La crisis sin precedentes por la que atraviesa Puerto Rico continúa agravándose y nos sigue costando. Las medidas fiscales tomadas por el presente gobierno de turno siguen afectando nuestro bolsillo y empobreciendo a nuestro pueblo. Estas acciones, unidas a la falta de un plan integral de desarrollo, nos han sumido en una profunda depresión económica, que entre otras cosas, afecta nuestro crecimiento y competitividad. Más aún, ha forzado a miles de puertorriqueños a abandonar la Isla buscando mejores oportunidades y a que se vea a Puerto Rico como un lugar inestable para la inversión y la operación de negocios e industrias que ayuden a generar empleos y a impulsar nuestro desarrollo económico.
El modelo actual del Estado Libre Asociado, territorial-colonial, del cual ha dependido nuestra Isla para su desarrollo, se agotó, ya no nos sirve y se ha convertido en una camisa de fuerza para nuestro progreso. Éste modelo de otros tiempos, unido a la falta de liderazgo, credibilidad y de una agenda para nuestra estabilización fiscal y nuestro desarrollo socioeconómico sostenible, son responsables de que Puerto Rico siga perdiendo su encanto y atractivos. El limbo e incertidumbre en la que nos encontramos bajo el modelo colonial del E.L.A., impide que como pueblo contemos con las herramientas, las facultades y el poder necesario para paliar nuestra crisis y reactivar nuestra economía.
Nuestra Isla sigue quedándose rezagada e incapaz de insertarse efectivamente en las corrientes globales, como hacen exitosamente otras jurisdicciones locales y estatales en Estados Unidos, en el Caribe y el resto de América Latina. Mientras aquí se nos gobierna sin rumbo y perdiendo el tiempo buscando excusas o a quien echar culpas, con una economía en caída libre y sin una hoja de ruta estratégica para encaminar nuestro desarrollo, dichas jurisdicciones se fortalecen, elevan su competitividad y se posicionan como importantes actores económicos a nivel regional y mundial. Esto gracias a que encaminan exitosamente proyectos estratégicos como megapuertos, centros de innovación, zonas especiales de desarrollo, programas de educación empresarial y bilingüe, e iniciativas para la exportación de bienes y servicios, para atraer inversión extranjera y maximizar recursos.
De hecho, recientemente Moody’s y otras organizaciones no gubernamentales han concluido que el panorama fiscal y económico de Estados Unidos y sus gobiernos estatales y municipales es uno positivo y estable tras superada la Gran Recesión. Estas mismas entidades también han mejorado el crédito por ejemplo de Grecia y España, luego que éstos encaminaran reformas fundamentales para recuperarse tras tocar fondo. También se ha pronosticado que en nuestra región tendrán crecimiento económico República Dominicana, Panamá, Colombia, Perú, Chile y Méjico, y hasta Haití y Nicaragua, los cuales se usaban siempre como ejemplos del rezago y subdesarrollo en nuestro hemisferio.
Ante este escenario, nuestro pueblo tiene dos opciones. O permitimos que Puerto Rico siga quedándose al margen y atrás, tornándose irrelevante en nuestra región, y sujeto a que pueda definírsele como el “patito feo” del Caribe, por su rezago, estancamiento económico y empobrecimiento. O, por otra parte, exigimos que finalmente se tomen las medidas correspondientes para resolver los problemas de fondo que han detonando nuestra crisis y que nos permitan contar con los mecanismos, facultades y el poder que requiere el momento, para tr
ansformar a Puerto Rico y posicionarlo como una gran potencia económica en el Caribe.
Puerto Rico puede ser líder y convertirse en una importante y vibrante economía regional. Se necesita entonces liderazgo y voluntad para tomar las decisiones fundamentales que se han postergado y que son necesarias para nuestro progreso, y que se cuente finalmente con un plan estratégico, bien pensado y ejecutado, para poder encaminar nuestro desarrollo socioeconómico sostenible.
Maraña financiera política
La tela de araña que se tejió en Puerto Rico por administraciones irresponsables aparenta ser difícil desenredar. Los esquemas financieros enmarañados para el uso inadecuado de fondos públicos, sin tomar en cuenta la falta de solidez de fuentes recurrentes de re-pago, se escudaban tras la algarabía partidista electorera. Promesas de campaña de obras faraónicas, la construcción de infra-estructura deficiente al costo de primera calidad, o proyectos sociales, culturales, y deportivos de unificación patriótica, se lanzaban como fuegos artificiales para mover sus huestes.
Tres fuentes de fondos públicos parecen hacer salivar a políticos carentes de un ápice de integridad para custodiar las arcas públicas: recaudos de contribuciones, transferencias de fondos federales y los préstamos producto de emisiones de bonos, dentro y fuera de la frontera isleña. Una cuarta fuente de fondos apetecible, es la venta a su antojo de activos, como tierras o facilidades físicas gubernamentales. Levantar liquidez para “llenarle los ojos” a su electorado; mientras se reparten legal o ilegalmente entre “las amistades de la casa” dicho caudal, se convierte en la rutina de la impunidad.
¿Dónde está la fiscalización del uso de esos fondos que desvanecieron? ¿Cuánto dinero se robó o se despilfarró en proyectos de paja, como excusa para el lucro personal de inversionistas políticos? ¿Cuántos informes de la Oficina de la Contraloría o investigaciones legislativas han terminado en el procesamiento criminal o la recuperación de fondos despilfarrados? Ahora que la Oficina del Panel de FEI, tiene potestad para motus proprio investigar, ¿dónde están las acusaciones?
El fantasma de la corrupción no se esfuma. Los esfuerzos de parte de la fiscalía federal en Puerto Rico, y la timidez de las autoridades locales, para combatirla, parecen no hacer mella. La película se repite una y otra vez. El abuso del poder se instaura robándose el caudal público y la confianza de la ciudadanía. El castigo no lo paga el supuesto pillo político, sino la ciudadanía. Las dos investigaciones criminales más recientes del Alcalde de Río Grande, Eduardo Rivera Correa, y por otra parte, de un ex -integrante de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Pérez Canabal, abre la herida que no sana del alegado “pillaje”. Algunos se “sirven con la cuchara grande” ilícitamente con la sonrisa de la desfachatez. La información fragmentada e inconexa de noticias desparramadas, les sirve para continuar en el anonimato, sin rendirle cuentas al país. Al día de hoy no se conoce cómo la corrupción de la apropiación ilegal de fondos públicos incide sobre el abismo fiscal de la deuda pública.
La gobernadora Sila Maria Calderón sacó provecho político electorero contra Pedro Rosselló González con el tema de la corrupción. Envalentonada nombró su “Blue Ribbon Committee” para investigar la corrupción, hasta que alegadamente le tocó las puertas a Ramón Cantero Frau. Aníbal Acevedo Vilá justificó la aprobación de un IVU de 7% con el desfalco de las arcas públicas. No resolvió la situación. Luis Fortuño aplicó “la medicina amarga” cesanteando miles de empleados públicos. Tampoco resolvió la situación. Le pasó la batuta de la privatización del aeropuerto y la “re-estructuración” de los sistemas de retiro al actual gobernador Alejandro García Padilla, bajo quien además se aumentó las tarifas de los peajes y de acueductos. Por su parte, la legislatura controlada por el PPD, se eliminó los gastos de dieta y millaje; como pie forzado para apretarle el torniquete a los sistemas de retiro a nivel central, de la judicatura y maestros; sin éxito los últimos dos ante el freno del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Posteriormente, cortaron los beneficios a los empleados públicos. La llamada “re-estructuración de la deuda” de las corporaciones públicas, posiblemente deje en la estocada a los bonistas. Estará por verse si pre
valecen el tamiz judicial. La imposición de la patente nacional fue circunvalada por otros mecanismos contributivos. Falta poner en vigor el impuesto en la entrada de los muelles, sin haber eliminado el IVU del 7%.
El Estado no entiende que no puede hincar pozos a ciegas en el bolsillo de la gente para pescar lo que no hay. La idea politiquera de que el “cielo es el límite”, nos ha traído al infierno cuyas llamas a penas estamos empezando a sentir. Quienes se lucraron de ese dinero, salen por la puerta ancha, mientras el país se le pasa la factura de lo que no disfrutó. Obligar a que “paguen justos, por pecadores” puede que sea el mayor acto de corrupción ante un Pueblo que se mantuvo al margen de las decisiones financieras que se tomaron. ¡Basta ya!
Katherine Angueira Navarro Psicóloga Social-Comunitaria
Truenan contra AGP y aseguran que debe estar cansado, pero de sus errores
(Redacción)- Ante las expresiones del gobernador Alejandro García Padilla quien dijo estar cansado de las imposiciones de las casas acreditadoras el economista Jaime Benson dijo “En Caliente con la Jovet” que el mandatario debe estar cansado pero de cometer los mismos errores una y otra vez.
Por su parte José Aponte tronó contra el primer ejecutivo diciendo que la razón por la que las casas acreditadoras han devaluado el crédito nacional es porque el Gobernador dice pero no hace.
Jerohim Ortiz Menchaca nos cuenta.
Justicia se une al Gobernador para atacar a las casas acreditadoras
(Redacción)- 24 horas después de que el primer ejecutivo dijera estar cansado de las agencias calificadoras del crédito boricua, el secretario de Justicia, Cesar Miranda, indicó ayer estar inclinado a demandarlas por sus alegadas acciones discriminatorias y negligentes.
Miranda dijo que recursos del Departamento evalúan qué ha ocurrido en otras jurisdicciones donde se han demandado las casas acreditadoras para tomar una determinación.
Rubén Darío tiene los detalles.
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