NR – Los que dirigen a AGP son Neo-Comunistas entrenados en Cuba/Venezuela enemigos de la Libre Empresa y el derecho a la propiedad privada. Por eso han estado PARALIZANDO todas las iniciativas empresariales.
El Artículo 3 de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) establece que esa agencia se creó para, entre otros propósitos, “frenar las tendencias inflacionarias” y “el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo”. De esa forma se institucionalizaron dos graves errores: (1) que para reducir precios el gobierno debe controlarlos, y (2) que el DACO es la agencia de gobierno más importante en la lucha contra la inflación.
Un principio básico de economía postula que los precios se establecen a base de la interacción de las fuerzas de oferta y demanda. La oferta viene de los productores de bienes y servicios, quienes procuran maximizar sus ganancias tratando de vender el mayor número de unidades al precio más alto posible. La demanda surge de los consumidores, quienes tratan de pagar el menor precio posible y tienden a comprar la mayor cantidad de unidades mientras más bajo sea el precio. En esa dinámica, los productores tratan de arrebatarle ventas a sus competidores bajándole el precio a los productos y servicios, para así ser favorecidos por los consumidores. Esa competencia es la que produce los precios más bajos posibles.
Como los gobiernos no conocen los mercados con igual profundidad que sus participantes, al implantar un control de precios es altamente probable que ocurra uno de dos desenlaces negativos. En primer lugar, podría establecerse un precio demasiado alto, en cuyo caso los productores tendrían mayores ganancias de las que obtendrían en un mercado competitivo, como parece ser el caso, por ejemplo, del gas licuado en Puerto Rico. En segundo lugar, el precio fijado podría ser muy bajo, lo cual podría llegar a causar la escasez del producto o servicio en cuestión de no resultarles rentable a sus productores dedicarse a la venta del mismo, como ocurre cada vez que nos azota un huracán y se congelan precios.
El proceso de oferta y demanda tampoco opera adecuadamente cuando existen condiciones monopolísticas. En esos casos, no existen suficientes suplidores para lograr que la competencia reduzca precios.
Para evitar condiciones monopolísticas en los mercados, el Departamento de Justicia cuenta con una Oficina de Asuntos Monopolísticos. Lamentablemente, es difícil recordar cuándo fue la última vez que esa oficina tuvo alguna intervención dirigida a eliminar las muchas prácticas monopolísticas que abundan en Puerto Rico.
En la lucha contra la inflación, debido a sus efectos adversos, el gobierno no debe controlar precios. En su lugar, debe enfocarse en garantizar que los mercados operen lo más libremente posible. En esa batalla, el Departamento de Justicia es más importante que DACO. En la realidad, sin embargo, ocurre todo lo contrario y el grueso de las acciones del gobierno para combatir la inflación giran en torno al control de precios. Como resultado, los precios suben, los productores ven sus ganancias garantizadas y el pueblo, como siempre, sufre las consecuencias.
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