Sun, Apr 13, 2014

Economía, Featured, Gobierno

Por redacción de Sin Comillas

Poco más de un mes después de haber sido creada por el gobernador Alejandro García Padilla, la Mesa de Acción para la Competitividad y el Crecimiento de Puerto Rico entregó un informe con 34 recomendaciones para atender problemas como la baja participación laboral, fuga de talento joven, envejecimiento de la población y economía subterránea. El grupo creado el pasado 7 de marzo, debía presentar recomendaciones basadas en estudios existentes y propuestas ciudadanas.

Las recomendaciones que el Gobernador acoja serán integradas al plan de recuperación que formará parte del Mensaje de Estado de Situación que el Gobernador ofrecerá al País probablemente la última semana de abril.

La Mesa de Acción propone al gobierno que el enfoque económico se dirija a aumentar la producción local, el desarrollo de empresas y la sustitución de importaciones.

Identificaron como áreas de mayor potencial a corto y mediano plazo: el desarrollo de cultivos para consumo local y otros que puedan producirse con alto valor añadido para su exportación, la energía renovable como fuente de innovación y manufactura local, las industrias creativas y de innovación como potencial propulsor de exportación, y la economía del visitante.  Para ello, se debe reenfocar la política pública de incentivos, exenciones y otras formas de estimular la economía para fomentar la actividad que promueva la producción local.

Otra de las recomendaciones de la Mesa de Acción es que el gobierno, en un esfuerzo coordinado por todos los sectores del país, reclame al gobierno federal: exención de las leyes de cabotaje, un estudio al Congreso sobre los efectos que tiene la aplicación de la cláusula de comercio interestatal en el desarrollo económico de la isla; que Puerto Rico pueda suscribir acuerdos comerciales con otros países y pertenecer a organismos internacionales; y obtener flexibilidad en los programas federales de asistencia económica para promover el empleo y la productividad del país.

Asimismo, la Mesa de Acción, recomienda que se establezcan requisitos y condiciones a las megatiendas/multinacionales de ventas al detal tales como: exigir un porcentaje de reinversión de sus ganancias en Puerto Rico, invertir en contratistas locales, contratar empleados a tiempo completo y brindar beneficios a sus empleados. También propone que como parte de los esfuerzos para incentivar, propulsar y proteger nuestras empresas puertorriqueñas y crear un ambiente de sana y justa competencia, el gobierno estudie, desarrolle e implante una política pública que redefinirá cómo el Estado asignará subsidios, exenciones y exoneraciones a ciertas empresas.

El grupo propone que esta política pública dé prioridad a las PYMES. Y recomienda una serie de limitaciones estrictas a la concesión a las grandes cadenas multinacionales de ventas al detal de ciertas exenciones que el informe enumera.

Esa política pública irá acompañada de inmediato con planes para establecer mecanismos que aceleren el crecimiento de las empresas de capital local, con atención especial a las que puedan crear empleos a tiempo completo, con salarios y beneficios competitivos, que se orienten a mercados externos y que se centren en innovación de procesos y de artículos y servicios.

La Mesa de Acción analizó 156 propuestas ciudadanas recibidas a través de mesadeaccion.pr.gov. En total, se recibieron 375 propuestas. De las propuestas restantes, 10 se consolidaron por atender asuntos similares y las demás quedaron reserva por atender otros temas.

El trabajo de la Mesa de Acción incluyó cuatro audiencias individuales con los presidentes de los partidos políticos inscritos en las elecciones de 2012 en las que también recibieron recomendaciones y se aclararon dudas sobre algunas ideas. El Partido Independentista Puertorriqueño no acudió a reunión pero puso a disposición las propuestas que esa colectividad ha presentado a lo largo de años.

Integrantes de la Mesa de Acción para la Competitividad y el Crecimiento

Comité ejecutivo

• Ingrid M. Vila Biaggi, Secretaria de la Gobernación  – copresidenta

• Carlos López Lay, presidente de Bella Group – copresidente

• Mario Marazzi – economista, director del Instituto de Estadísticas

• Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores

• Linda Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Luis Muñoz Marín

• María de Lourdes Lara, directora ejecutiva de Agenda Ciudadana

• José Jaime Rivera, presidente de la Universidad del Sagrado Corazón

• Carlos Serrano, contador experto en temas contributivos

• Jorge Colberg, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza

Los demás integrantes son:

• La investigadora y académica Ana Helvia Quintero

• José Acarón, director ejecutivo en Puerto Rico de la Asociación Americana de Personas Retiradas.

• Alejandro Silva, miembro de Mentes Puertorriqueñas en Acción

• La abogada constitucionalista y exprocuradora de las Mujeres, María Dolores Fernós

• Jorge Oyola, líder de la comunidad Los Filtros de Guaynabo y miembro de la Alianza de Líderes Comunitarios de Puerto Rico

• Mareia Quintero, académica especialista en temas de cultura.

• El líder sindical José Torres, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico.

• José Alameda, economista

• Esteban González Doble, pastor general de la Iglesia Discípulos de Cristo

• Linda Colón, socióloga experta en el tema de la pobreza

• Carmen Albizu, académica y salubrista comprometida con el avance en los servicios de salud mental, sobre todo en el tema de la adicción

• Iván Otero, presidente de la Liga de Cooperativas y director del Banco Cooperativo

• Cyril Meduña, inversionista y banquero

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EL VOCERO / Archivo

Luego de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional la Ley 160 del Sistema de Retiro para Maestros, la Legislatura no parece tener un plan claro sobre cómo atender la crisis económica que afecta el sistema y que los llevó a aprobar el proyecto a toda prisa y sin el aval de la clase magisterial.

El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañéz recordó que tiene otros asuntos espinosos que manejar en su comisión, como el presupuesto, y habló de primero analizar el efecto de la determinación del Supremo.

¨Lo primero que hay que hacer es un análisis del impacto de la determinación del Supremo y hacer lo que hicieron. Ellos tomaron una determinación que no fue responsable, fue una determinación política y no se puede sustentar¨, dijo Hernández Montañéz. ¨Hay que buscar otro instrumento, preparar otro proyecto de retiro dentro de lo que ellos van a permitir y algún tipo de fuente de repago. La pregunta es quién está dispuesto a pagarla. Si el pueblo está dispuesto a pagar una sobretasa contributiva para resolver el problema de Retiro de los maestros¨.

Cuando se le preguntó por las propuestas de la mesa de diálogo, dijo que son los maestros los que deben buscar el consenso con los grupos que se verían afectados por estos impuestos, entiéndase, la industria hotelera y las compañías foráneas.

¨Que las considere a quien se les están implementando. Las propuestas vinieron de ellos, que se sienten ellos con esos sectores a los que les estarían apropiando dinero y lleguen a unos acuerdos. Entonces, que nos las traigan¨, dijo Hernández Montañéz.

Jesús Santa, presidente de la Comisión cameral de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro dijo por su parte que esperará las movidas del Ejecutivo en este tema antes de tomar una determinación sobre cómo atender el problema fiscal del Sistema.

¨Yo esperaría a ver qué acción va a tomar el Ejecutivo. El Tribunal dijo que para que exista menoscabo, tiene que existir la crisis y tienen que estar seguros de que lo que se está dando como solución soluciona el problema¨, dijo Santa. ¨Yo sí entiendo que se tiene que tomar acción rápido porque mientras más tarde, más difícil es la solución¨.

Por su parte, la representante novoprogresista Lourdes Ramos, dijo que muchas de las ideas que ha presentado para atender el Sistema de Retiro no han sido consideradas.

Dijo que la Legislatura debe empezar ¨desde cero¨ a preparar un proyecto para atender la crisis en el retiro de los maestros.

Entre las ideas que tiene para atender la crisis en Retiro, mencionó destinar a este fondo el dinero de los nuevos sorteos de Pega 2, 3 y 4. Mencionó además poner un tope a las pensiones y aumentar las aportaciones patronales.

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Advertencia de S&P tras decisión del Supremo

POR CARLOS ANTONIO OTERO, EL VOCERO – 04/11/2014 6:41 PM

Si el gobierno no puede poner en vigor la ley sobre las pensiones de los educadores, podría haber nuevas implicaciones negativas para el crédito del Estado Libre Asociado (ELA).

La agencia clasificadora Standard & Poor´s reaccionó de inmediato a la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que habría declarado inconstitucional la reforma del Retiro de Maestros, y advirtió que si el gobierno no puede poner en vigor la ley sobre las pensiones de los educadores podría haber nuevas implicaciones negativas para el crédito del Estado Libre Asociado (ELA).

¨Si el ELA no es capaz de poner en práctica la reforma de pensiones de maestro creemos que podrían haber implicaciones negativas de crédito, lo cual abarca nuestras perspectivas de los bonos de las obligaciones generales¨, indicaron analistas de S&P, al poco tiempo de trascender la información sobre la determinación del Supremo, y tal y como lo había adelantado EL VOCERO.

Sin embargo, S&P hizo claro en comunicación escrita que ¨no está tomando acción de calificación en este momento sobre el gobierno de Puerto Rico, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico¨. En febrero pasado S&P llevó el crédito de la Isla al nivel especulativo o chatarra a concederle una nota de BB+ con una perspectiva negativa en lo referente los bonos GO´s.

Destacó que en S&P están a la espera de ver la opinión de la corte y evaluar cuál será la respuesta del gobierno, ya que al momento de emitir sus declaraciones el tribunal local todavía no había hecho público el documento con su decisión sobre las pensiones de los educadores.

La agencia clasificadora entiende que el gobierno podría realizar cambios a la reforma propuesta para que sea constitucional.

Los bonos GO´s de Puerto Rico, desde la reciente emisión de $3,500 millones en el mercado municipal, han experimentado bajas en su valor.

Mientras, en la legislatura se considera un proyecto para encarrilar una reestructuración de la deuda de $72,000 millones y el Banco Gubernamental de Fomento ha contratado tres firmas especializadas en manejo de reestructuraciones.