Ya nuestro pueblo votó para quitarle su consentimiento al ELA y para favorecer la estadidad como alternativa.
Por Robert Rivera, Abogado – 4:02 am
Esta semana se conmemora otro aniversario del Estado Libre Asociado. Esto en momentos donde el fracaso de dicho estatus territorial y colonial está en su máxima expresión, patentizándose las limitaciones que impone a nuestro desarrollo y la necesidad de cambiarlo como exigimos con nuestro voto en el plebiscito de noviembre de 2012.
Ya nuestro pueblo votó para quitarle su consentimiento al ELA y para favorecer la estadidad como alternativa. Así lo reconoció Casa Blanca en diciembre de 2012, expresando lo siguiente: “Los resultados fueron claros. El pueblo de Puerto Rico quiere que el asunto del estatus se resuelva y una mayoría favoreció la estadidad en la segunda pregunta. Ahora le toca al Congreso actuar y la administración trabajará con ellos en ese esfuerzo, para que el pueblo de Puerto Rico pueda determinar su futuro”. De igual manera se han expresado importantes miembros del Congreso.
Cabe destacar, que previo al plebiscito de 2012, el presidente Obama adoptó como política pública las conclusiones, recomendaciones y compromisos para resolver nuestro estatus del informe de marzo de 2011 del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico, o el Task Force de Casa Blanca como también se conoce. Dicho informe concluyó que “es hora de que Puerto Rico dé el próximo paso en la historia de su estatus y su relación con el resto de Estados Unidos”. Añadió además que “avanzar de manera inmediata y franca con respecto al asunto del estatus beneficiará enormemente al pueblo puertorriqueño” y que “es necesario hacer algo para satisfacer el anhelo del pueblo puertorriqueño de cambiar el estatus”. (Informe versión español, pág. 26).
Recientemente, el gobernador de Puerto Rico anunció que realizará un nuevo plebiscito de estatus. Esto luego de torpedear, con fondos públicos, esfuerzos para hacer valer el mandato del pasado plebiscito ante el Congreso y el ejecutivo federal.
La propuesta plebiscitaria del gobernador es una farsa que tira por la borda la promesa de una Asamblea de Estatus con la que entretuvo convenientemente a soberanistas dentro y fuera de su partido, quienes dicho sea de paso, han tenido el valor, dignidad y la madurez para defender con seriedad y fundamentos una fórmula de estatus no territorial ni colonial. Más aun, esta acción evidencia la crisis existencial del P.P.D. por su incapacidad de definirse cara al futuro. De hecho, en vez de concentrarse desesperadamente en atacar la estadidad, el pueblo estaría agradecido si el P.P.D. es honesto y explica de frente, por qué el ELA colapsó y quebró y cuál es su solución para resolver finalmente nuestro estatus.
El gobierno de turno busca distraernos de sus desaciertos que han empeorado nuestra crisis y frenar el mandato de cambio de nuestro pueblo, reviviendo, perfumando y perpetuando la colonia, dándole una victoria al inmovilismo. Así, Puerto Rico continuará bajo un régimen territorial y colonial, subordinado a los poderes plenarios del Congreso, donde no tenemos representación con voto y en igualdad de condiciones. De hecho, el ‘Task Force’ de Casa Blanca concluyó que “con la opción de estado libre asociado, Puerto Rico seguiría regido, como lo está ahora, por la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos.” (Informe, pág. 28). Precisamente fue esta condición de subordinación, que afecta nuestro desarrollo, la que rechazamos en el pasado plebiscito.
Ante un nuevo plebiscito, tenemos que participar para dejarle saber a los que nos gobiernan que nuestro pueblo se respeta, que sabe castigar a los que atropellan y engañan, y que reafirmará de ser necesario su rechazo a perpetuar la colonia y su apoyo a la igualdad y unión permanente con Estados Unidos que solo garantiza la estadidad.
Radican otra demanda contra el ELA por “quiebra criolla”
La compañía de manejo de inversiones Blue Mountain Capital Management, con sede en Nueva York, alega que el estatuto es inconstitucional y solicitan una sentencia declaratoria a esos efectos.
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO – 4:40 pm
Una segunda demanda fue radicada en el Tribunal Federal contra el gobierno de Puerto Rico para impugnar la “Ley para el Cumplimiento de las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, mejor conocida como la “Quiebra Criolla”.
La compañía de manejo de inversiones Blue Mountain Capital Management, con sede en Nueva York, alega que el estatuto es inconstitucional y solicitan una sentencia declaratoria a esos efectos. Los demandantes son bonistas de la Autoridad de Energía eléctrica (AEE). Estos manejan sobre $400 millones en bonos de la corporación pública.
La primera demanda fue radicada en junio pasado por 23 gestores de fondos de Estados Unidos, principalmente de las franquicias Franklin Funds y Oppenheimer.
“La ley ha causado daño a los demandantes y les causará daño”, señala el recurso legal radicado por los bufetes Indiano & Williams y el de Gibson, Duna, Crutcher de Washington. Exponen que la Constitución de Estados prohíbe al Estado Libre Asociado (ELA) radicar la quiebra de instrumentalidades y entidades públicas.. A su vez, argumentan que se viola la Cláusula Contractual.
Plantean que el Congreso ha dispuesto que los estados no tienen el poder para aprobar sus propias leyes para el ajuste de deudas y han excluido a las instrumentalidades de Puerto Rico de participar en el sistema de quiebra federal. “Eventualmente, la AEE causará daño a los demandantes al buscar remedios bajo la ley a pesar de sus promesas contractuales mediante el estatuto”, señala el documento.
“Aunque la AEE no busque remedios bajo la ley, los demandantes ya han sufrido daño como resultado del estatuto. Por ejemplo, la sección 17 de la Ley de la AEE garantiza a los bonistas el derecho de solicitar un síndico (receiver) si la AEE no pueda pagar sus deudas”, agrega. El lunes el ELA respondió a la demanda incoada por Franklin Funds. En su moción alegaron que el recurso legal debe ser desestimado porque es prematuro porque aun la AEE no se ha solicitado remedios bajo la ley de quiebra criolla.
Alegaron además que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sostenido que los gobiernos locales y estatales retienen su poder de aprobar sus propios estatutos de reestructuración, siempre y cuando con tengan conflicto con las leyes federales.
El gobierno de Puerto Rico plantea que las corporaciones públicas de Puerto Rico no son elegibles para reestructurar sus deudas bajo los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebra Federal.
Durante mucho tiempo se ha hablado de un “ELA mejorado” como la ruta a seguir para el futuro de Puerto Rico. Las fuerzas más conservadoras del PPD se aferran al concepto como tabla salvavidas, sin explicar lo que significa. Los opositores del ELA actual y los populares soberanistas dicen que tal cosa no existe. Hasta los senadores Wyden y Murkowski, durante las vistas de diciembre de 2013, negaron la existencia del “ELA mejorado”. Se equivocan. El ELA mejorado si existe.
El ELA es Peor de lo Peor
Desde 1975, Estados Unidos adoptó una relación de ELA con uno de sus territorios, que es el sueño de los conservadores del PPD. Está basada en un pacto (de verdad, no de poesía). Está dentro de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. Sus residentes son ciudadanos americanos.
Ese pacto establece la aplicación limitada de las leyes federales, incluyendo el control de la inmigración y la exención de las leyes de cabotaje. Ese ELA de ensueño se llama ELA de las Islas Marianas del Norte (CNMI).
A ese ELA de ensueño Estados Unidos le impuso las leyes de salario mínimo unilateralmente en el 2007, lo que destruyó su base industrial y causó una debacle económica. En el 2008, le impusieron las leyes migratorias estadounidenses; cuando el CNMI objetó, un tribunal federal estableció que, a la hora de decidir si Estados Unidos podía cambiar unilateralmente el pacto, había que hacer un balance entre “la intromisión en el pacto” y “los intereses de Estados Unidos” (es fácil adivinar quién ganó esa pelea).
En 2009, Homeland Security tomó el control de sus fronteras. El presidente George W. Bush declaró varias de sus islas unilateralmente como “parque nacional”, quitándole el derecho a sus residentes a pescar y aprovechar esos recursos naturales. Recientemente, otro tribunal federal invalidó disposiciones de la ley electoral del CNMI adoptadas para proteger la integridad territorial, y que habían sido negociadas como parte del pacto.
Hoy, ese ELA de ensueño se arriesga a perder un programa que permite la entrada de ciudadanos rusos sin visado, el cual es necesario para su industria turística. Todo ello sin que los ciudadanos del CNMI puedan hacer nada al respecto.
No nos equivoquemos: el ELA mejorado con el que sueñan algunos, sí existe. Por estar dentro de la cláusula territorial y no tener soberanía, Estados Unidos lo ha convertido en otra colonia clásica.
Si queremos resolver los grandes problemas que tenemos en Puerto Rico, y no arriesgarnos a que nos pase lo mismo que al CNMI, ese ELA quimérico no es ni puede ser la alternativa
orial de la Constitución de Estados Unidos.” (Informe, pág. 28). Precisamente fue esta condición de subordinación, que afecta nuestro desarrollo, la que rechazamos en el pasado plebiscito.
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