La representante a la Cámara María Milagros Charbonier acusó hoy al gobernador Alejandro García Padilla de querer provocar “un choque constitucional” entre los poderes Ejecutivo y Judicial, al querer quitarle al Tribunal Supremo de Puerto Rico la utilización del recurso de certificación.
A juicio de la legisladora del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobernador intenta de este modo “socavar sus poderes, brindados por la Constitución, tal y como ha hecho con la Rama Legislativa”.
“Es el Tribunal Supremo (que), en nuestro sistema republicano de gobierno, tiene la facultad de interpretar la Constitución. Ese es su poder inherente. La Constitución es clara, ninguna rama pude estar sobre la otra o ejercer presión sobre otra como García Padilla intenta hacer”, señaló Charbonier.
García Padilla sugirió que la Asamblea Legislativa limite al Tribunal Supremo el recurso de “certificación” de casos, luego de que decidiera elevar a su instancia la acción incoada por un grupo de abogados anexionistas que se opone a la obligatoriedad de pertenecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para ejercer la profesión en el país.
“Esto ya lo vimos antes y aparentemente será el patrón de este gobernador, cuando hay una decisión del Supremo que no le gusta, entonces busca socavar el foro con conceptos y propuestas erradas, ridículas y sin sentido, pues el sistema unificado de poderes que tenemos en Puerto Rico no permite que ninguna rama constitucional le pueda quitar facultades a la otra”, dijo la legisladora del PNP, quien también es abogada.
Charbonier expuso que si la Legislatura, controlada por el gubernamental Partido Popular Democrático (PPD), quiere cederle sus poderes a García Padilla, “esa es su prerrogativa, pero el Tribunal Supremo ha sido claro que no lo hará”.
Esta división de poderes y facultades, protegidos por la Constitución del Estado Libre Asociado, fue citada por el juez asociado del Tribunal Supremo, Luis Estrella Martínez, en el caso de petición de interdicto hecha por sobre 600 empleados públicos en contra de la implantación de la Ley 2-2013, conocida como Reforma del Sistema de Retiro.
Estrella Martínez concluye en su decisión que la Asamblea Legislativa carece del “poder constitucional para limitar la jurisdicción del Tribunal General de Justicia, ni para afectar la competencia en última instancia constitucionalmente reconocida al Tribunal Supremo de Puerto Rico”.
Ante esto, Charbonier hizo un llamado a la mayoría parlamentaria del PPD a “respetar nuestra Constitución”, en referencia particular a su Artículo 5, Sección 3, que “limita la facultad de la Legislatura para quitarle poderes, y menos uno tan importante como el recurso de certificación”.
“Claramente dice ese artículo que el Tribunal Supremo siempre tendrá la discreción de ejercer oportunamente su competencia final sobre cada caso que se presente en los tribunales de Puerto Rico”, refirió.
Para Charbonier “más claro no pudo haber sido definido, (por lo que) espero que la mayoría popular respete ese concepto 
básico y no intente crear una crisis constitucional para desviar la atención del pueblo de lo que ha sido el peor gobierno en nuestra historia”.
InterNewsService
Inter News Service (INS) es una agencia de noticias, fundada por el periodista Nelson del Castillo y que tiene su base en San Juan de Puerto Rico.
Gobernador reitera interés en limitar los poderes del Tribunal Supremo
Pide a la Legislatura que atienda con premura un proyecto que reduce la facultad de expedir recursos de certificación
Por Rebecca Banuchi / rebecca.banuchi@gfrmedia.com
Tras afirmar que el Tribunal Supremo “abusó” de las facultades que tiene en ley, el gobernador Alejandro García Padilla insistió este jueves en pedirle a la Asamblea Legislativa que atienda “con premura” un proyecto de ley que limitaría los poderes del máximo foro judicial para atender controversias que no hayan sido consideradas por los tribunales de menor jerarquía.
El primer ejecutivo afirmó que el Tribunal Supremo acogió el miércoles de forma innecesaria y prematura el recurso de certificación presentado por la Asociación de Abogados en torno a la nueva ley de colegiación compulsoria de los togados.
García Padilla señaló que obviar que la demanda se ventile en un juicio en el Tribunal de Primera Instancia, y que luego pase ante el Tribunal de Apelaciones si alguna de las partes así lo determina, antes de llegar al Tribunal Supremo, coarta el acceso a la justicia de los involucrados.
Subrayó que el recurso de certificación, que no sigue el proceso judicial ordinario, se creó para atender “casos excepcionales”, y opinó que el pleito relacionado con la Ley de la Colegiación Integrada de la Abogacía, firmada el lunes, no reúne los criterios que justifiquen su trámite expedito.
“No me parece que se le hace un servicio adecuado al acceso a la justicia. Cuál va a ser la decisión del caso del Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad que se alega y se impugna en cada caso es otra cosa… De lo que se trata esto no es de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa ley, de lo que se trata es de que se evalúe con un juicio, como se supone, en el Tribunal de Primera Instancia; el que no esté de acuerdo con la determinación, tiene un tribunal apelativo; el que no esté de acuerdo, puede ir en certiorari al Tribunal Supremo”, manifestó García Padilla.
“Todo eso puede ocurrir y todavía la ley no ha afectado el derecho de una parte porque dice que los abogados tienen para colegiarse hasta 90 días después del 1 de enero de 2015”, añadió durante una conferencia de prensa en la que anunció la expansión de una compañía de productos y servicios educativos.
Se refirió a que la ley de reciente aprobación, que también fue impugnada por el senador Thomas Rivera Schatz, establece que todos los abogados activos en el País tendrán para pagar su cuota anual de $250 desde el 1 de enero del 2015 hasta los 90 días siguientes a esa fecha.
“No existe ninguna razón, no hay ningún daño que una parte pueda recibir, es simplemente el abuso de discreción de la corte que se le otorga por ley”, enfatizó el mandatario.
No es la primera vez que el intento por limitar la facultad del Tribunal Supremo para atender los recursos de certificación enfrenta a las tres ramas constitucionales de Gobierno.
En mayo del año pasado, las cámaras legislativas aprobaron el Proyecto del Senado 367, de la autoría del presidente senatorial, Eduardo Bhatia, mediante el cual se buscaba “revisar la competencia original y apelativa del Tribunal Supremo”. Esa medida se convirtió ese mes en la Ley 18-2013, pero posteriormente el máximo foro judicial dictaminó mediante resolución su inconstitucionalidad esbozando, entre otros argumentos, la doctrina de separación de poderes.
Al insistir en su interés por limitar esas facultades, el Ejecutivo presentó en junio del año pasado un proyecto de administración en ambas cámaras de la Legislatura (P. de la C. 1248 y P. del S. 657), y todavía no ha sido aprobado en ninguno de los cuerpos.
El trámite legislativo está más adelantado en la Cámara de Representantes, donde la Comisión de lo Jurídico presentó un informe que recomienda su ratificación. El documento suscrito por el representante Luis Vega Ramos, presidente de la comisión legislativa, establece que las enmiendas incluidas en la pieza “se encuentran dentro del marco constitucional y no inciden sobre la doctrina de separación de poderes”.
“Le estoy pidiendo a la Asamblea Legislativa que los evalúe. Ellos tienen que descargar su función legislativa de manera responsable, como sé que lo hacen, por lo tanto mi petición es que evalúen esos proyectos con premura y que, por supuesto, entiendo que se deben aprobar”, puntualizó García Padilla.
A dos niveles del impago la AEE
Justo cuando la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció la prórroga por dos semanas en sus pagos pendientes con instituciones financieras en Puerto Rico, la agencia Standrad & Poor’s, llevó su calidad crediticia a niveles más profundos en la categoría especulativa o chatarra.
S&P reclasificó la deuda de la corporación pública de B- a CCC, que son dos escalones más abajo, y dos antes del último nivel crediticio. Mientras, la calificación se mantiene con implicaciones negativas, como fue expuesto en un informe anterior y tan reciente como el pasado 18 de junio.
La agencia advirtió que podría degradar más a la AEE y en tres meses resolverá el asunto de la implicación negativa.
Según el informe suscrito por la analista Judith Waite, la calificación a la baja significa que “en nuestra opinión, la deuda de la autoridad es vulnerables a la falta de pago”, y depende de negociaciones financieras favorables –como la que realiza con la banca local desde hace más de un mes- para poder cumplir con sus pagarés.
“Creemos que la ausencia de una solución global a los problemas de liquidez y el desequilibrio estructural entre sus ingresos, gastos operacionales y los compromisos con el servicio de la deuda sugiere una alta probabilidad de que la Autoridad no será capaz de satisfacer las obligaciones del servicio de la deuda a tiempo y asuma la Ley para el Cumplimiento de Deuda y Recuperación de las Corporaciones Públicas promulgada el 28 de junio de 2014, para la reestructuración de la totalidad o parte de su deuda”, indicó Waite.
Explicó que está claro que la AEE no tiene exceso de liquidez para pagar los vencimientos pendientes al 31 de julio y que ahora vuelve a atrasar por dos semanas. Con $8.3 mil millones en circulación, la AEE tiene que pagar unos $146 millones de ese dinero y tiene pendiente otros $525 millones que vencen el 14 de agosto.
Waite igualmente mencionó “la incapacidad” de la AEE para negociar “con éxito” la renovación de las líneas de crédito para comprar el petróleo y esto ha agravado su situación financiera ya debilitada.
La analista hizo la aclaración de que no efectuar los pagos señalados no es un incumplimiento con los bonistas, porque se trata de otro tipo de deuda y acreedores, pero “creemos que la incapacidad de la autoridad para pagar las cantidades pendientes de pago incrementarán la probabilidad de que se reestructure su deuda”.
La Secretaria de Hacienda, Melba Acosta Febo, y el Presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), David H. Chafey, reaccionaron en declaraciones escritas conjuntas y sostuvieron que “esta administración ha implantado medidas críticas y decisivas, y ha tomado decisiones bien difíciles para estabilizar la situación fiscal de Puerto Rico”.
“Como S&P reconoció en su informe, estamos firmemente comprometidos con el pago de nuestras obligaciones generales y créditos relacionados. Estamos trabajando arduamente en nuestro compromiso por proteger y fortalecer el BGF, el Fondo General y el crédito de Puerto Rico, brindándole a las corporaciones públicas la oportunidad de convertirse en empresas autosuficientes que no requieran más el apoyo financiero del Fondo General o el BGF. Continuaremos actuando con determinación y enfocados en estimular el desarrollo económico y dirigir a Puerto Rico por la ruta de la salud y la estabilidad fiscal”, indicaron.
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