EL VOCERO / Archivo

Tanto la propuesta del director ejecutivo para llevar hasta 16 centavos el costo del kilovatio/hora de manera escalonada en un periodo de cinco años como los proyectos – si es que se convierten en ley – que serían un esperpento sin consecuencia en realmente transformar la AEE para hacerla más efectiva y eficiente. Pueden escribir lo que quieran en el papel y aprobar los proyectos que quieran y esta agencia seguirá quemando petróleo para continuar llenando las arcas del cartel del petróleo, las de los directivos y las de la UTIER a costillas de los usuarios del sistema. El buen amigo economista Dr. Elías Gutiérrez describió el plan de la AEE como una idea surrealista.

Lo que verdaderamente tendría el efecto de reducir los costos de la energía eléctrica y la factura de los consumidores, sería la privatización de la agencia con un cambio radical en su estructura, la manera de generar la energía -descartando el uso del petróleo y utilizando el gas natural como opción transitoria hacia la utilización de fuentes de energía renovable- y la transmisión de la misma.

Por consideraciones fiscales, falta de voluntad política y de liderato de la actual administración- por el momento- la opción de privatizar la agencia ha quedado descartada. Ante esa realidad los intentos que supuestamente se llevan a cabo en términos de modificar los procesos de generar la energía no parecen ser viables tanto por la complicada permisología necesaria, por el tiempo requerido y por los altos costos envueltos.

En el 2008 se comenzó a solicitar los permisos de la Federal Energy Regulatory Commission para erigir una plataforma flotante en el mar que llevaría el gas natural por tubería submarina hasta la Central Aguirre. Ahora se pretende de ahí transportar el gas por barcos hasta otros destinos alrededor de la isla. Estos permisos están atrasados. De igual manera ocurre con el alquiler y/o compra de los barcos requeridos.

La AEE estima el costo de este proyecto en $250 millones pero expertos en el tema señalan que pudiera rondar por los $375 millones. La AEE asegura que los $250 millones están proyectados en su programa de mejoras. Sin embargo, se prevé que se necesitará financiamiento adicional, que solo se podrá comenzar a solicitar una vez el proyecto tenga todos los permisos de la FERC. ¿De dónde y a qué costo será el financiamiento adicional en una agencia que su crédito es de chatarra, que tiene una deuda de alrededor de $ 10,000 millones y un déficit de más de $200 millones?

Ante ese cuadro de quiebra, de incertidumbre futura y la realidad de que su personal es el mejor pagado del país -disfrutando de escandalosos salarios y beneficios- la UTIER lleva negociando desde antes de las pasadas elecciones un convenio colectivo cuyo costo ronda por los $300 millones. Negociación que en aquel momento conllevó la amenaza de una huelga si no se aprobaban las “urgentes” demandas en el convenio. Amenaza que se disipó después de lograr que AGP –amarrándose los dedos con los unionados y con el cartel-les prometiera detener la implantación de proyectos de fuentes de energía renovable para la eventual sustitución del petróleo y la posible privatización (palabra demonizada) de la agencia. ¡Ya veremos cuál será el resultado de la negociación y de donde saldrá el dinero para pagar los planes del director y las demandas de los unionados!

No tengo dudas de que estos planes y proyectos quedaran en poco más que nada durante el presente cuatrienio y tendremos los usuarios que seguir pagando por todo este desastre.

Mientras tanto el muy necesario desarrollo económico de la isla seguirá barranco abajo ante el chantaje de la AEE con sus abusivos costos de la energía eléctrica, que hacen prohibitivo establecer y operar negocios en Puerto Rico, y provocan la fuga de nuestros recursos humanos más capacitados y productivos.

Citando nuevamente a Elias Gutiérrez: “Ya lo sabíamos que ellos no podían cumplir. Ellos seguirán con su plan y nosotros nos chavaremos”.

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EL RETIRO DE LOS MAESTROS (1)

Posted by Israel Roldan

La Ley 160 del 2013 se aprobó como la fórmula del gobernador García de reformar el Sistema de Retiro de los Maestros.

El gobernador se reunió con la Sra. Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros y le prometió estudiar sus propuestas y le aseguró que el proyecto de Ley todavía estaba bajo «estudio» y que él no lo había leído. Doña Aida salió muy complacida de la reunión y así se lo dijo a la prensa. Dos horas más tarde un ayudante del gobernador llevaba el proyecto de Ley de 160 páginas (estudiado, redactado y «leído» por el gobernador) para ser radicado en la Secretaria del Senado. Cuando Doña Aida se enteró dijo llorando, que se sentía engañada.

En más o menos 6 días el proyecto fue radicado en el Senado, estudiado por los 27 senadores, analizado por las comisiones y sus múltiples asesores y llevado a votación. Luego fue llevado a la Cámara de Representantes donde se repitió el mismo proceso por los 51 representantes. De la Cámara regresó a La Fortaleza para el estudio del gobernador y su firma.

La Ley fue  aprobada  a la ligera, sin estudio, sin un proceso de vistas serio y sin considerar las múltiples sugerencias que venían haciendo los maestros.

El Tribunal Supremo está integrado por 9 jueces, 6 nombrados por gobernadores del PNP y 3 nombrados por gobernadores del PPD. Desde los años de la década del 50, la mayoría absoluta en el Tribunal Supremo era del PPD y nadie protestaba. Bajo Fortuño por primera vez la mayoría es del PNP y los gritos de protestas llegaron a la China. De los 9 jueces 5 (PNP) votaron a favor de los maestros. Tres jueces (PPD) votaron como les pidió el gobernador y el noveno juez (PNP), se inhibió porque antes de ser juez trabajó como abogado en uno de los bufetes que intervino en la apelación. Hora y media después que se dió a conocer la decisión declarando inconstitucional la Reforma a la Ley del Retiro de los Maestros (Ley 60-2013), el gobernador nombró a la Juez Fiol Matta (PPD) nueva presidenta del Tribunal Supremo.

Pura coincidencia

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