El Gobernador Mintió – Certificado

Posted by Israel Roldan

El Gobernador Mintió – Certificado

En los más de 100 años de historia del Tribunal Supremo es la primera vez que en una Resolución del más alto foro de justicia en Puerto Rico, se consigna que un Gobernador mintió. Pero la Resolución tiene otras revelaciones bien interesantes veamos:

Nunca hemos escuchado a AGP decir Verdades - Siempre Miente

Nunca hemos escuchado a AGP decir Verdades – Siempre Miente

[l] a aprobación festinada de la Ley 18 (sin vistas públicas), unida a la total ausencia de datos estadísticos y análisis empírico que justifiquen los cambios, aparenta ser un revanchismo político- partidista en respuesta al aumento en la composición del Tribunal Supremo y a varias de sus decisiones.

Por ser el Tribunal Supremo el foro judicial de última instancia, la facultad legislativa de alterar y fijar su competencia no es irrestricta. Tiene que ejercerse prudencialmente y con armonía con la Constitución y, por ende, según los principios del debido proceso de ley y sus elementos cardinales de justicia accesible, rápida y económica. La Legislatura parece haber olvidado que nunca “podrá impedir que los casos judiciales en alguna forma o en otra, lleguen hasta la consideración del Tribunal Supremo”. (Diario, Asamblea Constituyente, 592). A. Negrón García, El acceso al Tribunal Supremo, El Nuevo Día, 31 de mayo de 2013, p. 57. (Página 15 de la Resolución del Tribunal Supremo).

Lo interesante de la anterior cita es que no es de un juez nombrado por el Partido Nuevo. Es del ex Juez del Supremo Antonio Negrón García que fue nombrado por el Gobernador Rafael Hernández Colón. Y volvemos a citar de la Resolución del Tribunal Supremo:

En otras palabras, aunque se expresa que se restringe la competencia del Tribunal Supremo, en realidad lo que se hace es privarle de jurisdicción para atender ciertos asuntos. Esa privación se da por completo en el caso de muchas resoluciones interlocutorias que de no revisarse causarían un daño irreparable o atentan contra el interés público, perpetuando así un fracaso de la justicia. La privación de nuestra jurisdicción también se da cuando se coloca esta a merced del veto de otra rama de gobierno, como se hizo con el recurso de certificación proveniente del Tribunal de Primera Instancia. No permitir la certificación en ciertas circunstancias también podría hacer irreversible un daño o atentar contra el interés público, y constituiría un fracaso de la justicia. En esas circunstancias se pasó por alto que según el esquema constitucional, aunque la Asamblea Legislativa tiene la facultad de reglamentar la competencia de los tribunales, ello no puede resultar en el despojo de nuestra jurisdicción para atender, a nuestra entera discreción, cualquier causa que se nos presente. J. Trías Monge, opcit., pág. 95. (Página 18 y 19 de la Resolución del Tribunal Supremo).

Sepan que el ex Juez del Tribunal Supremo Trías Monge fue nombrado también por el Gobernador Hernández Colón, y fue José unos de los miembros de la Convención Constituyente que redactaron la Constitución de Puerto Rico. Fue además Juez Presidente del Tribunal Supremo.

Todos los abogados, me atrevo a decir, consideramos a los ex jueces del Supremo, Negrón García y Trías Monge como unas de las mentes más privilegiadas que han ocupado las sillas del Tribunal Supremo.

Decidan ustedes, que para ello no hay que ser abogado, quien tiene la razón, la mayoría del Tribunal Supremo o el Gobernador García Padilla.

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Posted by Israel Roldan

Luego que el Gobernador García Padilla descargara su furia contra el Tribunal Supremo, ahora envió a su Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, David Ferrer para que lo respaldara en sus disparates.Esto dijo el señor Ferrer:

“Si el Tribunal Supremo declara inconstitucional la Ley 3 que reformó el principal programa de pensiones del gobierno, ello provocará la degradación del crédito de Puerto Rico a rango de chatarra”.

Claro está el señor Ferrer es más mesurado y no le echa la culpa de la degradación al Tribunal Supremo, como hizo el Gobernador. Él con mucha astucia, para complacer a su jefe, habló de la posible consecuencia si la Ley 3 resulta inconstitucional y aquí es que está la diferencia entre lo que dijo el Gobernador y lo que dijo el señor Ferrer.

El Gobernador dijo que la culpa será de los seis jueces que nombró el Gobernador Fortuño al Supremo. El presidente del Banco Gubernamental dijo que el problema será, si resulta que la Ley 3 es inconstitucional. O sea el problema no son los jueces, el problema es la Ley.

Sepan que el Tribunal Supremo ni hizo, ni firmó la Ley 3, esto lo hizo la Legislatura y el Gobernador. La responsabilidad del Tribunal Supremo es determinar si a la luz de las disposiciones constitucionales  la Ley 3 es constitucional o no. Si la Ley la hicieron mal y viola la constitución no es culpa del Tribunal Supremo, es culpa de los que la hicieron mal. Tan sencillo como eso. Y lo único que tienen que hacer es corregir lo que hicieron mal, hacer una Ley que no sea inconstitucional y no ponerse a pelear con los Jueces del Tribunal Supremo como guapos de barrio. El problema es que no tienen la capacidad para admitir que cometen errores, por falta de conocimiento, estudio y prudencia.

En distintos estados ha pasado lo mismo. Cuando la Ley fue al Tribunal Supremo del Estado, si está bien, la confirmación si estaba mal así lo decían. La Legislatura y el Gobernador la corrigen y resuelto el problema. Aquí se ponen a pelear con los jueces. Recordemos nuevamente que cuando el Supremo en su mayoría era de nombramientos de Gobernadores populares y en la famosa sentencia de los pivazos le dieron la gobernación a Acevedo Vilá. Estos mismos populares decían entonces, que era un atentado a la democracia criticar al Tribunal Supremo. Ahora lo hace el Gobernador y no es un atentado a la democracia.

Si la Ley está mal, arréglenla, acepten que la hicieron mal y no atenten contra la independencia judicial.

Sube el tono entre Gobernador y el Supremo

14 de junio de 2013 – PolíticaPuerto Rico, – 

Al menos dos togados le salen al paso a las expresiones del Gobernador

Los jueces Rafael Martínez y Edgardo Rivera García hablaron sobre la controversia. El Vocero / Archivo / Ingrid Torres

YENNIFER ÁLVAREZ JAIMES y MARICARMEN RIVERA SÁNCHEZ
EL VOCERO

La controversia entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo (TS) salió ayer de las páginas de una decisión judicial cuando el gobernador Alejandro García Padilla, y al menos un juez asociado, hicieron expresiones públicas que evidenciaron la magnitud de la pugna.

Asimismo, García Padilla aseguró que no le preocupa y tampoco le sorprendería que se inicie un proceso para desaforarlo tras sus declaraciones en contra de la mayoría de los jueces asociados. García Padilla es abogado y se rige por los cánones de la profesión, regulados por el TS.

El Primer Ejecutivo dijo el miércoles que seis jueces de esa corte “son enemigos del País”, luego que declararon inconstitucional la Ley 18, estatuto que busca limitar al máximo foro judicial en su competencia sobre los casos que están en el Tribunal de Primera Instancia.

Al reaccionar a esas expresiones, el juez asociado Rafael Martínez Torres dijo que toma las cosas según de donde vengan. “Obvio, pero yo tomo las cosas de donde vienen”, dijo cuando se le preguntó si se sintió aludido con las expresiones del Gobernador. “Yo creo que lo que amerita es que cada cual cumpla con su responsabilidad constitucional. Nosotros interpretamos la ley, las otras ramas la aprueban y si cumplen con la Constitución, no hay ningún problema. Si no cumplen, esperamos que las otras ramas acaten su responsabilidad constitucional”, dijo el togado.

Al ser confrontado con las palabras del juez Martínez Torres, García Padilla ripostó: “Tenemos algo en común”. El mandatario rechazó que esté creando inestabilidad política al enfrentar a las ramas de gobierno, tal y como denunció el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) ante sus críticas sobre las expresiones en contra de los jueces asociados.

“Yo estoy evitando que el Tribunal Supremo cree inestabilidad. Esa Ley está aprobada y yo voy a dejarla en vigor. La inestabilidad la está creando el Tribunal Supremo y yo se lo voy a impedir”, sentenció.

“Yo juré defender la Constitución y la voy a defender, y voy a defender que el País no se vaya a ‘chatarra’, independientemente que esa sea la intención de ellos (los jueces del TS). Si el País se va a ‘chatarra’ por la acción de ellos, recaerá sobre sus hombros”, agregó en torno a la posibilidad de que la Ley 3 de Reforma del Sistema de Retiro pueda ser declarada inconstitucional por el máximo foro judicial.

Por su parte, el juez asociado Edgardo Rivera García respondió con un “jamás”, cuando se le preguntó si él es enemigo del País, como lo catalogó el Gobernador.

Su opinión sobre el asunto, dijo, “está plasmada en el voto particular. Podemos ver que lo que se esboza son todos los principios y fundamentos constitucionales que rigen nuestro fundamento constitucional”.

Tampoco contestó directamente cuando la Prensa le cuestionó si se sintió “ofendido” por las expresiones del Gobernador.

“Los jueces estamos para atender casos y controversias. Esa es nuestra responsabilidad constitucional. Fuera de eso, no debemos hacer expresiones”, indicó.

Ambos jueces participaron ayer en un foro auspiciado por la Federal Bar Association en el Caparra Country Club. Al foro acudieron además los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón. El juez Roberto Feliberti también acudió al foro, pero rechazó comentar sobre la controversia.

Marcha En Contra de los Aumentos y Abusos

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