aspecto procesal.

«Como todos los proyectos que se reciben, se pautan vistas púbicas, se solicitan ponencias y otras llegan por vía voluntaria. En el caso de esta vista, se había pautado desde la semana pasada una vista para hoy, pero ayer, por la mañana, no teníamos ninguna ponencia para hacer la vista pública», mantuvo Rosa en entrevista con este medio.

«Así que tomé la decisión ayer por la mañana, mucho antes de que salieran a hacer algún tipo de expresión pública, que esta vista se movía para el próximo martes para poder dar la oportunidad de que llegaran las ponencias de todos los que quisieran participar. En ese sentido, están haciendo una denuncia que es falsa», afirmó. «Todos tendrán oportunidad de expresarse y serán escuchados. De hecho, contrario a la otra Comisión (presidida por Tirado), tomamos la decisión, rápido, de iniciar el proceso de vistas públicas», agregó.