El Vaticano ha ordenado por lo menos en dos ocasiones al arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves, a que desista de nominar una de las capillas de la catedral de San Juan como el Altar de la Patria.

La determinación, inicialmente tomada el 28 de diciembre pasado por el secretario de Estado la Santa Sede, Tarcisio Bertone, va más lejos al prohibirle enterrar allí los restos del primer obispo boricua Juan Alejo de Arizmendi y del primer diputado de la Isla en las Cortes de Cádiz, en España, Ramón Power y Giralt.

La determinación se la han comunicado a González Nieves a través del arzobispo Józef Wesolowski, nuncio apostólico en la República Dominicana y delegado apostólico en Puerto Rico. Este, de hecho, le escribió una carta el pasado 7 de marzo en que le da la orden de desistir de usar el lugar para enterrar a los próceres boricuas.

De acuerdo con la carta, publicada por la emisora radial NotiUno, esta no es la primera notificación que recibe el arzobispo de la decisión de la sede de la Iglesia Católica. Por ello, se destaca que reportajes sobre el traslado de los restos de Power y Giralt a la Isla desde España, han dado por enterado al Vaticano de su resistencia a cumplir con la orden Carta N 201.729 del 28 de diciembre de 2012.

De hecho, Wesolowski comentó que “se maravilla” de enterarse por reportajes de la prensa “nacional” y “española” del interés del arzobispo de enterrar los restos de Power y Giralt en el altar que le ordenaron deshacer.

“Apelo fraternalmente a su sentir con la Iglesia Universal de renunciar a tal proyecto y de solícitamente (diligentemente) ejecutar las supremas decisiones de la Santa Sede”, escribió el Nuncio en su misiva.

Este medio solicitó una reacción de González Nieves a través del abogado Samuel Soto Alonso, portavoz de prensa del arzobispo, pero no se obtuvo de inmediato.

La controversia del Altar de la Patria comenzó desde la inauguración del espacio en la catedral en el 2011.

A González Nieves le radicaron varias querellas por una presunta “intromisión política”. Una de ellas fue sometida por la exsenadora Melinda Romero.

El Vaticano designó al arzobispo de Guayaquil, Ecuador, monseñor Antonio Arregui Yarza, para liderar una pesquisa en su contra.

Hasta ahora, no había trascendido públicamente que el Vaticano había tomado una determinación sobre la controversia.