Un chofer de La Fortaleza, con 25 años de servicio en la Mansión Ejecutiva, y a quien le faltan meses para jubilarse con un aparente récord de excelencia, fue suspendido de empleo y sueldo por un mes tras alegarse que violó una directriz del administrador de la Oficina del Gobernador. Su “gravísimo pecado”: haber cambiado el radio del vehículo oficial que conducía, de una emisora gubernamental, Radio Universidad (WRTU), a un programa de noticias en la banda AM.

El insólito castigo a don Misael Santana Urrutia, de 65 años, se basa en un memorando que circuló el administrador de la Oficina del Gobernador, Harold González Rosado, el 2 de mayo pasado en el cual “se dispone que los vehículos sintonicen las emisoras WIPR o Radio Universidad”. El memo explica que “estamos comprometidos en (sic) patrocinar las estaciones de radio del Pueblo de Puerto Rico… la programación de ambas estaciones está dirigida a fomentar la cultura y sirven de foro a los exponentes de las artes”.

“Es un horror, lo suspenden de empleo y sueldo sin una vista, sin el mínimo debido proceso de ley, lo sientan a hacer una declaración jurada sin tener oportunidad de consultar un abogado, la sanción no guarda proporción con la falta, no tiene que ver con los deberes de su puesto, no es que incumplió la Ley de Tránsito ni fue negligente; esto es ridículo”, sostuvo el asesor legal del empleado sancionado, Wilbert Méndez.

Una gran ironía en este caso es que don Misael, además de ser un humilde empleado público, es un valioso recurso de la cultura tradicional boricua por ser uno de los escasos artesanos que se dedica a elaborar los barriles o tambores utilizados en la música de la bomba y los panderos de la plena. “Yo apoyo a Radio Universidad y la escucho hace más de veinte años, porque ellos tienen programas de música puertorriqueña, de bomba y plena, yo hasta he participado en los maratones para recaudar fondos y contribuí con $50”, se lamentó el hombre.

SUSPENDIDO POR ESCUCHAR NOTICIA

 El “grave” incidente

El 18 de julio pasado, don Misael estaba transportando a dos funcionarias de La Fortaleza desde el estacionamiento del “motor pool”, en los predios del Castillo del Morro, hasta las oficinas de la mansión ejecutiva cuando terminó un programa que escuchaba en Radio Universidad y cambió a una estación de noticias, según explicó.

Las empleadas Joanna Morales, una supervisora de Servicios Generales y Diana Galiñánez, quien se desempeñaba al momento como asesora auxiliar II con salario de $66,000, le cuestionaron que cambiara la emisora, según don Misael. Morales le sacó en cara la directriz sobre las radioemisoras. “Eso no es malo, yo no estoy oyendo una cosa chabacana, tengo derecho a informarme”, dice don Misael que les respondió.

Casi tres meses más tarde, el 14 de octubre, le entregan una carta en donde el asesor legal Ángel Robles Candelaria le indica que está realizando una investigación sobre un incidente en donde Santana estuvo involucrado el 18 de julio y lo cita para que preste declaración jurada. Don Misael acudió a la cita el 17 de octubre. Indicó que el licenciado Robles le dijo que tenía derecho a defenderse y hacer una declaración jurada. “Yo le digo que no tengo nada que esconder, yo no he hecho nada malo, no he ofendido a nadie así que hice la declaración y la firmé”, sostuvo.

Tres semanas después, sin celebración de vista alguna, lo citan a la oficina de Recursos Humanos, donde le informan verbalmente que estará suspendido de empleo y sueldo. Le entregan una carta del administrador de la Oficina del Gobernador, González Rosado, en la que se le notifica que se le suspende efectivo el 7 de noviembre. No obstante, la carta no indica formalmente la duración de la suspensión ni qué día tiene que regresar.

En la carta, González le imputa haber violado el reglamento de personal de la Oficina de diciembre de 2012.

¿Visos de ilegalidad?

“Si no le dieron una vista informal eso es ilegal”, dice el abogado laboral Alejandro Torres, consultado por este diario. La proporcionalidad entre la sanción y la alegada falta es un principio del Derecho y esa medida no es proporcional”, explicó Torres.

“La suspensión o la destitución son penas capitales para un empleado porque les priva del sustento, eso (el incidente de la radio), en todo caso lo que conlleva es una advertencia -si es la primera ocasión- o una amonestación”.

Tanto Torres como el licenciado Méndez, en entrevistas separadas, coincidieron en que existe también el principio de que las medidas disciplinarias laborales se aplican en forma progresiva. Es decir, que en primeras faltas se va desde advertencias, amonestaciones verbales o escritas y, solo ante alguna conducta reiterada, puede ameritar una suspensión.

Méndez apunta que la suspensión de empleo y sueldo, sin una vista administrativa, “solo se impone cuando hay actos graves, lo que obviamente no es el caso”. “De hecho, el memorando no dice que no se puede cambiar la estación en ningún momento”, señaló Méndez.

Más irregularidades

El 27 de noviembre, don Misael presentó una solicitud de revisión de la determinación administrativa ante la Oficina del Gobernador.

Don Misael no sabe si se debió a su solicitud de revisión, pero parece ser que alguien evaluó su caso por alguna razón. El jueves, 5 de diciembre lo llamó por teléfono una nueva directora de Recursos Humanos y le dijo que se presentara a trabajar al día siguiente. Es posible que personal de ese departamento se percatara de que la carta de suspensión ni siquiera tenía la fecha en la que el empleado debía reintegrarse a las labores.

Ese día llegó a la casa de don Misael un mensajero con una carta idéntica a la notificación inicial de la suspensión, pero corregida con la información de que la sanción terminaba el 6 de diciembre. Para los efectos, el empleado fue notificado de esto un día laborable antes de la fecha en la que se debía reportar.

Doble golpe

La situación ha afectado a don Misael al punto de que tuvo que buscar ayuda psiquiátrica. “Yo caí en depresión, tuve que buscar ayuda; yo que no bebía pastillas para nada, ahora si no me meto una pastilla, no me duermo…eso es una película que se te queda rodando en la mente. Yo busco el porqué, si yo no he ofendido a nadie, yo que antes me acostaba a las 7 de la noche… y (ahora) eran las 3 y las 4 de la mañana y yo despierto, pensando en eso, ahí y ahí… qué yo he hecho si no he hecho nada malo y ahora tengo un montón de medicamentos que tengo que meterme para dormir y para estar relajado”, sostuvo.

El salario mensual de Santana, tras una vida de servicio, es de $1,670 y su cheque neto quincenal es de $583.34. Su esposa, doña Virgen Rivera, tiene problemas de salud y el ingreso de él es la única entrada en la casa. “Imagínate, esa guagua paga $476, los ‘biles’ de luz no bajan de los $200, pagas la luz y hay que hacer compras, te viene el agua, el teléfono, entonces lo poquitito que tienes ahorradito, yo creo que si me quedan $400 en el banco es mucho para volver a pagar la guagua ahora el día 20, que me toca…se me fue todo, yo no puedo dejar de pagar la guagua que es lo que tengo para moverme”, sostuvo.

Don Misael aseguró que el único incidente laboral anterior que recuerda ocurrió en 2011, cuando recibió una “orientación” de que no se podría usar un sombrero en el trabajo, él estuvo de acuerdo en que no lo usaría y ahí quedó el asunto.

Por su parte, Jesús Manuel Ortiz, jefe de prensa de La Fortaleza, dijo que “este empleado solicitó una apelación que está en proceso por lo que no vamos a hacer comentarios en torno al mismo hasta que estos procesos terminen”.

Un chofer de La Fortaleza, con 25 años de servicio en la Mansión Ejecutiva, y a quien le faltan meses para jubilarse con un aparente récord de excelencia, fue suspendido de empleo y sueldo por un mes tras alegarse que violó una directriz del administrador de la Oficina del Gobernador. Su “gravísimo pecado”: haber cambiado el radio del vehículo oficial que conducía, de una emisora gubernamental, Radio Universidad (WRTU), a un programa de noticias en la banda AM.

El insólito castigo a don Misael Santana Urrutia, de 65 años, se basa en un memorando que circuló el administrador de la Oficina del Gobernador, Harold González Rosado, el 2 de mayo pasado en el cual “se dispone que los vehículos sintonicen las emisoras WIPR o Radio Universidad”. El memo explica que “estamos comprometidos en (sic) patrocinar las estaciones de radio del Pueblo de Puerto Rico… la programación de ambas estaciones está dirigida a fomentar la cultura y sirven de foro a los exponentes de las artes”.

“Es un horror, lo suspenden de empleo y sueldo sin una vista, sin el mínimo debido proceso de ley, lo sientan a hacer una declaración jurada sin tener oportunidad de consultar un abogado, la sanción no guarda proporción con la falta, no tiene que ver con los deberes de su puesto, no es que incumplió la Ley de Tránsito ni fue negligente; esto es ridículo”, sostuvo el asesor legal del empleado sancionado, Wilbert Méndez.

Una gran ironía en este caso es que don Misael, además de ser un humilde empleado público, es un valioso recurso de la cultura tradicional boricua por ser uno de los escasos artesanos que se dedica a elaborar los barriles o tambores utilizados en la música de la bomba y los panderos de la plena. “Yo apoyo a Radio Universidad y la escucho hace más de veinte años, porque ellos tienen programas de música puertorriqueña, de bomba y plena, yo hasta he participado en los maratones para recaudar fondos y contribuí con $50”, se lamentó el hombre.

SUSPENDIDO POR ESCUCHAR NOTICIAS

El “grave” incidente

El 18 de julio pasado, don Misael estaba transportando a dos funcionarias de La Fortaleza desde el estacionamiento del “motor pool”, en los predios del Castillo del Morro, hasta las oficinas de la mansión ejecutiva cuando terminó un programa que escuchaba en Radio Universidad y cambió a una estación de noticias, según explicó.

Las empleadas Joanna Morales, una supervisora de Servicios Generales y Diana Galiñánez, quien se desempeñaba al momento como asesora auxiliar II con salario de $66,000, le cuestionaron que cambiara la emisora, según don Misael. Morales le sacó en cara la directriz sobre las radioemisoras. “Eso no es malo, yo no estoy oyendo una cosa chabacana, tengo derecho a informarme”, dice don Misael que les respondió.

Casi tres meses más tarde, el 14 de octubre, le entregan una carta en donde el asesor legal Ángel Robles Candelaria le indica que está realizando una investigación sobre un incidente en donde Santana estuvo involucrado el 18 de julio y lo cita para que preste declaración jurada. Don Misael acudió a la cita el 17 de octubre. Indicó que el licenciado Robles le dijo que tenía derecho a defenderse y hacer una declaración jurada. “Yo le digo que no tengo nada que esconder, yo no he hecho nada malo, no he ofendido a nadie así que hice la declaración y la firmé”, sostuvo.

Tres semanas después, sin celebración de vista alguna, lo citan a la oficina de Recursos Humanos, donde le informan verbalmente que estará suspendido de empleo y sueldo. Le entregan una carta del administrador de la Oficina del Gobernador, González Rosado, en la que se le notifica que se le suspende efectivo el 7 de noviembre. No obstante, la carta no indica formalmente la duración de la suspensión ni qué día tiene que regresar.

En la carta, González le imputa haber violado el reglamento de personal de la Oficina de diciembre de 2012.

¿Visos de ilegalidad?

“Si no le dieron una vista informal eso es ilegal”, dice el abogado laboral Alejandro Torres, consultado por este diario. La proporcionalidad entre la sanción y la alegada falta es un principio del Derecho y esa medida no es proporcional”, explicó Torres.

“La suspensión o la destitución son penas capitales para un empleado porque les priva del sustento, eso (el incidente de la radio), en todo caso lo que conlleva es una advertencia -si es la primera ocasión- o una amonestación”.

Tanto Torres como el licenciado Méndez, en entrevistas separadas, coincidieron en que existe también el principio de que las medidas disciplinarias laborales se aplican en forma progresiva. Es decir, que en primeras faltas se va desde advertencias, amonestaciones verbales o escritas y, solo ante alguna conducta reiterada, puede ameritar una suspensión.

Méndez apunta que la suspensión de empleo y sueldo, sin una vista administrativa, “solo se impone cuando hay actos graves, lo que obviamente no es el caso”. “De hecho, el memorando no dice que no se puede cambiar la estación en ningún momento”, señaló Méndez.

Más irregularidades

El 27 de noviembre, don Misael presentó una solicitud de revisión de la determinación administrativa ante la Oficina del Gobernador.

Don Misael no sabe si se debió a su solicitud de revisión, pero parece ser que alguien evaluó su caso por alguna razón. El jueves, 5 de diciembre lo llamó por teléfono una nueva directora de Recursos Humanos y le dijo que se presentara a trabajar al día siguiente. Es posible que personal de ese departamento se percatara de que la carta de suspensión ni siquiera tenía la fecha en la que el empleado debía reintegrarse a las labores.

Ese día llegó a la casa de don Misael un mensajero con una carta idéntica a la notificación inicial de la suspensión, pero corregida con la información de que la sanción terminaba el 6 de diciembre. Para los efectos, el empleado fue notificado de esto un día laborable antes de la fecha en la que se debía reportar.

Doble golpe

La situación ha afectado a don Misael al punto de que tuvo que buscar ayuda psiquiátrica. “Yo caí en depresión, tuve que buscar ayuda; yo que no bebía pastillas para nada, ahora si no me meto una pastilla, no me duermo…eso es una película que se te queda rodando en la mente. Yo busco el porqué, si yo no he ofendido a nadie, yo que antes me acostaba a las 7 de la noche… y (ahora) eran las 3 y las 4 de la mañana y yo despierto, pensando en eso, ahí y ahí… qué yo he hecho si no he hecho nada malo y ahora tengo un montón de medicamentos que tengo que meterme para dormir y para estar relajado”, sostuvo.

El salario mensual de Santana, tras una vida de servicio, es de $1,670 y su cheque neto quincenal es de $583.34. Su esposa, doña Virgen Rivera, tiene problemas de salud y el ingreso de él es la única entrada en la casa. “Imagínate, esa guagua paga $476, los ‘biles’ de luz no bajan de los $200, pagas la luz y hay que hacer compras, te viene el agua, el teléfono, entonces lo poquitito que tienes ahorradito, yo creo que si me quedan $400 en el banco es mucho para volver a pagar la guagua ahora el día 20, que me toca…se me fue todo, yo no puedo dejar de pagar la guagua que es lo que tengo para moverme”, sostuvo.

Don Misael aseguró que el único incidente laboral anterior que recuerda ocurrió en 2011, cuando recibió una “orientación” de que no se podría usar un sombrero en el trabajo, él estuvo de acuerdo en que no lo usaría y ahí quedó el asunto.

Por su parte, Jesús Manuel Ortiz, jefe de prensa de La Fortaleza, dijo que “este empleado solicitó una apelación que está en proceso por lo que no vamos a hacer comentarios en torno al mismo hasta que estos procesos terminen”.

Fortaleza acepta que metió la pata

Por Eugenio Hopgood Dávila02/28/2014 |