Durante la discusión en la Cámara de Representantes del llamado proyecto Ley de Empleos Ahora, el representante novoprogresista Luis “Tato“ León Rodríguez, denunció que los incentivos en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que ofrece la medida, tendrán un impacto directo al bolsillo de los puertorriqueños. Asimismo, León Rodríguez enfatizó que estos subsidios, según la legislación, serán pagados por el Departamento de Hacienda, pero la realidad es que al final caerá sobre los hombros de los consumidores, debido a que sin determinar un término específico, Hacienda tendrá que reponer el dinero de las ayudas devengadas a la propia Autoridad.
“Como la medida presentada no especifica un tiempo exacto para que Hacienda le pague el dinero de los subsidios a la AEE, estarían obligados según su propia fórmula a cargárselo a los abonados no subsidiados de la Autoridad en un término de tres meses”, sostuvo León Rodríguez.
A esto, el representante presentó en el pleno una enmienda a la iniciativa donde especifique que “el costo de los subsidios no podrá transferirse a los abonados como parte de la fórmula de ajuste de combustible o cualquier otra fórmula que se utilice para determinar el cómputo de la factura por servicio de electricidad”.
Respectivamente, la Delegación del Partido Popular derrotó la enmienda presentada a viva voz, sin discutir el planteamiento presentado.
“Aquí, en el Proyecto 599 hay un aumento escondido en el costo de la luz y una vez más esta administración le está metiendo la mano en los bolsillos al pueblo”, puntualizó el representante.
El Vocero
Con la oposición de la minoría, la Cámara de Representantes aprobó anoche el proyecto de administración que otorgaría una tarifa preferencial por el consumo de energía eléctrica a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para permitir un ahorro de $50 millones.
Pasadas las 11:00 de la noche el cuerpo legislativo votó por la medida que fue enmendada para incluir cambios que fueron propuestos por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Sin embargo, la AEE no prevaleció en su intento de limitar la vigencia de la tarifa a tres años.
El proyecto establece que la tarifa estará vigente por los años fiscales 2014, 2015 y 2016. A partir del 2017 y sucesivamente la tarifa será de 16 centavos por kilovatio hora.
Por otro lado, la medida fue enmendada para aumentar de 20 centavos a 22 centavos el kilovatio hora como solicitó la AEE.
“La tarifa preferencial dejará de existir cuando la Autoridad de Energía Eléctrica logre que el costo de energía promedio para un año fiscal y para todo Puerto Rico sea menor o igual a 16 centavos por kilovatio hora”, según la pieza legislativa.
La medida también fue enmendada para reducir el consumo de la AAA de 800 a 750 millones de kilovatios horas anuales. Además, la AAA tendrá que pagar las facturas en un período no mayor de 15 días. El proyecto inicial establecía 20 días para el pago.
La Comisión cameral de Gobierno solo hizo una vista pública para evaluar la medida donde Juan Alicea y Alberto Lázaro reiteraron las objeciones al proyecto. La tarifa preferencial busca minimizar el impacto del aumento que iniciaría en julio.
El presidente de la Comisión, José “Cony” Varela, dijo que el proyecto “es necesario para que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no opere en déficit y sepa cuál será el costo anual y va a poder cumplir proyectos nuevos” y tendría un impacto “inmediato” porque permitiría reducir el aumento de la tarifa.
La portavoz de la minoría, Jenniffer González, dijo que lejos de ser una medida de justicia social es la “cogía de tontejo” más grande que se ha dado en este hemiciclo en los últimos seis meses.
“La delegación popular tuvo la oportunidad de subsidiar el aumento de agua y la luz, pero no lo hicieron y pretenden ahora que la gente se crea el cuento como una paleta o un chicle pal de que aquí esta Asamblea Legislativa le va a bajar el aumento que viene en julio”, señaló González.
Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, aseguró que el proyecto garantizará que el bolsillo de los puertorriqueños se vea lo menos afectado por las consecuencias de los que gobernaron al País por los pasados cuatro años.
“Si hoy las corporación públicas tienen problemas serios económicos… es porque le mintieron al pueblo puertorriqueño diciéndole que había enderezado las finanzas y salvado la casa y que iban a entregar un gobierno totalmente cuadrado”, indicó Perelló.
Por su parte, el representante novoprogresista, Johnny Méndez, presentó sin éxito una enmienda para que se obligue a la AAA de entregar un informe que establezca y certifique que está en buen estado fiscal tras la aprobación de la medida.
“Está enmienda que acaban de derrotar es una propuesta de la AEE de esta administración para asegurar lo que es la intención de la medida que se utilice el dinero para mejorar la situación de la Autoridad, pero no es lo que dice el proyecto”, indicó Méndez.
Por otro lado, la representante penepé, Lourdes Ramos, describió el proyecto como lamentable y detrimental para la AEE. Dijo además que si la AEE pierde ingresos se podría activar cláusula del Fideicomiso que obligaría a la corporación pública a aumentar la tarifa para subsanar la pérdida.
Temprano, previo a la aprobación del proyecto, la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, anticipó la aprobación de la medida.
Alicea dijo que la tarifa preferencial se logró gracias a los ahorros generará desde julio la operación con gas natural de la Unidad 5 de Costa Sur.
“En promedio (el ahorro) será de $3 y se estarían usando $2.22 para costear la tarifa preferencial a Acueductos y $1.11 se estaría pasando al cliente en el ajuste por combustible. Eso sería para un cliente promedio que consumo 800 kilovatios por hora al mes”, explicó el director de la AEE.
Alicea dijo que con los cambios en la Unidad permitirán que opere con tres tipos de combustibles. Sin embargo, descartó combinar el gas con destilado liviano porque es 40 por ciento más costoso, aseguró.
El Director de la AAA dijo que una vez se apruebe la restructuración tarifaria se evaluará establecer un tope de consumo para la tarifa preferencial que tienen los residentes de vivienda pública.
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