La semana pasada el PPD nos sorprendió al presentar los principios que enmarcarían la supuesta ‘reforma contributiva’ que pretenden aprobar. Difícil creerles, no porque la historia sea elocuente con ejemplos de incumplimiento de su parte hacia el Pueblo, sino porque han incumplido hasta la promesa del propio gobernador de reducir el IVU. El consumidor puertorriqueño siente en el bolsillo los embates de más de $2 mil millones en nuevos impuestos que la actual administración ha implantado en poco más de 18 meses en el poder.

En el pasado administraciones estadistas legislaron para reducirle las contribuciones a la clase asalariada. Primero, fue el gobierno del Carlos Romero Barceló, que hizo una de las rebajas más marcadas en la historia y le impuso, a su vez, contribuciones a las grandes corporaciones que no contribuían al erario público. Bajo el gobierno de Pedro Rosselló, de igual manera, se rebajaron las tasas contributivas a los asalariados, y por último, la reforma aprobada por el gobierno de Luis Fortuño en 2011; reforma que en gran medida fue eliminada por el PPD en 2013 al aumentar de 30% a 39% la contribución que pagan los pequeños y medianos comerciantes.

Siguiendo la tradición de sus antecesores, el Presidente del PNP, Pedro Pierluisi, ha enumerado los principios cardinales que enmarcarán el sistema contributivo a partir de 2017. Entre muchos, están: simplificar la planilla de contribución sobre ingresos; reducir las tasas contributivas para individuos y empresas; un nuevo esquema contributivo para corporaciones exentas y utilizar nuevas tecnologías para fiscalización del IVU. Estos principios tienen el fin de fomentar el crecimiento de la economía y lograr mayores recaudos para el gobierno, sin necesidad de nuevos impuestos. Más importante aún, el Presidente del PNP ha reafirmado la importancia de recobrar la credibilidad de Puerto Rico. En este esfuerzo, Pierluisi acudió a las casas acreditadoras para defender los intereses de Puerto Rico.

Por su exuberante déficit de credibilidad, cualquier gestión que haga el actual Gobierno para encaminar una reforma contributiva quedaría empañada si el organismo que tiene el deber de manejar las finanzas públicas no demuestra tener la capacidad, y mucho menos la experiencia, para cumplir sus promesas hechas al Pueblo. No podemos olvidar que el Gobernador comenzó su gestión atacando las casas acreditadoras. “¡Me valen!,” fue, a los cuatro vientos, su exclamación testicular.

Por otro lado, el Departamento de Hacienda con el aval del Gobernador envía un mensaje devastador al incumplir e intentar cancelar un ‘Acuerdo Final’ con Doral Bank; empresa nativa que emplea a más de 1,000 puertorriqueños. Nunca en la historia de Puerto Rico, un Gobierno, de cualquier administración, había intentado cancelar un ‘Acuerdo Final’. Pedro Pierluisi ha sido enfático en que, bajo una administración del PNP se cumplirán los acuerdos contraídos y no se atentará, bajo ningún concepto, contra la seguridad jurídica.

Ciertamente, los mercados financieros continuarán evaluando negativamente nuestro crédito, provocando que tengamos que pagar más altos intereses por obtener dinero para obras, como la construcción de carreteras, escuelas u otras de infraestructura. Del mismo modo, posibles inversionistas estarán renuentes a invertir su dinero en Puerto Rico, al saber que la regla capital que impera en nuestro entorno colonial es que el tener amigos del alma es precondición indispensable para el éxito de su inversión.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.