El procurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, entabló una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla por discrimen político y pidió una orden de protección contra una serie de funcionarios que, según alega, intentan impedir que cumpla con las funciones para las que fue nombrado.

La confrontación directa surge poco después que gobernador nombrara a Ramón Calzada Jiménez como procurador interino de la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI). El gobernador justificó el nombramiento amparándose en la Ley 78 de 2013, que él mismo firmó en julio de este año.

“En el momento en que juramenté lo hice para 10 años y estoy disponible para ocupar el cargo. Es lamentable que no nos hayan dado el debido proceso de ley ni tan siquiera una entrevista para conocer nuestra hoja de trabajo”, afirmó ayer Díaz Carrasquillo en la oficina que aún ocupa en Miramar.

Según Díaz Carrasquillo, nunca fue notificado oficialmente de que sería relevado del puesto. Contó que el viernes miembros del comité de transición le pidieron verbalmente que entregara su identificación, las llaves y los accesos a la oficina. Él se negó.

La demanda con la que Díaz Carrasquillo busca retener su silla fue presentada en la tarde del martes e incluye como demandada a la exprocuradora y actual senadora Rossana López León (autora de la Ley 78) y a funcionarios del comité de transición.

El procurador de la OPPI alega discrimen político y violaciones a sus derechos civiles y al debido proceso de ley ya que entiende su salida de la agencia no procede en derecho.

Junto a la demanda se pidió una orden de protección y un interdicto para que el poder ejecutivo no le impida ocupar la oficina del procurador y ejercer sus funciones. El juez Daniel Domínguez fue asignado al caso.

“Él va a estar en la oficina hasta que lo despidan”, aseguró su abogado, el licenciado Jean Philip Gauthier. “El gobernador está facultado (para destituirlo) pero tiene que seguir el debido procedimiento y el procedimiento de la Ley 78 es el mismo de la ley 1 de 2011”, planteó.

Controversia legal29 de agosto de 2013

Procurador del impedido desafía intención de sacarlo
Demanda al gobierno por discrimen político. Vídeo

El procurador Iván Díaz Carrasquillo entiende que la nueva ley lo único que busca es sacarlo de su silla.
Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com
El procurador de las Personas con Impedimentos, Iván Díaz Carrasquillo, entabló una demanda contra el gobernador Alejandro García Padilla por discrimen político y pidió una orden de protección contra una serie de funcionarios que, según alega, intentan impedir que cumpla con las funciones para las que fue nombrado.

La confrontación directa surge poco después que gobernador nombrara a Ramón Calzada Jiménez como procurador interino de la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos (OPPI). El gobernador justificó el nombramiento amparándose en la Ley 78 de 2013, que él mismo firmó en julio de este año.

“En el momento en que juramenté lo hice para 10 años y estoy disponible para ocupar el cargo. Es lamentable que no nos hayan dado el debido proceso de ley ni tan siquiera una entrevista para conocer nuestra hoja de trabajo”, afirmó ayer Díaz Carrasquillo en la oficina que aún ocupa en Miramar.

Según Díaz Carrasquillo, nunca fue notificado oficialmente de que sería relevado del puesto. Contó que el viernes miembros del comité de transición le pidieron verbalmente que entregara su identificación, las llaves y los accesos a la oficina. Él se negó.

La demanda con la que Díaz Carrasquillo busca retener su silla fue presentada en la tarde del martes e incluye como demandada a la exprocuradora y actual senadora Rossana López León (autora de la Ley 78) y a funcionarios del comité de transición.

Intentan sacar al procurador de personas con impedimentos

Iván Díaz Carrasquillo indica que la manera que La Fortaleza está intentando destituirlo es «un proceso atropellado»

El procurador de la OPPI alega discrimen político y violaciones a sus derechos civiles y al debido proceso de ley ya que entiende su salida de la agencia no procede en derecho.

Junto a la demanda se pidió una orden de protección y un interdicto para que el poder ejecutivo no le impida ocupar la oficina del procurador y ejercer sus funciones. El juez Daniel Domínguez fue asignado al caso.

“Él va a estar en la oficina hasta que lo despidan”, aseguró su abogado, el licenciado Jean Philip Gauthier. “El gobernador está facultado (para destituirlo) pero tiene que seguir el debido procedimiento y el procedimiento de la Ley 78 es el mismo de la ley 1 de 2011”, planteó.

Controversia legal

En esencia Díaz Carrasquillo entiende que está siendo destituido.

Su nombramiento, sin embargo, fue hecho al amparo del Plan de Reorganización Número 1 del 2011 que creó la Oficina de Administración de las Procuradurías. Este Plan derogó las leyes orgánicas originales de las oficinas de los procuradores.

Las nuevas leyes firmadas por García Padilla, incluida la 78, restablecen como dependencias independientes la OPPI y las procuradurías del Veterano, de la Salud y de las Personas de Edad Avanzada. Las nuevas leyes derogan el Plan de Reorganización y fueron redactadas como ordenamientos orgánicos por lo que, en esencia, son leyes que crean las agencias de nuevo, lo que usualmente incluye nuevos nombramientos en las posiciones de dirección.

Díaz Carrasquillo señaló que en el 2011, cuando se implantó la reorganización, ya el término del nombramiento del procurador anterior había expirado. Ahora, sin embargo, el puesto está ocupado.

“Cualquier ley nueva que dentro de su cuerpo diga que deroga una ley anterior y no deja viva ninguna sección de esa ley, definitivamente prevalece mientras no contenga disposiciones que al ser evaluadas por un tribunal este determine que son anticonstitucionales… No es un despido”, analizó Osvaldo Toledo, expresidente del Colegio de Abogados.

Toledo, sin embargo, señaló que podría haber una controversia jurídica si se logra demostrar que la intención legislativa era remover a Díaz Carrasquillo de la dependencia y no reformarla.

“La única motivación que hay detrás de la legislación es destituir. La nueva ley no impacta de ninguna manera la posición de Iván. Todos los empleados de la vieja oficina de la procuraduría de personas con impedimentos (que fueron enviados a la OAP) pasan a ser ahora de la nueva oficina”, dijo, por su parte, Gauthier.

Ayer, Calzada Jiménez, quien estaba en una oficina a puerta cerrada, no aceptó ser entrevistado. Al cierre de esta edición tampoco estuvo disponible para reaccionar la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi.

En esencia Díaz Carrasquillo entiende que está siendo destituido.

Su nombramiento, sin embargo, fue hecho al amparo del Plan de Reorganización Número 1 del 2011 que creó la Oficina de Administración de las Procuradurías. Este Plan derogó las leyes orgánicas originales de las oficinas de los procuradores.

Las nuevas leyes firmadas por García Padilla, incluida la 78, restablecen como dependencias independientes la OPPI y las procuradurías del Veterano, de la Salud y de las Personas de Edad Avanzada. Las nuevas leyes derogan el Plan de Reorganización y fueron redactadas como ordenamientos orgánicos por lo que, en esencia, son leyes que crean las agencias de nuevo, lo que usualmente incluye nuevos nombramientos en las posiciones de dirección.

Díaz Carrasquillo señaló que en el 2011, cuando se implantó la reorganización, ya el término del nombramiento del procurador anterior había expirado. Ahora, sin embargo, el puesto está ocupado.

“Cualquier ley nueva que dentro de su cuerpo diga que deroga una ley anterior y no deja viva ninguna sección de esa ley, definitivamente prevalece mientras no contenga disposiciones que al ser evaluadas por un tribunal este determine que son anticonstitucionales… No es un despido”, analizó Osvaldo Toledo, expresidente del Colegio de Abogados.

Toledo, sin embargo, señaló que podría haber una controversia jurídica si se logra demostrar que la intención legislativa era remover a Díaz Carrasquillo de la dependencia y no reformarla.

“La única motivación que hay detrás de la legislación es destituir. La nueva ley no impacta de ninguna manera la posición de Iván. Todos los empleados de la vieja oficina de la procuraduría de personas con impedimentos (que fueron enviados a la OAP) pasan a ser ahora de la nueva oficina”, dijo, por su parte, Gauthier.

Ayer, Calzada Jiménez, quien estaba en una oficina a puerta cerrada, no aceptó ser entrevistado. Al cierre de esta edición tampoco estuvo disponible para reaccionar la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi.

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Jenniffer González Colón alegó que las acciones son meramente por razones políticas

Como atropellantes y dictatoriales calificó la expresidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, las acciones de Fortaleza con los puestos de los procuradores, que según esta son meramente por razones políticas.

“Este es el Gobierno de la persecución. Ya han desmantelado 16 entidades por haber sido nombradas por pasados gobernadores, un hecho único en nuestra historia política. Ahora ejecutan una ley que no estaba presupuestada y que desprotege al ciudadano al quitarle poderes de fiscalización a las procuradurías. Con esta acción, elGobierno del partido popular discrimina contra las personas de edad avanzada, los pacientes, las personas con impedimento y los veteranos lo que conllevará consecuencias adversas al deber del Gobierno de velar por el bienestar de la ciudadanía”, denunció la también portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara.

González Colón contrastó las acciones de la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) y de la actual administración popular referentes a las procuradurías; reiteró el compromiso del PNP de ajustar las finanzas del país al crear la consolidación de las procuradurías que conllevó ahorros y de velar por los derechos de la ciudadanía al otorgarle garras a estos entes, otorgándoles mayores poderes de fiscalización. La legisladora aseguró que esto contrario al Partido Popular “cuya improvisación procesal los lleva a aprobar legislación que le costará al país 15 millones de dólares los cuales no fueron presupuestados”.

Añadió que las nuevas procuradurías no tendrán un poder significativo de fiscalización ya que las nuevas leyes les limitan su alcance, desamparando a la clientela de estas agencias.

González Colón explicó algunas consecuencias al ponerse en vigor el plan de gobierno de desmantelar las procuradurías tal y como están ahora. La Oficina del Procurador de la Salud perderá las garras de esa oficina, pues la nueva ley le resta  poderes para fiscalizar servicios de salud a nivel privado, lo cual le elimina su jurisdicción fiscalizadora al 55 por ciento de la población del País, los que tienen seguro privado, los pacientes de la Administración de Compensación de Accidentes de Automóviles (ACAA), los del Fondo del Seguro del Estado y los de Medicare.

Indicó también que se queda en el aire la multa impuesta a MCS por su abrupta salida del Programa Mi Salud que se encuentra en el Tribunal de Apelaciones (1.2 billones de dólares). Triple-S ya notificó que debido a la nueva ley 77-2013, y la pérdida de jurisdicción fiscalizadora sobre los planes privados, ya no va a contestar las multas y querellas en proceso, referentes a los  planes privados. Esta nueva ley 77-2013 reduce los topes de multas de 10,000 a 5,000 dólares.

Por otro lado, denunció que el trastoque en la Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad provocará que esta oficina pierda sus “garras fiscalizadoras” pues la nueva ley le resta  poderes para fiscalizar a los planes privados de anualidades o de retiro.

“Los cambios realizados a las procuradurías, incluyendo la limitación de jurisdicción, no son lo suficientes como para justificar la supuesta creación de nuevas entidades y así justificar la salida de estos procuradores que le han servido bien a Puerto Rico. Los procuradores van a prevalecer en sus casos en los tribunales”, señaló.

Ya los procuradores de la Salud y del Veterano, Carlos Mellado y Agustín Montañéz, respectivamente, anunciaron que impugnarán sus destituciones en el tribunal.

Por su parte, la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila insistió, en entrevista radial (NotiUno), que los procuradores no fueron destituidos de sus cargos a pesar que se anunció el nombramiento de nuevos procuradores interinos.