Denuncian permanencia de Pesquera se logró a un precio demasiado alto

Yennifer Álvarez Jaimes y Miguel Rivera Puig
EL VOCERO

La Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés) cuestionó que el gobernador Alejandro García Padilla otorgara un contrato por servicios a Héctor Pesquera y lo designaran asesor de seguridad de La Fortaleza en vez de nombrarlo superintendente de la Policía.

El director ejecutivo de la ACLU en Puerto Rico, William Hernández, dijo a EL VOCERO que el nombramiento mediante contrato crea inestabilidad en la Uniformada y opinó que un puesto tan importante debería ser un nombramiento oficial en el Gabinete del Ejecutivo.

Precisamente, este rotativo indagó con el Primer Ejecutivo sobre las razones para reclutar a Pesquera mediante contrato y no como cualquier otra miembro del Gabinete. García Padilla reconoció que la contratación se hizo así para evitar el tope de $90 mil al año que se le impone al cargo de superintendente.

Pese a que todavía no se ha hecho público el contrato de Pesquera, el mandatario dijo que ganaría lo mismo que le otorgó la pasada administración, pero sin incluir la partida de reembolsos por gastos de lavandería. Pesquera es el funcionario mejor pago de la administración y su pasado contrato otorgaba $144,542.58 de salario y $34,232.39 de beneficios marginales, que incluyen un plan médico de $14,454.

Ante esto, Hernández cuestionó el alto salario que se le paga al funcionario cuando al momento se desconoce en detalle el plan anticrimen para el País.

“El propio Pesquera contribuyó en la última conferencia de prensa a crear incertidumbre porque de nuevo repite que en algún momento se irá por razones obvias, entonces deja abierta la posibilidad de que todavía puede irse y ante una reforma policial en agenda y un problema de criminalidad, que aunque diga que bajó nadie se lo cree; estos comentarios son un problema”, sentenció el director ejecutivo de la ACLU en entrevista telefónica.

Sin embargo, la permanencia de Pesquera en la silla de la Uniformada tiene una razón de ser, sostuvo Diego Figueroa, presidente del gremio policiaco Frente Unido de Policías Organizados (FUPO). Este indicó que la misma responde a unos “trabajos grandes” que están realizando las agencias federales en Puerto Rico.

“No dudo de sus capacidades. Sabe mucho de investigación criminal. Está aquí porque hay unos trabajos pendientes grandes con las agencias federales, él es quien los conoce y se están bregando trabajos bien grandes y gente importante”.

Mientras, para Jaime Morales, director ejecutivo del también gremio policial Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), “el cambio de parecer a última hora no sabemos a qué corresponde”.

Muchos en la Uniformada aseguraban que los días de Pesquera en la Policía tenían fecha, pero eso no sucedió.

No obstante, dijo que lo importante es que se trabaje con las condiciones de los policías. “Nuestra posición es que se va a quedar por un año o el resto del cuatrienio, y tiene que cumplir las expectativas de los agentes, entre ellas tratar de resolver el asunto económico porque esa es la misión. Resolver los más de $300 millones que le deben a los agentes”.

Para Figueroa la prioridad es cómo la Policía pagará los $325 millones que le adeudan a agentes y ex agentes por concepto de aumentos, años de servicio y ajustes salariales.

De otra parte, Figueroa dijo que el Gobierno federal no aportará dinero para ayudar a pagar la deuda salarial, y que el acuerdo de la Policía con el Departamento de Justicia federal (DOJ) “lo negociaron sin darle oportunidad a la Policía de que se defendiera”.

Según el líder policial, el 85% de los agentes mencionados como violadores de derechos civiles en el informe del DOJ resultó absuelto en tribunales o en investigaciones administrativas.

Sin ajustes el sueldo de Pesquera

Foto EL VOCERO/ Alvin J. Báez