Llama la atención y genera interrogantes, el hecho de que la agenda de esta llamada ‘cumbre’ económica dejó fuera el tema del estatus de Puerto Rico, asunto que precisamente es la principal razón de ser del mencionado Grupo de Trabajo presidencial organizador del evento. Esto a pesar de que nuestro pueblo rechazó con su voto nuestro estatus territorial y avaló la Estadidad como alternativa; de que en el Congreso están pendientes medidas para adelantar dicha expresión; y de que el propio Grupo de Trabajo presidencial a cargo del evento, concluyó en su informe de 2011 que ‘la cuestión del estatus y la economía están estrechamente vinculadas’, que ‘la identificación de la manera más eficaz de contribuir a la economía de Puerto Rico depende de la resolución de la fundamental cuestión del estatus’ y que ‘el bienestar económico a largo plazo de Puerto Rico mejoraría considerablemente con una pronta decisión sobre el asunto del estatus’.

Y resulta irónico que estas reuniones de temas selectos se celebraron en Washington el mismo día que el presidente Obama inició una gira para celebrar los 50 años de la Ley de Derechos Civiles federal, aprobada en 1964 para acabar con la segregación y discriminación racial, proteger el derecho al voto y en fin, garantizar la igualdad y el pleno disfrute de derechos y libertades individuales. Que mejor momento entonces, para demostrar el compromiso de Casa Blanca con la descolonización de Puerto Rico y la igualdad para los puertorriqueños, que esta conmemoración de una medida emblemática de nuestra democracia.

Nuevamente se desaprovecha una extraordinaria oportunidad y queda en entredicho si Casa Blanca realmente tiene un interés genuino de ayudar a resolver nuestro problema de estatus; si lo que busca es poner más parchos para tratar de revivir un modelo colonial que fracasó; o si estas reuniones persiguen generar simpatías de electores puertorriqueños e hispanos en Florida y otros estados, cara a unas elecciones de medio término en noviembre de este año, donde el partido que rige Casa Blanca no luce bien aspectado.

Ciertamente, la colaboración entre el Gobierno Federal y Puerto Rico es importante, necesaria y productiva, como demuestran iniciativas en áreas como seguridad pública, educación, vivienda y desarrollo comunitario. Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes si dejan fuera la consideración de nuestro estatus político, problema de fondo responsable en gran medida de nuestra crisis y que tiene que resolverse sin más dilación, pretextos, ni devolviéndonos el asunto como si los puertorriqueños fuéramos los únicos responsables de este lastre.

Así las cosas, la agenda incompleta de Casa Blanca contrasta con la de otros presidentes que se abanderaron con el reclamo de igualdad de ciudadanos, grupos y hasta pasados territorios, haciendo realidad dichas aspiraciones con acciones concretas ante el Congreso y otros foros. De hecho, en las actividades conmemorativas de la Ley de Derechos Civiles, el presidente Obama exaltó constantemente la entrega y esfuerzo del presidente Lyndon B. Johnson para empujar y lograr la aprobación de dicha ley en el Congreso. Y de parte del presidente Obama, Premio Nobel de la Paz y conocedor de las penurias de la desigualdad, se esperaba la misma entrega y empuje en cuanto a nuestro reclamo, y que fuera un verdadero campeón de la igualdad, para lograr que Estados Unidos no siga teniendo dos categorías de ciudadanos con distintos derechos y que Puerto Rico finalmente cuente con un estatus político digno, democrático y capaz de sostener nuestro desarrollo, como exigió nuestro pueblo en noviembre de 2012.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Robert Rivera, Abogado