El senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz concurrió con varios líderes políticos y simpatizantes del movimiento estadista de que la Isla está en un momento histórico favorable para anexionarse a Estados Unidos.
“En términos del proceso de admisión de Puerto Rico como estado, desde mi punto de vista, está en una posición más aventajada que algunas de las 37 colonias que se admitieron como estado. Primero, la estructura de gobierno ya tiene compatibilidad entre el gobierno federal y Puerto Rico, es un avance importantísimo. Puerto Rico tiene cortes federales, estatales y el gobierno estatal y federal funcionan en armonía. Segundo, ya Puerto Rico se expresó, rechazó el Estado Libre Asociado (ELA) como ésta y contó son sobre un 60 por ciento del reclamo de los electores que quieren que Puerto Rico sea admitido estado”, afirmó.
“Ciertamente, los procesos de admisión, unos fueron más rápido, otros más lento. Unos tenían amigos sobre la marcha para la admisión y otros tuvieron enemigos, pero es incuestionable que el movimiento mayor crecimiento es la estadidad y es incuestionable que por circunstancias de Puerto Rico hoy lucha gente le presta atención al asunto del estatus y está frustrado con la situación colonial de Puerto Rico. Noto más allá del Partido Nuevo Progresista (PNP) hay sectores que creen en la estadidad e invierten tiempo en eso. Hay un entendimiento mayor de lo que es ser estado, la inmensa mayoría de los puertorriqueños creen en la unión permanente y la única que la garantiza es la estadidad”, añadió.
Indicó que su colectividad ha arreciado la lucha por la estadidad en el foro judicial y legislativo con la comparecencia ante el Congreso y en el foro internacional como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Consideró que la situación económica tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos no es un impedimento para que se otorgue la estadidad.
“Todas las colonias tenían problemas económicos, algunos de los estados que fueron admitidos tenían problemas económicos y no representó obstáculo para prohibirla. El cien por ciento fue admitido como estado. El mero hecho de que nos movamos en dirección de ser admitidos como estado cambia la perspectiva de los inversionistas para invertir en capital porque representa estabilidad para el gobierno. Ese mero indicio cambia de negativo a positivo con carácter de inmediatez”, expuso el expresidente del Senado.
Por su parte, el juez del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, Juan Torruella expuso que para que a Puerto Rico se le conceda la estadidad, hay que pedirla.
“Estoy hablando como ciudadano, no como juez ni político. No puedo dar opiniones legales ni constitucionales. No me quiero poner en la posición de estar apoyando a ningún grupo. Lo que no se pide no se recibe. Es como Hawaii y Alaska que estuvieron pidiendo la estadidad en muchas ocasiones. El hecho es que hay que seguir solicitándola. No sé cuál será el mejor ambiente. Hay cosas que los republicanos y demócratas necesitan y son los votos hispanos, que son un factor bien importante en las elecciones en Estados Unidos”, afirmó Torruella.
“Ahora vienen las elecciones congresionales. El Partido Republicano nacional dice que está a favor de un voto por la estadidad y se la concedería. No creo en coincidencias, lo hacen porque los votos de los puertorriqueños son significativos en la Florida y Nueva York. El Partido Demócrata favorecería un voto por la estadidad. Hoy en día el Congreso tiene muchos problemas, pero la razón principal es el hecho de que sería un tema que favorecería la elección en varios sitios. Creo que es un buen momento como cualquier otro. En estas cosas hay que ir insertando el tema. Es una decisión que hay que tomar más pronto que tarde”, añadió.
En cuanto al plan Tenneesee, consideró que el mejor plan es un “voto a favor de la estadidad”. “Lo importante es que el Congreso esté dispuesto a acatar los resultados y esté claro. Decir lo que va a decir el Congreso es entrar en especulaciones. Creo que se le haría difícil al Congreso si una mayoría vota a favor de la estadidad y ellos le dan la espalda.
Estados Unidos está en una situación en que su credibilidad está en juego y darle la espalda a la estadidad no le haría muy bien a los Estados Unidos internacionalmente. El ciudadano americano promedio no sabe que somos ciudadanos americanos. Les explico que soy un juez federal y que (en Puerto Rico) no puedo votar por quien establece las leyes que promulgo. Esto a última instancia es casi una violación de derechos civiles”, opinó el juez.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
Cuidado con los embelecos plebiscitarios
Tras la exitosa marcha ‘Puerto Rico escogió la estadidad’, todavía queda camino por recorrer y batallas que enfrentar para hacer valer nuestro voto en rechazo del ELA colonial y a favor de la estadidad.
Igual que los casos de otros territorios que se convirtieron en estados de la Unión, la estadidad no llegará de la noche a la mañana. Alcanzarla dependerá de nuestra voluntad, esfuerzo, firmeza y unidad de propósitos para superar retos inherentes al proceso. Y esto teniendo presente que el Congreso nunca ha rechazado una petición de estadidad de parte de sus territorios.
Un posible reto es un nuevo plebiscito de estatus impulsado por el gobierno de turno local para tratar de revertir los resultados del pasado plebiscito y perpetuar la colonia. Esto si finalmente el PPD se pone de acuerdo internamente en cuanto al estatus, cosa que por décadas han evadido como el diablo a la Cruz cada vez que pueden.
El plebiscito tiene que realizarse conforme el leguaje aprobado por el Congreso y convertido en ley por el Presidente Obama. En esencia, esta ley expresamente asigna fondos para un plebiscito que específicamente resuelva nuestro estatus, con alternativas constitucionalmente permisibles y validadas por el Departamento de Justicia Federal. De hecho, tiene que considerarse que el Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico, codirigido precisamente por Justicia Federal, recomendó en su informe de marzo de 2011 que “el presidente y el Congreso apoyen cualquier esfuerzo justo, transparente y expeditivo que refleje y esté conforme con la voluntad del pueblo puertorriqueño.” (Informe versión español, pág. 26).
Ya nuestro pueblo se expresó, por lo que toda consulta siguiendo este proceso federal tiene que reflejar y ser conforme nuestra voluntad expresada claramente en las urnas.
Ante lo hueca de la propuesta plebiscitaria del gobernador, surgen proposiciones de las distintas facciones del PPD, como por ejemplo un plebiscito “Estadidad Sí o No”. La aprobación de este plebiscito, además de incumplir la promesa de una Asamblea de Estatus, representará un reconocimiento a los resultados del plebiscito de 2012.
La alternativa del plebiscito “Estadidad Sí o No” tiene que validarse, como cualquier otra propuesta plebiscitaria, por Justicia Federal, quien a su vez tiene que asegurar que es aceptable para el Congreso. Esto porque en última instancia es el Congreso quien tiene la facultad constitucional de reglamentar y disponer todo asunto relacionado a los territorios, incluyendo su estatus político. Así, la consulta tendrá garantías de ser vinculante y autoejecutable.
Este plebiscito no puede ser un embeleco y debe diseñarse para reflejar y hacer valer nuestro voto. Esto negociando con el Gobierno federal los términos y condiciones específicas y aceptadas por Washington para la admisión de Puerto Rico como estado, para que nuestro pueblo las ratifique, como sucedió en Hawaii y Alaska para formalizar su admisión como estado.
Ahora bien, un voto por el No en un plebiscito “Estadidad Sí o No”, empujará hacia la separación a Puerto Rico. Esto porque si prevalece el No, las alternativas legalmente válidas que quedarían para resolver el estatus, como requiere el proceso federal, serían la independencia y la libre asociación. Nuestro presente estatus territorial, el ELA colonial, no puede ser alternativa, porque además de haberse rechazado en las urnas, incu
mple con el requisito federal de ser una alternativa que resuelva nuestro problema de estatus, porque precisamente es el problema. Permitir su inclusión sería una burla a la voluntad de nuestro pueblo, una inmoralidad y una afrenta a la democracia.
Nuestro pueblo tiene que continuar militante y firme para defender en cualquier frente nuestro mandato en contra de la colonia y a favor de la estadidad, utilizando los mecanismos que sean necesarios, incluyendo el Plan Tennessee. Nuestra descolonización está más cerca que nunca y no podemos permitir que embelecos plebiscitarios la detengan.
Robert Rivera, Abogado
Puerto Rico: ¿punto ciego de los EEUU?
Puerto Rico sufre de la invisibilización en la historia ‘americana’. Como auto-denominado policía que vigila la ‘libre auto-determinación de los Pueblos’ en su mercadeo de las ‘libertades democráticas’ alrededor del mundo, los EEUU de Norte América tiene un punto ciego, al interior de sus propias ‘fronteras’. Mientras la prensa del Norte cubrió a diario el asesinato vil de cerca de 300 pasajeros del avión derribado supuestamente por facciones “rebeldes” rusas sobre Ucrania; o los miles de niños que cruzan ‘ilegalmente’ la frontera de los EEUU de Norte América, y más recientemente la guerra entre Israel y los palestinos en la Franja de Gaza que cobra de forma abominable la vida de niños(as), Puerto Rico parecería que no existe. El genocidio y la traficación ilegal humana que emana producto de las luchas fraticidas políticas por las fronteras nacionales, conlleva el menosprecio a la vida, integridad y dignidad humana; prevaleciendo como sujeto y objeto de noticia. Sin embargo, los entuertos más sutiles al interior de sus propias fronteras que van socavando la dignidad humana producto del latigazo colonial que sufre su territorio llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), no capta su interés. La violencia rampante que cobra diariamente la vida de dos a tres personas; el trasiego ilegal internacional de drogas; la violencia de género; el abuso sexual; la traficación humana; y la alta tasa de desempleo y pobreza, que se trata de contrarrestar con la transferencia anual de billones en fondos federales para el mantengo de su territorio/colonia en que la aparente corrupción gubernamental los torna “sal y agua”, en términos generales pasa por debajo de su radar noticioso.
En esas ligas, la ‘bofetada’ política que el Presidente de los EEUU, Barack Obama, le propinó a sus colonizados(as) en Puerto Rico no es noticia. El pasado 24 de julio, el presidente Obama envió una carta condescendiente subrayando, la ‘ratificación’ del Congreso de los EEUU cuando aprobó la Constitución del ELA de PR hace 62 años. (“I am pleased to join in celebrating the 62nd anniversary of the ratification of the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico.”).
¿Cuánto habrá costado el endoso del presidente Obama al actual estatus territorial del ELA? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo, si alguno, dedicó como heredero del PPD, Juan Eugenio Hernández Mayoral, para lograrlo? ¿Todavía el PPD le factura políticamente por el respaldo que le dio a Barack Obama durante las primarias presidenciales en PR para su primer término? ¿El PPD no se da por enterado que se “ratifica”, que el ELA, lejos de ser un “compact” entre iguales, fue un acto de imposición política del imperio sobre su territorio/colonia? ¿El PPD no se da por enterado que les acaban de reiterar que la Constitución del ELA, no solamente tuvo que cumplir con los preceptos democráticos del Imperio, sino que requirió de la aprobación de los poderes plenarios del Congreso de los EEUU de Norte América?
Tras cinco siglos de coloniaje en Puerto Rico; cuatro siglos bajo la Corona Española, hasta que en 1898 nos entregó como botín de guerra a los EEUU bajo el Tratado de París que puso punto final a la Guerra Hispano-Americana (Art. II, Tratado de París, 10 diciembre, 1898), seguimos colon
izados. Ciento diez y seis años más tarde, el pasado 25 de julio se conmemoró que el Congreso de los EEUU como poder político sobre nosotros, nos ‘ratificó’ la Constitución del ELA de PR hace escasamente 62 años, permitiéndonos jugar ‘como adultos’, cuando todavía se nos ordena como ‘adolescentes’ bajo su total dominio. La propia relación política territorial/colonial perpetúa la dependencia en el Amo, de manera que no pueda independizarse social, económica, ni psicológicamente.
En su aspecto de dependencia socio-psicológica, 62 años más tarde, la asignación de $2.5 millones de fondos federales para un plebiscito para la ‘libre auto-determinación’ de estatus político entre Puerto Rico y EEUU, requiere que las definiciones de las opciones propuestas sean aprobadas por el Departamento de Justicia de los EEUU. Por otra parte, en el aspecto económico, el ELA en 62 años bajo una Constitución que exige que el presupuesto del país sea cuadrado, tiene un desfalco fiscal de aproximadamente 73 billones de dólares. No obstante, todo(as) los(as) concernido(as) se han hecho de la vista larga del craso incumplimiento con la disposición que exige que “las asignaciones hechas para un año contributivo no podrán exceder los recursos totales calculados para dicho año contributivo” (Artículo VI, Sección 7, Constitución del ELA, 1952). Ante esta realidad, ¿quién realmente es responsable de esta deuda pública? ¿La colonia o el Imperio? ¿Quién no ve el punto ciego? (Continuará).
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