Todo esfuerzo que realmente busque resolver nuestro problema de estatus, como exigimos con nuestro voto en el plebiscito de 2012, tiene que ser compatible con las conclusiones a las que ha llegado el Congreso, mediante informes y expresiones recientes de sus comités con jurisdicción, sobre las alternativas viables para definir nuestra relación política con Estados Unidos. Recordemos que es el Congreso en última instancia quien gobierna y determina el estatus y futuro político de los territorios de la Nación, como es el caso de Puerto Rico bajo nuestro presente estatus.

Los informes congresionales más recientes y actualizados los provee el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal. Estos, reconocen que bajo el ELA, Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. De hecho, el Comité reconoce que existe consenso sobre el particular y hasta incorpora las siguientes expresiones de un exgobernador local: “As former PDP Governor Rafael Hernández Colón has written…‘[a]ll factions do agree on the need to end the present undemocratic arrangement whereby Puerto Rico is subject to the laws of Congress but cannot vote in it’”. (House Report 110-597, pág. 6).

El Comité considera como alternativas no-territoriales la Estadidad y la independencia plena o en asociación con Estados Unidos. Esto descartando diferentes propuestas del ELA ‘mejorado’ o ‘desarrollado’ del Partido Popular por ser contrarias a la Constitución federal, como también han hecho informes presidenciales desde la administración Clinton. (House Report 110-597, pág. 14).   De hecho, uno de los informes del Comité resalta que: “The Clinton Administration found that the proposals of the NPP and PIP were generally acceptable, but that the PDP ‘Development of the Commonwealth’ proposal violated the Constitution in several respects”. (House Report 110-597, pág. 10).  Conforme lo anterior, el Comité ha indicado que: “proposals for such a governing arrangement have been consistently opposed by federal authorities in the executive and legislative branches, including this Committee, on both constitutional and policy grounds.” (House Report 111-294, pág. 4)

Como fundamento para estas expresiones, el Comité plantea, entre otras cosas, lo siguiente: “Testimony presented by the Department of Justice stated that the ‘mutual consent provisions [of the Developed Commonwealth proposal] are constitutionally unenforceable’ because ‘one Congress cannot bind a subsequent Congress.’  Añade además que: “with respect to making a ‘Developed Commonwealth’ legally and constitutionally its own nation, the State Department testified that ‘the exercise of a parallel and co-existing foreign affairs authority by a subfederal unit of the United States would not only be unconstitutional, but retrogressive and impractical as well.’” (House Report 110-597, pág. 10).

Es importante resaltar también, la posición del Comité de Energía del Senado federal, expresada por su liderato, demócrata y republicano, mediante carta de diciembre de 2013 que notificó a los presidentes de los partidos locales que “[w]hatever formal process or processes are used to formally consider the status question… non-viable status options such as ‘enhanced commonwealth’ should not be considered, as they confuse the debate and undermine efforts to resolve this issue of great importance…”  De hecho, esta posición es consistente con la del Comité de Recursos de la Cámara que ha expresado que: “[t]he Committee emphasizes its expectation . . . that a convention, plebiscite, or other procedural mechanism should only consider non-territorial status options that are compatible with the Constitution and basic laws and policies of the United States.” (House Report 110-597, pág. 11).

Evidentemente las propuestas híbridas para ‘mejorar’ o ‘desarrollar’ al ELA son espejismos y engaños monumentales a nuestro pueblo, que usan a conveniencia y contrario la Constitución y leyes federales, lo mejor y que luzca atractivo de la estadidad y la independencia, sin sus responsabilidades y etiquetándolas con el nombre que mejor suene en el momento.  Ante esta realidad, y el rechazo a nuestro presente estatus territorial, hay que continuar exigiendo que se respete nuestro voto a favor de la estadidad, única alternativa que garantiza nuestra unión permanente con Estados Unidos y los beneficios, oportunidades y responsabilidades de una ciudadanía americana de primera e irrevocable.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.