Proyecto limita los poderes del Tribunal y elimina la posibilidad de que las personas puedan solicitar la intervención directa del alto foro judicial en un caso que no haya sido revisado en tribunales de menor instancia.

Maricarmen Rivera Sánchez y Yamilet Millán Rodríguez
EL VOCERO

El Senado aprobó por descargue anoche un proyecto que limita los poderes del Tribunal Supremo de Puerto Rico y elimina la posibilidad de que las personas puedan solicitar la intervención directa del alto foro judicial en un caso que no haya sido revisado en tribunales de menor instancia.

De convertirse en ley este proyecto, ya no se podría llevar un recurso de ‘mandamus’ para pedir la intervención inmediata y directa del Tribunal Supremo en un caso.

El informe de la medida, que tiene como autor al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, indica que lo que se busca es “que el Tribunal Supremo pueda dedicar una mayor parte de sus esfuerzos a su función básica de pautar el desarrollo del Derecho puertorriqueño”.

El expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que el proyecto es un “intento de quitarle facultades a un foro que no controlan y que no pueden controlar”.

“De lo que se trata con este proyecto no es de agilizar los trabajos en la Rama Judicial, es precisamente todo lo contrario, es detener y obstruir para que el máximo foro no pueda establecer justicia o pueda atender un asunto y probablemente establecer un precedente”, sostuvo Rivera Schatz.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago, quien votó en contra de la medida, argumentó que solo se consultó a la Oficina de Administración de Tribunales. El portavoz de la minoría, Larry Seilhamer, por su parte, cuestionó que la medida se viera tan rápido.

Los Jueces del Supremo deben cumplir con los precedentes historicos y reducir su numero a cinco antes del 31 de diciembre.

“Objetamos que una cosa tan sensible no se nos permita poder examinarla. Ni siquiera estaba en calendario. Me parece atropellado. Esto limita la posibilidad de llevar un recurso al Supremo”, dijo Seilhamer.

Bhatia, por su parte, dijo que la medida busca simplificar el trabajo del Tribunal Supremo.

“Yo creo que lo que hace es simplificar y aclara para que no sea uso y costumbre ir al Supremo para cualquier asunto”, dijo Bhatia.

Indicó que el Tribunal Supremo se está dedicando a no permitir que desfile la prueba y que el País sepa lo que está ocurriendo. “Este Tribunal Supremo lamentablemente ha tomado como norte usurpar el derecho de las partes de tener un juicio. Simplemente toman el caso y deciden con un grupo”, agregó el Presidente senatorial.

‘Informan’ sobre el plebiscito

El Senado también aprobó por descargue una Resolución para “informarle” al Gobierno estadounidense sobre el resultado del plebiscito de noviembre.

La Resolución de estatus fue radicada el pasado miércoles por los senadores Ángel Rosa y José R. Nadal Power. En la Exposición de Motivos de la Resolución –que sería enviada al Congreso y al presidente Barack Obama– se establece que a la hora de evaluar el resultado del plebiscito deben tomarse en cuenta las papeletas en blanco. La Exposición de Motivos recoge además lo que fue la postura del Partido Popular Democrático durante la campaña al argumentar que el plebiscito no incluyó la fórmula de Estado Libre Asociado. Insiste, además, en la postura de que este plebiscito no respondió al informe de Casa Blanca sobre Puerto Rico.

“Si lo que desea conocer el Congreso de Estados Unidos es qué proporción del electorado puertorriqueño no favorece la estadidad para Puerto Rico, la papeleta en blanco se tiene que tomar en cuenta, pues ese voto expresa una clara intención de no favorecerla”, reza la Resolución. “Debe entenderse que el voto a favor de la estadidad no superó el 44 por ciento…obtenido en 1998. Es decir, en el plebiscito del 2012, un 55 por ciento de los votantes puertorriqueños expresaron su rechazo a la estadidad”.

Los portavoces de ambas delegaciones minoritarias rechazaron la Resolución. La senadora independentista María de Lourdes Santiago catalogó la Exposición de Motivos como “una letanía colonialista” y propuso, sin éxito, una enmienda para exigirle al Presidente de Estados Unidos que responda de inmediato al reclamo de resolver el asunto del estatus.