La representante Lourdes Ramos acusó al gobierno de Alejandro García Padilla de haberle quitado los derechos a los servidores públicos y jubilados del ELA en una noche, mientras tardó seis meses en decidir que no demandaría a UBS por la pérdida de 2,000 millones de dólares en el Sistema de Retiro.
La legisladora, quien lideró una investigación minuciosa sobre las causas que llevaron a la debacle en Retiro tras la fallida emisión de 3,000 millones de dólares en bonos manejados, administrados y vendidos por UBS, dijo que resulta “inmoral” que la firma de inversiones se haya lucrado a sabiendas que llevaba a la bancarrota los activos e inversiones de toda la vida de los servidores públicos, y que gracias a García Padilla salga por la puerta ancha.
Ramos reaccionó ante la denuncia en redes sociales de que influyentes amigos de la actual Administración fueron la base para la negativa del gobierno a demandar a UBS.
La líder estadista recordó que desde el principio del cuatrienio se veía una mano oscura impidiendo que Puerto Rico se uniera a la demanda del gobierno federal contra UBS, cuando al discutirse los cambios a Retiro, una enmienda de Charlie Hernández para facilitar que grupos se unieran a la demanda, fue derrotada por Eduardo Bhatia y su equipo en el Senado.
Ramos dijo que es evidente que la prioridad del Gobernador no es el Pueblo, sino, complacer a inversionistas del PPD, grupos de poder y las casas acreditadoras, que ahora le “valen más” que el sufrimiento de los empleados públicos.
Mencionó que su investigación legislativa, en poder del Departamento de Justica, de la Fiscalía Federal y de la Comisión de Intercambio de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), es la mejor referencia de que UBS y todos los cómplices en este alegado desfalco, deben responder por la precipitada ruina al Sistema de Retiro del ELA.
El fruto de la pesquisa fue entregado a las respectivas agencias en un total de tres cajas de documentos que detallan los procesos de 25 vistas públicas y ejecutivas.
En ella se detalla que la transacción desde sus inicios tenía una base ilegal. Se respaldó la transacción con las aportaciones patronales. Los Artículos 2-116 y 3-105 de la Ley Núm. 447, supra, no disponen que las aportaciones patronales puedan ser utilizadas para servir de garantía al pago de una deuda, y las Casas de Corretaje y funcionarios con conocimiento de esta base legal, prefirieron ignorarla.
Entre otros hallazgos, figuran que la Legislatura de Puerto Rico rechazó conceder su aval a una emisión de bonos por lo riesgoso al Sistema de Retiro de la pérdida en el mercado de valores. Pero los funcionarios responsables, con el consejo y consentimiento de contratistas y Casas de Corretaje envueltas en la emisión, continuaron adelante ideando un andamiaje para burlar el consentimiento legislativo, como dicta la ley.
La investigación realizada por parte de la legisladora se realizó durante el pasado cuatrienio y los informes de hallazgos, aunque fueron enviados al Departamento de Justicia y a dependencias Federales bajo la administración del Partido Nuevo Progresista, ninguna dio paso a acusaciones contra funcionarios de UBS o de la Administración de Sistemas de Retiro.
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UBS en la mira legal de AEELA y el ELA
Por recomendar al Gobierno emitir bonos de alto riesgo
EL VOCERO/ Archivo
La Asociación de Empleados del ELA (Aeela) pondera demandar a la firma de corretaje UBS Financial Services por recomendar al Gobierno emitir bonos de alto riesgo conocidos como Auction Rate Securities (ARS), que provocaron pérdidas cercanas a los $80 millones, mientras, la administración de Alejandro García Padilla no descartó la posibilidad de demandar también.
La demanda pudiera incluir a la Administración de Sistema de Retiro (ASR), informó ayer mediante sendas cartas el director ejecutivo de Aeela, Pablo Crespo, a las dos entidades.
De acuerdo con las misivas en poder de EL VOCERO, las prácticas de UBS Financial Services resultaron en pérdidas para los miembros de Aeela y la ASR falló en supervisar a la casa de corretaje para asegurar los mejores intereses de los empleados. El reclamo extrajudicial busca interrumpir el término prescriptivo, explicó. El Director de Aeela alegó que la perdida a raíz de la actuación de la corretaje pudiera alcanzar los $80 millones.
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro, dijo al cierre de esta edición que el Departamento de Justicia y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) evaluaban la situación, y se divulgaría la postura del Primer Ejecutivo posiblemente antes de la medianoche.
Asimismo, el Titular de Asuntos Públicos descartó que ayer venciera el plazo de tiempo para que el Gobierno pudiera demandar a UBS, tal y como alegaron varios grupos sindicales.
La secretaria de la Gobernación Ingrid Vila Biaggi dijo a través de declaraciones escritas que tras la evaluación del equipo fiscal y legal liderado por el Departamento de Justicia y el Banco Gubernamental de Fomento concluyeron “que el término para hacer alguna reclamación no vence el 16 de octubre de este año”.
“Por ende, en este momento, no es necesario que el ELA, como emisor de deuda, inicie una reclamación sobre este particular”, aseguró Vila Biaggi.
Sin embargo, el Gobierno dejo la puerta abierta para tomar acción legal en un futuro al establecer que ”el gobierno continuará evaluando cualquier causa de acción sobre el tema siempre velando por los derechos del pueblo de Puerto Rico y tomará toda acción que estime necesaria para proteger sus intereses”.
El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), alegó que si el Gobierno no demandaba ayer a UBS Financial Services, no podría recuperar los $80 millones perdidos por la transacción. Ayer se cumplieron seis años de la inversión, según los líderes sindicales.
El Secretario de Asuntos Públicos hizo las expresiones a pedido de la Prensa luego que el Primer Ejecutivo rechazó contestar preguntas de otros temas tras una rueda de prensa sobre seguridad en La Fortaleza. Ayer fue el segundo día consecutivo que el Gobernador rechazó contestar preguntas que no estuvieran vinculadas con la convocatoria a la Prensa.
En tanto, el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, informó su inhibición sobre este tema porque en el pasado tuvo una relación profesional con algunos empleados de UBS. Aseguró que la asesoría que brindó a oficiales de UBS no estuvo relacionada con transacciones con el Gobierno.
Por su parte, el principal oficial ejecutivo de UBS Financial Services Puerto Rico, Carlos Ubiñas, manifestó el lunes que la pérdida en valor de los bonos de la Isla obedece a fuerzas del mercado y dudas que aún existen sobre el crédito.
“No se puede responsabilizar a la industria financiera, y mucho menos a UBS, por estos eventos de mercado. Puerto Rico ha tomado muchos pasos difíciles y contundentes para atender la situación fiscal y los resultados de estas acciones recién comienzan a materializarse”, expresó en declaraciones escritas.
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Representante Lourdes Ramos.
Imputan al gobierno favorecer empresa de corretaje
PUBLICADO : Ayer 15:29 h.
La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos, acusó al gobierno de Alejandro García Padilla de favorecer a la empresa de corretaje UBS por razones partidistas, tras no presentar una demanda en su contra.
Ramos reaccionó ante la denuncia en redes sociales de que influyentes amigos de la actual administración fueron la base para la negativa del gobierno a demandar a UBS.
Para la representante, la prioridad del gobernador “no es el pueblo, sino complacer a inversionistas del PPD, grupos de poder y las casas acreditadoras, que ahora le ‘valen más’ que el sufrimiento de los empleados públicos”.
La legisladora recordó que durante las audiencias que realizó sobre el sistema de retiro en la legislatura pasada una funcionaria de alto rango que se desempeñó como secretaria de la junta de síndicos de retiro aceptó bajo juramento haber destruido documentos públicos en torno a las deliberaciones y posibles reparos sobre la transacción.
Ramos concluyó que los funcionarios, entidades, corporaciones y casas de corretaje envueltas “fallaron en cumplir su deber fiduciario, sus normas de ética y su responsabilidad profesional, violentando leyes estatales y federales”.
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Bufete enfila sus cañones a corredor de UBS
Clientes alegan que David Lugo no advirtió que los bonos UBS están ‘apalancados’
EL VOCERO / Tania Dumas
SAN JUAN – Los abogados de la firma jurídica especializada en títulos valores Shepherd Smith Edwards & Kantas LLP, anunciaron el lunes que radicaron demandas en representación de los clientes del corredor David Lugo y UBS Financial Services, Inc, bajo el alegato de que su mal asesoramiento les afectó económicamente.
“Según las alegaciones de los clientes, Lugo les recomendó que inviertan grandes cantidades de sus cuentas, que también equivalieron a grandes cantidades del patrimonio neto de los clientes, en los bonos municipales de Puerto Rico y fondos de bonos municipales de propiedad de UBS en Puerto Rico. Estos títulos valores fueron comercializados y vendidos como inversiones de bajo riesgo que pagarían a los clientes altos dividendos con beneficio tributario”, indica el comunicado emitido por el bufete con sede en Estados Unidos.
La firma de abogados añade que “los clientes también alegaron que Lugo no les advirtió que los fondos de los bonos de UBS fueron altamente apalancados y que además les recomendó que abrieran una cuenta de margen con UBS a fin de incrementar sus inversiones en los bonos municipales de Puerto Rico con fondos prestados. Los clientes alegan que no se les advirtió que se trataba de una estrategia de inversión altamente especulativa con un enorme riesgo de pérdida de capital”.
Se indica además que los socios de la firma estarán en San Juan del 13 al 15 de octubre para reunirse con individuos que sufrieron pérdidas en los bonos municipales de Puerto Rico. Para comunicarse con personal que habla español: 713-580-8914
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Gobierno no demandará a UBS
Gobernador aclara que “se pueden establecer reclamaciones de arbitraje privado”
EL VOCERO / Tania Dumas
La administración de Alejandro García Padilla evalúa si recurrir en contra de la firma de corretaje UBS Financial Services pudiera crear “inestabilidad en el mercado puertorriqueño” y si vale la pena para recobrar dinero del erario.
El Primer Ejecutivo aclaró que no se trataría de una demanda sino de una acción administrativa con la que “se pueden establecer reclamaciones de arbitraje privado”. La reclamación sería mediante el organismo de autorregulación voluntaria de la industria de valores que permite la agencia federal Securities and Exchange Commission.
“Estamos evaluando cuáles son las posibilidades de éxito, cuánto el pueblo puede recobrar, si algo. Si le conviene al mercado puertorriqueño, es decir, si eso va a crear estabilidad o inestabilidad en el mercado puertorriqueño para contribuir que salgamos adelante, que salgamos del hoyo”, sentenció en rueda de prensa.
García Padilla aseguró ayer que el Gobierno perdió la oportunidad de demandar a la firma de corretaje porque vencieron los términos.
Aunque el miércoles en la noche, la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, dijo mediante declaraciones escritas que “el análisis realizado concluye que el término para hacer alguna reclamación no vence el 17 de octubre de este año”; el Primer Ejecutivo informó que los términos para demandar por virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos vencieron durante la pasada administración.
Agregó que si el Gobierno decide tomar la acción administrativa todavía hay tiempo para hacer el reclamo. EL VOCERO preguntó el término pero el Ejecutivo no pudo especificar la fecha.
UBS Financial Services está en la mirilla porque recomendó inversiones de fondos mutuos al Gobierno Central, que supuestamente no estaban respaldadas por el mercado y que estaba en alto riesgo de colapsar.
De acuerdo al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), el erario sufrió una pérdida de $80 millones por las malas recomendaciones de inversión que hizo la firma de corretaje.
La Asociación de Empleados del ELA (Aeela) adelantó el miércoles que evalúa demandar a UBS Financial Services y la Administración de Sistema de Retiro (ASR) porque la transacción, a su juicio, afectó a sus miembros.
De otro lado, el padre de la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, el contador público autorizado, Enrique Vila del Corral, es presidente de la Junta de Directores de Puerto Rico Investor Tax Free Funds―entidad subcontratada para el manejo de cartera de inversiones que es co-manejada por UBS y Popular.
Sin embargo, anoche, a preguntas de EL VOCERO, el secretario de Prensa de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, dijo en comunicación escrita que Vila Biaggi, “no tiene interés pecuniario alguno en las transacciones que realiza la firma de corretaje UBS y por ende no está inhabilitada de participar en las discusiones sobre este asunto”.
Precisamente, el secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, reveló el miércoles que se inhibió de asesorar al Ejecutivo en este asunto porque en el pasado asesoró a la firma UBS.
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Charbonier exige que el gobernador presente querella contra UBS
Por promover un esquema fraudulento en donde cientos de puertorriqueños perdieron millones de dólares
EL VOCERO/ Archivo
La representante María Milagros Charbonier Laureano, del Partido Nuevo Progresista (PNP), exigió hoy que la administración de Alejandro García Padilla someta inmediatamente una querella formal ante la Comisión Federal de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en contra de la firma de corretaje UBS Financial Services por supuestamente promover un esquema fraudulento en donde cientos de puertorriqueños perdieron millones de dólares.
“El gobernador quiere desviar la atención del asunto, como ya es su costumbre. Pero aquí hay varias situaciones con la misma casa de corretaje. Primero, se encuentra la inversión que se realizó con la emisión de bonos del Sistema de Retiro a mediados de la década pasada, y también está la reciente situación donde cientos de puertorriqueños fueron aconsejados, contrario a sus deseos y de manera capciosa, a tomar prestado utilizando sus inversiones en bonos de Puerto Rico como colateral. Estos bonos eran extremadamente riesgosos, pero aun así, los corredores de UBS los mercadearon como lo mejor del mundo”, dijo la representante por acumulación.
Charbonier Laureano anunció la presentación de una resolución esta mañana dirigida a que las Comisiones de Hacienda y de Gobierno de la Cámara de Representantes inicien, de manera expedita, una investigación sobre esta práctica.
La legisladora demás adelantó que se encuentra finalizando una reclamación contra UBS que enviará al SEC en los próximos días.
“Este asunto también le compete al secretario de Justicia local, pero como hay conflicto de intereses, es meritorio que la investigación la realice una entidad federal como es el SEC. No entiendo por qué no se ha comenzado el proceso de referir este asunto a esta agencia federal. En los pasados días varios ciudadanos han llamado a nuestra oficina consternados por la inacción de esta administración. Señor gobernador, escuche a la gente y ordene someter la querella hoy mismo”.
La legisladora exhortó a García Padilla a permitir que la cámara actúe y no entorpezca la investigación.
“Sabemos de la rectitud de los miembros de la Asamblea Legislativa y conocemos que saben muy bien la problemática con UBS y el dolor de decenas de familias que no solamente perdieron los ahorros de toda una vida, sino que ahora también le deben a este banco suizo. Esperamos que ambas delegaciones puedan trabajar por el bien del pueblo. Por eso reclamamos la necesidad de darle paso a la investigación”.
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