La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) decidió echar hacia delante la idea de que la Legislatura de Puerto Rico reglamente la convocatoria a un nuevo plebiscito de alternativas de status, que pueda vincularse con la ley estadounidense que permitiría al Secretario de Justicia de Estados Unidos determinar si las propuestas a incluirse en la papeleta electoral cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

Al hacerlo engavetó, otra vez,  la posibilidad de presionar primero al gobierno federal a través de un proceso de Asamblea de Status, un mecanismo procesal con el cual sus dirigentes han coqueteado por más de una década.

Las razones de la dirección del PPD para adoptar el proceso que propuso la ley federal – promovida muy discretamente por el presidente Barack Obama en un proyecto de asignaciones, a instancias del comisionado Pedro Pierluisi y el congresista José Serrano -, fueron explicadas ayer a la base popular por el ex gobernador Rafael Hernández Colón,  aún el ideólogo de los que favorecen un ELA que intente ganarle poderes al Congreso a base de modificaciones a leyes federales existentes, no de arrancarle su autoridad sobre la isla por medio de un pacto que le otorgue soberanía al país como prefieren los liberales o soberanistas.

La Junta de Gobierno del PPD estuvo un año sin reunirse.

Pero, todo indica que la dirección del partido tenía muy claro lo que  quería hacer. Dejó en manos de Hernández Colón – quien hace tres décadas entregó la presidencia del PPD -,  explicar ayer a sectores de la base popular “el presente y futuro” de la colectividad.

Desde antes de la reunión del martes el ex Gobernador tenía en calendario un foro radial de dos horas programado para este jueves, en la víspera del 116 aniversario de la invasión estadounidense y el 62 de la puesta en vigor de la Constitución de Puerto Rico.

Hernández Colón mantuvo ayer que para mejorar las relaciones con EEUU solo se necesitan  modificaciones a leyes y reglamentos federales.

Entre ellas mencionó la posibilidad de enmendar las normas de cabotaje; permitir a Puerto Rico decidir el destino y origen de los vuelos comerciales aéreos; obtener un nuevo incentivo contributivo federal  como la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas; cambios que permitan alterar el funcionamiento de los programas de asistencia social para estimular el trabajo sin perjudicar beneficios; y que el gobierno de Puerto Rico aporte a ciertos programas para obtener más fondos federales.

VIEJOS CAMINOS. Son iniciativas que el PPD ha propuesto antes, sin éxito, al gobierno federal, sobre todo durante la era del propio Hernández Colón como líder máximo del partido.

De cara a una consulta, el PPD tiene el complicado reto de armonizar las posiciones de los que creen suficiente enmendar leyes que seguirán bajo el control del Congreso y los que defienden un ELA soberano por medio de un pacto de asociación que excluya a la isla del sistema territorial estadounidense.

¿Cómo integrar ambos conceptos? Creo que ni tienen idea.

Tanto Hernández Colón como García Padilla han descrito a los soberanistas – con un cuarto de siglo de diferencia-, como “plumitas liberales”, es decir como un pequeño grupo disidente en su partido. Independientemente del tamaño que le adjudiquen a los sectores soberanistas, en camino a cualquier proceso electoral el PPD va a necesitar sus votos.

Minutos después de escuchar el miércoles al gobernador García Padilla hablar del proceso de status que quiere poner en marcha, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) descartó participar, pues les parece un esfuerzo por volver a colocar en una papeleta electoral el status territorial actual, rechazado por el 54% del electorado en el plebiscito de noviembre de 2012.

LA SITUACIÓN EN LA PALMA. En el Partido Nuevo Progresista (PNP) las cosas pueden ser más complejas.

Le han dicho a su electorado que tras el plebiscito de hace 20 meses la única alternativa de status que debe estar en una consulta es la estadidad.

Pero, su propio presidente, Pedro Pierluisi, fue promotor del lenguaje del presidente Obama que permite negociar las alternativas de status con el Secretario de Justicia federal y abrió la puerta a que el gobierno de García Padilla controlara en gran medida el próximo proceso.

Aunque en el PNP no quiera aceptarlo públicamente, es claro que la jefatura del PPD quiere impulsar una primera consulta de cuatro alternativas: ELA territorial, estadidad, libre asociación e independencia.

Ayer, el ex presidente cameral José Ronaldo Jarabo propuso, y Hernández Colón respaldó, que inmediatamente después haya una segunda consulta entre las dos alternativas con más votos, convencido, como muchos otros, de que la primera votación generará el mismo tranque de los últimos 20 años, Es decir, ninguna fórmula con mayoría absoluta.

Vale recordar que en su informe de marzo de 2011, la preferencia del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca era un enfrentamiento directo entre la estadidad y el ELA territorial.

Pronto comenzará todo el proceso deliberativo en San Juan.

Pero, urgen cuentas claras desde Washington, más aún cuando – lo reconoció ayer Hernández Colón -, no está sobre la mesa un proceso que vincule al gobierno federal con sus resultados. Lo que existe es una obligación moral y política del gobierno federal a actuar, si Puerto Rico envía un mensaje claro, dijo.

La obligación moral, por cierto, la tienen desde 1898.

Hernández Colón aceptó que no es posible que el Congreso se comprometa de antemano, por ejemplo, a acatar resultados de un plebiscito en la isla, ante su renuencia a vincularse con una posible admisión de  Puerto Rico como estado.  En su programa de gobierno, sin embargo el PPD reclamó en 2012 que si Obama no presentaba legislación en 2013 a favor de un plebiscito con alternativas autoejecutables, este año ordenaría la Asamblea de Status.

EL SILENCIO DE OBAMA. Tras la aprobación de la ley federal que permite vincular al Secretario de Justicia de Estados Unidos con la redacción de la definición de las alternativas de status, el gobierno de Obama no ha precisado si un ELA territorial cabe dentro de un proceso que se supone vaya dirigido a solucionar el status futuro de la isla.

En mayo de 2013, la asesora de Asuntos Domésticos del presidente Obama, Cecilia Muñoz, sostuvo que las alternativas de una próxima consulta las decide Puerto Rico, pero que están delineadas en el informe de marzo de 2011 del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca: ELA territorial, libre asociación, independencia y estadidad.

Nada más han querido decir. Y es un silencio cada vez más ensordecedor.