La organización obrera Servidores Públicos Unidos (SPU) se unió a las organizaciones que demandan al Gobierno por la llamada reforma al Sistema de Retiro, al radicar el viernes pasado un reclamo legal a nombre de 2,406 empleados de 12 agencias que buscan impugnar la Ley 3, de 2013.

Mediante el recurso radicado el pasado viernes, también se solicita que se expida una orden de interdicto preliminar y permanente y que se ordene una vista rápida, para de esta forma evitar cualquier daño a los demandantes.

“Nuestro caso es muy sólido; radicamos esta demanda muy esperanzados en prevalecer en el foro judicial y detener la implantación de la nueva Ley 3 de Retiro. En esta demanda, presentamos, en dólares y centavos, el daño que esta (ley) le ocasiona a cada uno de los 2,406 demandantes y afiliados de SPU”, explicó Annette González, presidenta del organismo, en un comunicado.

González señaló que esta demanda contiene planteamientos diferentes a los expresados en las demandas anteriores, entre los que figura el que el mencionado estatuto no estuvo enmarcado en la declaración de una emergencia fiscal, como la la Ley 7.

“En Puerto Rico, actualmente no se ha declarado emergencia fiscal alguna; por el contrario, lo que ha salido públicamente y que es reconocido por el mismo gobierno; es el historial de mal manejo de fondos del Sistema de Retiro que no es responsabilidad del empleado público”, sentenció la líder sindical.

La demanda actual, que está en manos de la abogada laboral Genoveva Valentín Soto, según detalló González, cubre a empleados bajo la Ley 447 y la Ley 1, ambas de Retiro, quienes tienen derecho a una pensión definida según sus acuerdos contractuales y la Constitución del Estado Libre Asociado, en su Artículo II, sección 7.

“Nosotros destacamos en la demanda el hecho de que la Ley 3, a diferencia de las enmiendas anteriores a la Ley 447, es una con carácter retroactivo que trastoca dramáticamente los derechos de empleados cobijados bajo esta ley. Cuando se aprueba la Ley 1 por ejemplo, se aumentan los años de servicio a 40 y se reducen algunos beneficios, pero no los eliminó como lo hace la Ley 3 mediante el sistema híbrido”, sostuvo.

González destacó que muchos de los empleados del Gobierno planificaron su retiro “con la expectativa real» de su contrato, y en muchas ocasiones rechazaron ofertas de retiro temprano ante sus planes a largo plazo.

La SPU integra empleados del Departamento de la Familia, Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de Asuntos al Consumidor, Instituto de Ciencias Forenses, Transportación y Obras Públicas, Comisión de Servicio Público, Administración de Corrección, Administración de Instituciones Juveniles, Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, Junta de Libertad Bajo Palabra, Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional.

El pasado jueves, la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) anunció que sometería durante los próximos días una demanda en el Tribunal de Primera Instancia a los mismos efectos.

Víctor Villalba, presidente de ese sindicato, señaló que el recurso legal cobijará a “miles” de empleados públicos, entre ellos, de las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de Edificios Públicos (AEP).

El lunes de la semana pasada, la jueza superior Giselle Romero García desestimó una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sometida el 8 de marzo por 68 empleados públicos, tras la aprobación de la Ley 3.

Los demandantes exigían, de igual forma, que se declarara inconstitucional dicha ley, y pedía la implantación de un interdicto preliminar para detener su implantación.

Alegaban que el estatuto era inconstitucional debido a que alteraba la relación contractual con el Gobierno y que se afectaban de forma retroactiva derechos adquiridos al amparo de la Ley 447.