La banca en Puerto Rico podría sentir el efecto directo de las degradaciones sobre la deuda del Estado Libre Asociado (ELA), si finalmente el gobierno reestructura la deuda de sus corporaciones públicas y provoca una reducción en el capital de las instituciones financieras.
Esa es la advertencia reciente que le hizo Standard & Poor’s a OFG Bancorp, matriz de Oriental Bank, que colocó a ambas entidades en vigilancia crediticia negativa ante la alta exposición a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La agencia pública está al punto de la insolvencia y mantiene préstamos pendientes con Oriental por $761 millones al 31 de marzo de este año. Parte de ese dinero es deuda allegada de BBVA tras Oriental adquirir la subsidiaria local del banco español en 2012.
El caso no es exclusivo de Oriental, ya que el gobierno tiene deudas pendientes por préstamos y líneas de créditos con la mayor parte de los bancos en Puerto Rico (también con perspectivas negativas), algunas de las cuales están en negociaciones. Ayer, Oriental y otros bancos no estuvieron disponibles para comentarios, mientras la AEE dijo que continúan las conversaciones pero no ofreció detalles.
“No vislumbramos emitir expresiones sobre ninguna iniciativa específica, hasta tanto no exista un panorama más amplio, pero nos sentimos confiados en que cualquier posible escenario que decidamos emprender nos permitiría continuar proveyendo el servicio de electricidad a nuestros clientes”, comentó Juan F. Alicea Flores, director ejecutivo de la AEE, en declaraciones escritas.
Analistas y economistas consultados por EL VOCERO, anticiparon que el panorama se presenta más complicado para la economía de la Isla, ante las altas posibilidades de que se reestructuren corporaciones como la AEE y queden pendientes los pagos por préstamos, tanto a bonistas como a la banca local.
La nueva Ley para el Cumplimiento de Deuda y Recuperación de las Corporaciones Públicas, además de habilitar la reestructuración o la llamada ‘quiebra criolla’, establece que una vez se invoca la misma, las entidades públicas pueden detener cualquier pago con sus acreedores mientras se ventila el caso. Esto incide de manera directa en el capital de los bancos, como ha señalado S&P.
Otras agencias como Moody’s Investor Service y Fitch Ratings ya han tomado acciones relacionadas a Popular Inc., First Bank, Santander y Doral, con sus debidas advertencias.
Robert Donahue, analista del mercado municipal de bonos y director gerencial de la firma Municipal Market Advisors (MMA), dijo a EL VOCERO que indiscutiblemente los bancos se ven afectados negativamente. “Los bancos no sólo mantienen títulos públicos en sus carteras de inversión y gestión de los depósitos del gobierno, sino que también prestan a una economía que depende de las políticas del gobierno. Si el gobierno no logra mantener la confianza de los inversores, las empresas y los individuos, la situación financiera de los bancos se verá afectada”, opinó Donahue.
El analista con base en Nueva York, explicó que la exposición a la deuda pública afecta negativamente las operaciones de la banca ya que “cuando se producen degradaciones, la calidad de los activos disminuye a medida que el valor del capital del banco se contiene”.
“Menos valor significa menos préstamos, lo que agrava el impacto negativo en la economía. Si los bancos tienen que vender la deuda, van a tener que vender a una base más baja de la que compraron, y también disminuye su capacidad de prestar”, añadió Donahue.
La reciente advertencia de S&P, de acuerdo con el economista Elías Gutiérrez, es crítica porque ante el precario cuadro económico del gobierno, “el último reducto que le queda para tener algún tipo de apoyo financiero son los bancos que nos quedan”.
“Aquí, los bancos tratando de ayudar se encuentran que el gobierno ha cometido unos errores tremendos y no hay seguridad ni con lo que está protegido (de la deuda) por la constitución. Nos hemos metido en un callejón sin salida y los bancos tienen interés en que haya crecimiento”, expresó Gutiérrez.
Para el economista, la posibilidad de la quiebra, a su vez es un “jaque mate” para el gobierno, porque ante la imposibilidad de poder pedir prestado a los bancos locales “ahora habría que ir fuera a busca dinero a unas tasas altas y sabrá Dios si aseguradas, lo cual encarece más el costo y no hay dinero”.
Gutiérrez mencionó que si hay bonos “flotando” en el mercado secundario, se debe en gran medida a que es deuda asegurada a un alto costo y eso les ofrece garantías a los compradores. Aunque el analista de S&P, Robert Hansen, indicó que si el gobierno reestructura a la AEE “OFG podría estar sujeto a pérdidas importantes ¨, destacó que la expectativa sobre Oriental Bank es “que el banco siga siendo rentable, pero pensamos que una mejoría en el rendimiento de los préstamos (con el gobierno) será difícil durante los próximos dos años dado que la economía de Puerto Rico continúa débil¨.
El Comisionado de Instituciones Financieras, Rafael Blanco, dijo que “como está en alto relieve todas las degradaciones, es un componente de riesgo y eso es un elemento, pero ciertamente es normal que se levante bandera por las casas acreditadoras”. No quiso especular si habrá más señalamientos a otros bancos, pero comentó que “todos los bancos tienen en un grado y en otro exposición a los préstamos del gobierno y de los municipios”.
Mientras tanto, Donahue expresó que es muy poco lo que los bancos pueden hacer en este punto “que no sea avalar la gestión del gobierno con los acreedores, reconociendo que puedan necesitar financiamiento de capital y cumplir con sus contratos”.
You must be logged in to post a comment Login