La Cámara de Representantes aprobó una medida legislativa que le concede más poderes y facultades a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública, y que se los quita al administrador, Miguel Hernández Vivoni. Esta legislación pasa ahora a la consideración del Senado.

Además, en la sesión cameral de este miércoles, también se aprobó el proyecto que autoriza la emisión de una licencia de conducir provisional a los extranjeros residentes en la Isla que no hayan legalizado su residencia legal y la legislación que elimina la Oficina del Inspector General (OIG).

El proyecto sobre la AVP enmienda las funciones del Administrador y dispone que él sea “el funcionario ejecutivo de la Administración que responderá directamente a la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública, y llevará a cabo cualquier gestión, directriz o encomienda que dicha Junta le asigne”.

Se dispuso, además, que “tendrá la responsabilidad de ejercer todas las funciones y responsabilidades de la Administración que le sean delegadas por la Junta de Gobierno”.

La controversia en torno a este proyecto gira porque la pasada administración nombró como administrador y por un periodo de siete años a Hernández Vivoni, quien fue el secretario de la Vivienda bajo el gobierno de Luis Fortuño. La confirmación del funcionario, luego de pasadas las elecciones, tuvo entonces la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado.

El proyecto no destituye a Hernández Vivoni, pero pasa a manos de la Junta los principales poderes que él ostentaba como administrador.

Por otra parte, el Proyecto de la Cámara 900 enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y deroga la Ley 79 de 2005, conocida como la Ley de Requisitos para obtener permiso (licencia) para conducir vehículos de motor en Puerto Rico, para crear una nueva licencia de conducir provisional.

Para obtener esta licencia será elegible “toda persona extranjera que haya residido en Puerto Rico, por un periodo mayor a un año; que no posea una tarjeta de seguro social ni un documento que verifique que no es elegible o no se le aplica asignarle un número de seguro social; y que no posea documentación que demuestre que es ciudadano de los Estados Unidos de América, o documentación expedida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos de América (United States Citizenship and Immigration Services) que autorice su presencia en los Estados Unidos de América”.

Los requisitos para la expedición de dicha licencia, incluyen poseer una licencia de aprendizaje provisional expedida conforme a esta misma Ley y poseer un pasaporte vigente de su país de ciudadanía o una identificación consular vigente expedida por un consulado de su país de ciudadanía con el propósito de identificar a la persona.

Otro de los proyectos y resoluciones aprobados por la Cámara es el que deroga la Ley que creó la Oficina del Inspector General y transfiere esas funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

La Legislación, además de derogar la Ley 42-2010, que fue la que creó la OIG, añade un nuevo artículo a la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para asignarle nuevas funciones de auditoría operacional, gerencial o administrativa en las agencias del gobierno y en sus corporaciones públicas “para determinar el grado de éxito y eficiencia alcanzado por los programas, proyectos, o actividades gubernamentales y para evitar o combatir todo desperdicio, gastos excesivos y la duplicidad en el uso de fondos públicos”.

También le asigna coordinar y ampliar los esfuerzos gubernamentales para promover la integridad y eficiencia en el manejo de fondos públicos, estatales y federales y le confiere el poder de citar testigos, tomar juramentos o declaraciones, tomar testimonios y requerir la producción de libros, fotografías, expedientes y documentos para completar o desarrollar cualquier investigación que esté llevando a cabo.

Todas estas medidas pasan ahora a la consideración del Senado.