«La decisión del Tribunal Supremo pone de manifiesto, una vez más, la improvisación y falta de capacidad de la administración del PPD para manejar asuntos complejos y de gran importancia para de Puerto Rico.

Desde su inicio, este nefasto proyecto se trabajó a destiempo y sin sensibilidad. En el PNP advertimos que, como cuestión de política pública, a la hora de reformar el Sistema de Retiro de Maestros había que tener consideraciones particulares con nuestros maestros, ya que son indispensables en la educación de nuestros niños.  Quedó demostrado que esta reforma no es justa ni fue preparada con la profundidad y competencia requerida, a pesar de que había tiempo suficiente para hacerlo.

Exhorto al Gobernador a que atienda la situación del Sistema de Retiro de Maestros con la participación plena del magisterio y de las delegaciones de todos partidos políticos. La Ley 160 del 2013 se hizo a la ligera y la decisión de nuestro más alto foro judicial es prueba de ello. En nuestra propuesta de Educación presentada recientemente afirmamos que:

‘La opción no puede ser quitarle derechos de forma desproporcionada a nuestro recurso más importante en el sistema educativo.’

Como hemos dicho, y nos reiteramos, para reformar el Sistema de Retiro de Maestros hay que tomar el tiempo necesario para hacerlo correctamente. Una vez se estabilicen las finanzas del Gobierno de Puerto Rico se le tiene que hacer justicia salarial a los maestros, incorporarlos al Seguro Social y, entonces, reformar de forma justa el Sistema de Retiro de Maestros.

Una vez más, invito al Gobernador y al PPD a sentarse con todos los sectores y buscar una solución razonable y eficaz que garantice el retiro digno de nuestro magisterio.»

– Pedro Pierluisi

• El Tribunal Supremo decidió que la Ley 160-2013 que reforma el Sistema de Retiro de Maestros es inconstitucional por violentar la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales de la Constitución de Puerto Rico.

• En decisiones anteriores, el Tribunal Supremo sostuvo que una reforma a un sistema de retiro gubernamental será constitucional sólo si “las medidas implantadas son razonables y necesarias para salvaguardar la solvencia actuarial del Sistema de Retiro, y no existen medidas menos onerosas para lograr ese fin”. Trinidad v. ELA, 2013 TSPR 73, Pág. 12.

• El Tribunal Supremo consideró la prueba presentada por el magisterio, en especial, la presentada por la Asociación de Maestros, que reflejó que la Ley 160-2013 provocaría el retiro de más de 10,000 maestros del Sistema de Educación Pública. En ese sentido, el actuario José Pérez concluyó que con la salida de 10,000 maestros la vida del Sistema de Retiro para Maestros duraría hasta el 2018 mientras ahora tiene vida hasta el 2020.

• Esto, debido a que la salida de miles de maestros obligará al Sistema a pagar pensiones que hoy el Sistema no tiene que pagar porque esos maestros están trabajando; el Sistema dejará de recibir las aportaciones mensuales de estos maestros; y el Estado tendría que contratar miles de maestros para llenar esas plazas.

• La decisión del Tribunal Supremo consigna que el Estado no presentó prueba en contrario pues sus informes actuariales datan del 2012, antes de la reforma propuesta.

• Esto es, el Tribunal concluyó que con la única prueba disponible en el expediente, quedó demostrado que la Ley 160-2013 agravaría la situación precaria del Sistema de Retiro de Maestros y le quitaría beneficios a los maestros.

• No obstante, el Tribunal determinó que era constitucional la eliminación de los beneficios adicionales que concedían leyes especiales ya que no forman parte de la pensión (bonos de verano, navidad, medicamentos y plan médico). También se resolvió que los maestros que entraron a trabajar con posterioridad a la aprobación de la ley 160 tienen derecho solamente a la pensión limitada que establece esa ley.