“La crítica situación fiscal de la Universidad se complica con la posposición por un año del aumento de un 4% en la matrícula para los estudiantes de nuevo ingreso”

Los cambios abruptos y destemplados implementados por la actual administración de Alejandro García Padilla en la Universidad de Puerto Rico en sus primeros siete meses de gobierno, han propiciado una situación altamente explosiva de estrechez fiscal, caos administrativo y desestabilización que tarde o temprano le puede costar la acreditación a nuestro primer centro docente.

Por consideraciones puramente politiqueras eliminó la cuota de estabilización que le generaba un ingreso propio de por lo menos $40 millones anuales a la institución. Contraviniendo los señalamientos de las casas acreditadoras en el sentido de que la Universidad debía reducir su alta dependencia de fondos del Estado, manteniendo y expandiendo sus fuentes de ingreso propios. La eliminación de la cuota resultó en la degradación a ‘chatarra’ de los bonos del sistema universitario, limitando seriamente su capacidad de emitir deuda para financiar la reparación, mantenimiento, renovación y expansión de su deteriorada y dilapidada infraestructura física y tecnológica.

La crítica situación fiscal de la Universidad se complica con la posposición por un año del aumento de un 4% en la matrícula para los estudiantes de nuevo ingreso, privándole a las arcas universitarias de $2.5 millones anuales de nuevos ingresos propios. Si además consideramos que el compromiso de esta administración de asignar $70 millones adicionales del Fondo General al presupuesto de la universidad del Estado durante el presente año fiscal –predicado en el supuesto de que se van a materializar los recaudos de aproximadamente $1,500 millones que generarían las nuevas medidas impositivas– se encuentran bajo serio cuestionamiento a la luz de la profundización de la actual contracción económica que los nuevos impuestos provocarán, nos percatamos de que no se visualiza una salida a la precaria situación fiscal universitaria en el corto o mediano plazo.

El asalto político partidista destemplado a nuestro primer centro docente, en burda violación a la siempre precaria y limitada autonomía universitaria, ha propiciado múltiples disloques caóticos y eventos desestabilizadores. La consiguiente pérdida de memoria institucional ha resultado en un caos administrativo, evidenciado por entre otros eventos en la sustitución del proceso de prematrícula por Internet por uno manual, la desorganización en la matrícula de los de nuevo ingreso y la notificación con dos meses de retraso a la Junta de Calidad Ambiental de la presencia de asbesto en la Facultad de Estudios Generales a unos días del comienzo de clases. Con consecuencias logísticas caóticas. Además, la Middle States ha iniciado una investigación con respecto a lo relacionado a la gobernanza universitaria.

Y como si fuera poco, se le condonan las sanciones a los que agredieron a la exrectora Ana Guadalupe y al Jefe de Seguridad del Recinto de Río Piedras, enviando el claro mensaje de que la Universidad es tierra de nadie donde la violencia y la agresión son condonadas. Los cierres forzosos, la destrucción de propiedad universitaria, las agresiones a estudiantes, profesores y funcionarios universitarios es cuestión de tiempo para que vuelvan a florecer. La acreditación peligra.

Seguirá cerrado Estudios Generales

JCA no permitió que los trabajos iniciaran ayer debido a deficiencias en el plan sometido por el recinto

El urgente trabajo de análisis de asbesto en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPR-RP) no comenzó ayer por deficiencias en el plan sometido a la Junta de Calidad Ambiental (JCA), mientras aumentó a 40 la cifra de empleados posiblemente expuestos al asbesto.

El Plan de Muestreo que sometió la administración de la UPR, Recinto de Río Piedras, no especificó el orden de trabajo a realizarse, como le requirió la agencia.

La UPR-RP tampoco ha cumplido con enviar un informe sobre cómo ocurrieron los hechos que dieron pie a la emergencia de contaminación del edificio. Esa información es importante para que la agencia determine el nivel de responsabilidad de la institución universitaria y las personas a cargo, aunque la presidenta de la JCA, Laura Vélez, ha insistido en que por el momento solo está enfocada en trabajar con la emergencia.

Mientras, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) “no considera entrar en este momento”, expresó el director ejecutivo de la división de Puerto Rico y el Caribe, José Font, y solo brindará apoyo a la JCA “para devolver el edificio a uso beneficioso”.

Font indicó que la determinación de multar o penalizar por posibles violaciones está en manos de la JCA, pero la EPA, de manera simultánea, envía un sinnúmero de cartas para pedir información sobre los hechos que condujeron a la contaminación.

Para la rectora Ethel Ríos no se trata de buscar responsables y ya identificó que necesita más técnicos ambientales y personal especializado en esa área.

Aunque Font no tiene detalles del alcance de fondos que se tenga que invertir, rutinariamente estos proyectos de limpieza rondan entre los cientos de miles, a sobrepasar el millón de dólares.

Plan incompleto
La Presidenta de la JCA confirmó que recibió el plan de muestreo y la revisión del programa de manejo de estructuras de la Universidad ayer a las 9:45 am e inmediatamente personal de la agencia comenzó a evaluarlo para ver si de manera expedita se podía comenzar con el plan de muestreo para ir liberando las áreas donde se determine que la presencia del contaminante se encuentra en los valores permitidos.

Sin embargo, los técnicos hicieron varios señalamientos de aspectos que no estaban incluidos en el plan, como las fases en que se efectuarán las muestras. La administración tiene que contestar los comentarios de la JCA y una vez sean aprobados, podría comenzar el muestreo. “El personal técnico lo que quiere es certeza en el orden de los trabajos”, manifestó Vélez.

La rectora indicó que todo estaba listo para comenzar el muestreo, pero si la JCA hacía modificaciones, cambiaban los planes. “He autorizado la contratación de técnicos adicionales para que las muestras se puedan tomar más rápido”, manifestó Ríos.

También tiene entre sus planes hacer una reunión con los empleados presuntamente expuestos al asbesto para conocer su versión de lo que ocurrió. Más adelante podría entrevistar a otras personas, dijo a la Prensa.

Ayer tampoco pudo precisar detalles de cuando empezó la remodelación. Mencionó que en marzo unos empleados estaban cambiando las lámparas y se reportaron al Fondo del Seguro del Estado porque en ese proceso se removió un plafón que presuntamente los expuso al asbesto.

Franklin Lopez ‏@trueblue5127 abr

@pedropierluisi Quieren saber el trasfondo de ka investigación Federal a la UPR comenzando con el Hno de AGP? – http://ow.ly/kucXL 

Innecesaria Ley ni Asamblea Constituyente – Embeleco de AGP q el PIP para allegarse «Soberanistas» Respalda?
http://ht.ly/nPctG