Página de Internet en español e inglés servirá para orientar sobre proceso de admisión

Un nuevo portal está disponible  para que  residentes en Puerto Rico, como en los estados, tengan toda la información sobre el proceso de admitir a Puerto Rico como el Estado 51.

Misión Estadista (IME), junto al expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, anunciaron el lanzamiento de la página cibernética www.hr2000pr.com.

“Nuestra meta es que todos los puertorriqueños estén informados de los pasos a seguir luego de haber peticionado la Estadidad y como parte del proceso de admisión. Ahora le toca el turno al Congreso para que establezca los términos y condiciones para la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión. Luego ratificaremos nuestro consentimiento a los términos y condiciones de nuestra admisión y una vez completado el proceso gozaremos de los mismos derecho, privilegios y responsabilidades que gozan los ciudadanos de los demás estados”, sostuvo el subdirector de IME, el licenciado Carlos Rodríguez.

En el portal cibernético los constituyentes podrán apoyar el proyecto completando una petición formal a los Congresistas, leer acerca del Proyecto Pierluisi, conocer sus co auspiciadores, aclarar sus dudas  en una sección de Preguntas y Respuestas y mantenerse informado de mantenerse informado de los avances en el proyecto.

“Muchos hemos luchado por la igualdad por años. A través del HR 2000 el Congreso ofrece la admisión de Puerto Rico como el nuevo estado de los Estados Unidos. El momento llegó. El momento es ya.  Apoyando este proyecto es que apoyamos la estadidad”, dijo el representante Aponte.

Aponte destacó que el HR 2000 de Pierluisi ya cuenta con el respaldo de 72 congresistas.

Asimismo, el licenciado Rodríguez, exhortó a todos los puertorriqueños a que contacten a sus familiares y amigos en los Estados Unidos para que ayuden a llevar el reclamo ante sus representantes.  La página cuenta con un enlace para que los puertorriqueños residentes en los Estados puedan contactar al legislador que los representa  para  comunicar su mensaje: “Todo estadista tiene el deber de apoyar este esfuerzo para lograr la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión y adelantar la causa de la Estadidad”.

También, el subdirector de IME, agradeció al representante, José Aponte, por ser parte integral en esta iniciativa y fiel luchador a favor de la Estadidad. “Aponte ha sido un fiel defensor de nuestro ideal y constantemente nos ofrece ideas para promoverlo. La herramienta que hoy lanzamos es una de esas ideas”, finalizó Rodríguez.

LOCALES

AGP insiste controversial ley del Supremo no será derogada

Ayer 14:55 h. El gobernador Alejandro García Padilla dijo el jueves que la Ley 18 sobre las facultades del Tribunal Supremo seguirá en vigor a pesar de que fue declarada inconstitucional por seis de los nueve jueces de la alta Curia.

“Lo que yo estoy evitando es que el Tribunal Supremo cree inestabilidad. Esa ley está aprobada y yo voy a dejarla en vigor”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Las expresiones del primer ejecutivo contrastan con sus propias declaraciones cuando dio a entender que se radicó un nuevo proyecto de ley ante la Legislatura. Sobre el cual explicó espera convertir en Ley lo antes posible.

“Yo espero que las cámaras aprueben eso tan pronto como sea posible y lo voy a firmar tan pronto como me lo lleven”, enfatizó García Padilla.

García Padilla se reiteró además en sus críticas contra los seis jueces del Tribunal Supremo a quienes declaró como enemigos internos y mencionó que no le sorprendería, aunque no le preocupa, que comience un proceso en su contra para desaforarlo como abogado.

El gobernador Alejandro García Padilla catalogó el miércoles como “enemigos interiores” a los seis jueces asociados del Tribunal Supremo que el martes declararon inconstitucional la recien firmada Ley 18 de la autoría del presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

El Tribunal Supremo declaró el martes que un artículo de la Ley 18 es inconstitucional, pues le limitaba las funciones en la toma de decisiones sobre casos que no hubiesen concluido en el Tribunal de Primera Instancia. La decisión del más alto foro judicial de la Isla ocasionó una ola de reacciones de legisladores populares, así como del primer ejecutivo.