WASHINGTON – La aprobación en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos del plan de status del presidente Barack Obama debe interpretarse como un “gran logro” del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, según el grupo Latino Partnership for Conservative Principles.

“Mientras algunos de sus correligionarios lo único que han hecho es criticarlo por su estrategia para adelantar la discusión del estatus en Washington, el comisionado se ha enfocado en buscar resultados concretos, logrando que se aprobara este mandato federal, que representa posiblemente lo mas que hemos podido conseguir en nuestra historia colonial en términos de comprometer al gobierno federal en la solución del problema del status”, indicó el puertorriqueño Alfonso Aguilar, director ejecutivo del grupo.

Para Aguilar, quien fue portavoz del entonces gobernador Pedro Rosselló y director de la Oficina de Ciudadanía durante el gobierno del presidente George W. Bush, el liderato estadista debe apreciar “este gran triunfo del comisionado” y darse cuenta “del potencial que tiene esta legislación para adelantar la causa de la descolonización de la Isla”.

El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer el plan del presidente Barack Obama, que persigue, si el gobierno de Puerto Rico lo acepta, supervisar ligeramente un posible nuevo plebiscito sobre el status de la Isla.

La limitada propuesta de Obama fue incluida en el proyecto de asignaciones que contiene el presupuesto 2014 del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que luego pasará a la consideración del pleno de la Cámara baja federal.

La legislación, sin embargo, quedaría fuera de la versión del Senado, por lo que será necesario armonizar ambas propuestas.

De todos modos, el mayor problema que tiene el plan de Obama es la posibilidad de que, como en los pasados cuatro años, el Congreso no se ponga de acuerdo en torno al presupuesto y tenga que recurrir a mantener las mismas asignaciones fiscales actuales que tiene el Departamento de Justicia federal.

En el proyecto de ley se asignan $2.5 millones para ayudar a financiar una campaña educativa y la administración de un nuevo plebiscito de alternativas de status en la Isla.

Mientras, en el informe, se señala que ese dinero no podrá ser asegurado hasta que el Departamento de Justicia “le notifique al Comité de Asignaciones que aprueba el plan de gastos de la Comisión Estatal de Elecciones para educación al elector y la administración del plebiscito, incluyendo la aprobación de la boleta electoral”.

“Esta notificación debe incluir una precisión de que los materiales educativos para los electores, la boleta electoral y los materiales relacionados no son incompatibles con la Constitución, las leyes y la política pública de Estados Unidos”, indica el informe.