“No hay dinero para pagar lo prometido, y no hay ya de dónde sacarlo”

Hace unas semanas el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó la constitucionalidad de la Ley 3-2003, el llamado ‘retirazo’. No entraremos en los méritos jurídicos de la decisión en este espacio. Tampoco entraremos en los méritos sustantivos del ‘retirazo’. Existen argumentos válidos para apoyar u oponerse tanto a la decisión judicial como a la legislación.

Lo que sí discutiremos brevemente es lo que esta medida legislativa significa para nosotros como Pueblo. Por décadas, tal vez por siglos –desde la misma colonización española– los puertorriqueños hemos colectivamente basado nuestro bienestar en algún tipo de dependencia del Estado. A medida que el Estado fue democratizándose, los gobernantes ofrecían ‘villas y castillas’ a los constituyentes como método de obtener sus votos para llegar al poder gubernamental. Uno de esos constituyentes cautivos de los gobernantes eran los empleados públicos, a quienes no solamente se les ofrecía un trabajo ‘seguro’, sino un plan de pensión definido buenísimo. Y era buenísimo porque los beneficios que ofrecía no guardaban relación con la aportación que hacían tanto los empleados como el patrono. Es decir, el Sistema de Retiro de los empleados públicos nunca tuvo dinero para cumplir con los beneficios prometidos por los políticos. Eso fue designio del PPD, partido que organizó el sector público a su antojo entre las décadas del 1940 al 1960.

Tras el advenimiento del PNP al ruedo político, la competencia por el poder gubernamental se arreció y se viró la tortilla. Entonces los políticos se convirtieron en cautivos de sus constituyentes, en particular de los empleados públicos, al extremo que la inmensa mayoría del ejército electoral de cada partido principal viene de la nómina gubernamental. Así las cosas y para compensar los bajos salarios, uno de los ‘dulces’ que se les ofrecieron a los empleados públicos fue la promesa de más beneficios de retiro, pero sin hacer la correspondiente aportación de fondos para cumplir con esos beneficios. Hubo administraciones de ambos partidos que intentaron disminuir el menoscabo y el deterioro de los sistemas de retiro de empleados públicos (especialmente Rosselló, y en menor grado, Hernández Colón), pero la brecha era tal que era cuestión de tiempo que confrontáramos la realidad: no hay dinero para pagar lo prometido, y no hay ya de dónde sacarlo, sea vía financiamiento, mayor rendimiento de las inversiones o aumento de impuestos.

Ya con la Ley 7-2009 se le había dicho al Pueblo esa realidad. Pero por la politiquería y demagogia, un gran segmento de la población prefirió ignorar el mensaje y enajenarse con cuentos de hadas. Ahora, con la Ley 3-2013, los incrédulos o demagogos de entonces empiezan a aceptar la realidad.

Como Pueblo es hora de que dejemos de creer lo que queremos oír por hacernos sentir bien. Es hora de que nosotros mismos hagamos nuestra propia matemática de lo que tenemos y podemos tener basados en nuestros recursos económicos. No hacerlo sería no aprender de esta dura lección de matemática que han vivido y vivirán nuestros servidores públicos.