El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pedro Pierluisi, catalogó este domingo como un “tapaboca” al gobierno del Estado Libre Asociado la determinación del Departamento de Salud de los Estados Unidos de no excluir a Borinquen del acceso garantizado de individuos a un plan médico como lo ordena la reforma federal.

“Tengo que decir que me agrada que el gobierno federal le dio un tapaboca (al gobierno de Alejandro García Padilla). Que le dijo: ‘No señor, ustedes ya pidieron acceso a la reforma de salud. ¿Cómo es posible que ahora estén pidiendo que los saquemos?”, expresó el también presidente el Partido Nuevo Progresista (PNP) en una conferencia de prensa en la sede de la colectividad en San Juan.

Según publica El Nuevo Día en su edición dominical, en una carta enviada el 7 de mayo pasado, a la estadounidense secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, la comisionada de Seguros de Puerto Rico, Angela Weyne, junto a representantes de Islas Vírgenes, Islas Marianas del Norte y Guam, defendió la iniciativa argumentando que el apartado de la ley federal dirigido a impedir que se le niegue un plan médico a personas con condiciones previamente diagnosticadas afectaría adversamente el mercado de seguros.

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La agencia estadounidense, por su parte, rechazó la petición el pasado 12 de julio, y advirtió que le corresponde al Congreso cualquier enmienda a la reforma de salud.

Pierluisi, quien estuvo acompañado por el secretario del PNP, José “Pichi” Torres, afirmó que “estar hablando de aumentos así extraordinarios en las primas de seguros médicos en Puerto Rico es alarmante y no es realista. Las primas se establecen a base de las realidad del mercado. El mercado no aguanta aumentos de esa naturaleza”.

“Esto no es como que las aseguradoras pueden aumentar las primas de la noche a la mañana y perder clientela. Eso no funciona así”, agregó el dirigente PNP, quien describió la iniciativa del gobierno local como una “desatinada” e “insensible”, y repudió que se hiciera a sus espaldas.

“Si me hubieran consultado, yo les hubiera podido explicar que nosotros pedimos acceso a todas esas protecciones al consumidor porque sí. Hay que defender a las personas necesitadas, esa es la labor del gobierno en gran medida”, afirmó Pierluisi.

A juicio del funcionario, el gobierno puertorriqueño cedió ante los reclamos del sector de seguros privados sin cuestionarlos y sin pensar en los ciudadanos que se verían privados de un plan de salud.

“Si la preocupación es que personas que tienen enfermedades estarían buscando seguros cuando antes no lo hacían y eso puede aumentarle la exposición de riesgo a las aseguradoras, pues ahí lo que tiene que hacer el gobierno es buscar la manera de incentivar que más personas obtengan un seguro médico… Eso lo pueden logar de diversas maneras, puedes darles incentivos a los patronos, por ejemplo, créditos contributivos, ya bien pudieras establecer un mandato a nivel local, pudieras buscar la manera de subsidiar algunas de esas cubiertas a persona que no tienen ingresos, pero tienen que ser creativos”, puntualizó Pierluisi.

Por su parte, la representante del PNP, Jenniffer González, pidió la renuncia inmediata de la Comisionada de Seguros y reclamó al gobernador Alejandro García Padilla que rinda cuentas por la gestión que hizo su administración junto a otros tres territorios de los Estados Unidos.

González afirmó que, durante la campaña electoral, García Padilla apoyó las iniciativas del presidente estadounidense Barack Obama, incluida la reforma de salud, y dijo que requerir que se excluya a la Isla de la disposición del estatuto federal que prohíbe que se le niegue a cualquier persona un seguro de salud equivaldría a promover el discrimen contra algunos ciudadanos.

«En vez de velar por los intereses de todos los individuos y promover un ambiente sin discrimen, (Weyne) se queja y hasta amenaza que si esta cláusula no se elimina, aumentaría las primas, lo que haría menos accesible las coberturas médicas a aquellos quienes ya gozan de ella”, planteó por escrito González, portavoz de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes.

En Puerto Rico

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, anunció el sábado que lanzará una investigación sobre las alegaciones de que la administración de Alejandro García Padilla intentó eliminar algunas disposiciones de la reforma de salud federal, conocida como “Obamacare”, incluyendo la regulación que obliga a toda empresa de seguros de salud, incluyendo al gobierno, a brindar cubierta a toda persona, sin distinción de condición preexistente, que no lo tenga.

Aponte Hernández también reclamó claridad por parte del primer ejecutivo sobre estas imputaciones y anunció el envío de una comunicación a la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, Kathleen Sebelius, para identificar las movidas hechas por el presente gobierno.

“Nos ha llegado información que la administración de turno ha realizado gestiones, otra vez a espaldas del pueblo como es su costumbre, para eliminar algunas de las cláusulas del Patient Protection and Affordable Care Act, sin consultarlo ni informarlo a los ciudadanos. Hoy estamos exigiendo al Gobernador que aclare estas denuncias y nos informe la naturaleza de sus peticiones destinadas a despojar a miles de Puertorriqueños de los servicios de un plan de salud”, indicó el líder estadista a través de un comunicado de prensa.

Las denuncias realizadas por el expresidente cameral surgen durante la conmemoración del natalicio del prócer Puertorriqueño, doctor José Celso Barbosa, quien, además de ser político de avanzada, fue medico practicante y en muchas ocasiones ofreció sus servicios a la ciudadanía libre de costo.

“Mientras Barbosa luchó toda su vida para que los Puertorriqueños alcanzáramos la igualdad, incluyendo en los servicios médicos, el Partido Popular Democrático hace lo contrario. En cuartos oscuros y sin anunciarlo a nadie, van a la capital federal para quitarle a los ciudadanos de Puerto Rico unos derechos ya adquiridos. Les están quitando el derecho a la salud y la oportunidad de contar con un seguro médico”, señaló el representante por acumulación.

Aponte Hernández también adelantó que en los próximos días radicará una resolución para investigar las alegaciones que han surgido, y espera que la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes atienda el reclamo con premura.

“Queremos saber si la Comisionada de Seguros del Gobierno, Ángela Weyne, inició gestiones para que saquen del plan médico Mi Salud a miles de Puertorriqueños de escasos recursos económicos. Según nuestra información, fue ella quien en mayo se comunicó con la oficina de Sebelius para solicitar la exclusión de la Isla en varias provisiones de la reforma. Si esto fuera cierto, Weyne tendrá que dimitir a su puesto inmediatamente”, enfatizó el otrora secretario general del Partido Nuevo Progresista.

Actualmente Mi Salud, el programa de seguros de salud gubernamental, cubre alrededor de 1.6 millones de vidas en todo Puerto Rico. El programa, cuyo costo anual ronda los $2 mil millones, es subsidiado casi completo por fondos federales a través de la Reforma.

Jenniffer González exige la renuncia de la comisionada de Seguros

Administración de García Padilla intentó que se excluyera a 400,000 de la garantía de acceso a un plan médico

Por ELNUEVODIA.COM