EL VOCERO / Archivo

La incapacidad del gobierno para cumplir con la contribución especial que complementaría el salvavidas para extender la liquidez del Sistema de Retiro de Empleados Públicos, lo deja con una mayor deficiencia en el flujo de caja que amenaza con agravar su insolvencia para el 2015.

De esta manera, la reforma iniciada en abril de 2013 comienza a dar traspiés que provocan lo contrario a lo que se aprobó, ya que los aumentos en las aportaciones de patronos, empleados y contribuciones adicionales deben aumentar de manera progresiva hasta 2024, pero esto no ocurre como se esperaba.

A esto se suman otros factores contables en las finanzas de Retiro, como un aumento en los retirados, reducción de empleados activos que aportan al sistema y un coeficiente de financiamiento por el piso, a nivel del 3.1 por ciento (%).

Así se desprende del análisis realizado por EL VOCERO, al considerar documentos del gobierno sobre la situación del Retiro, que incluyen el informe trimestral sobre las finanzas del Estado Libre Asociado (ELA), fechado el 17 de julio de 2014, y el más reciente informe actuarial realizado por la firma Milliman, con fecha de junio 27 de este año.

Igualmente se revisaron los estados financieros de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), auditados por la firma KPMG LLP, que son a junio 30 de 2013 y entregados el 30 de junio de 2014. Estos reconfirman que los activos del sistema serán menor que sus obligaciones para el año fiscal 2015 y que las estimaciones de flujos de efectivo anuales en el futuro previsible “continuarán reduciendo la posición neta a menos que se tomen otras medidas”.

Según KPMG, “las aportaciones futuras de los patronos se han comprometido para el pago del servicio de la deuda, y en consecuencia, una mayor reducción de los activos del sistema podría resultar en la incapacidad para pagar los beneficios y bonos” a los pensionados.

No llega aportación del gobierno

La aportación especial que haría el gobierno central junto a corporaciones públicas y municipios, por $120 millones para mejorar el efectivo de Retiro, no se hizo para el año fiscal 2014 que terminó el pasado 30 de junio y no se hará para el actual año fiscal 2015.

Esa partida especial se dividía en $78.9 millones correspondientes al gobierno central y $41.1 millones de las corporaciones públicas y los municipios. Pero, una orden ejecutiva eliminó la aportación que había sido legislada mediante la Ley 32, bajo el argumento de la caída en los recaudos de Hacienda para el fiscal 2014. Solo se dejó $21.3 millones de la contribución de corporaciones públicas y municipios.

“Ante el fracaso del ELA y otros patronos participantes para compensar el déficit con la contribución adicional para los años fiscales 2014 y 2015, así como para hacer futuras contribuciones adicionales al nivel estimado por el actuario según la Ley 32 y en el tiempo oportuno, esto podría tener un efecto material adverso en la solvencia futura del Sistema de Retiro de Empleados Públicos”, aceptó el gobierno en su informe.

Igualmente añadió que a pesar de la Reforma, el efecto de esa reducción en aportaciones ¨podría resultar en el futuro agotamiento de activos¨ en el Retiro. Es así porque para compensar su falta de liquidez el Retiro suele vender activos, que cada vez son menos.

No obstante, aunque Milliman ya retrata los retos y el estado deficitario de Retiro, en su documento no consta la eliminación de la contribución adicional, toda vez que la orden ejecutiva que enmendó la Ley 32 fue firmada por el gobernador Alejandro García Padilla el 27 de junio de 2014, justo el mismo día cuando llegó el informe actuarial.

De hecho, en su informe de junio, Milliman estableció que debido a que la reforma es a largo plazo y cubre un periodo de 50 años, debe ser monitoreada para asegurarse de que ¨el Sistema se mantiene en el camino¨. También añadió que ¨la experiencia actual puede resultar mejor o peor de lo esperado, por lo tanto ajustes futuros pueden ser necesarios¨.

Aumenta el déficit estimado de Retiro

En consecuencia a la reforma de abril de 2013 y con las aportaciones correspondientes del gobierno central, de patronos y empleados públicos, se suponía que al 30 de junio pasado el déficit en el flujo neto de efectivo de Retiro se reduciría de $786 millones a $617 millones, según datos del actuario. Sin embargo, la orden ejecutiva tuvo el efecto de aumentar el déficit a $715.7 millones, sin contar la tardanza en el pago de las aportaciones corrientes de patronos públicos, entre otras partidas que pudieron experimentar cambios en la cantidad que se esperaba recibir.

Hasta este mes, unos 11 patronos se mantenían morosos en sus aportaciones a Retiro, lo cual incluye su contribución patronal y la que corresponde a la deducción por la aportación del empleado. Los mayores morosos son la Administración de Servicios Médicos y la Autoridad Metropolitana de Autobuses, seguidos por los municipios de Arecibo, Loíza, Maricao, Ponce, Río Grande, Toa Baja, Villalba, Yauco y la Autoridad de Transporte Marítimo, confirmó la Adminitración de los Sistemas de Retiro (ASR).

Entre tanto, y sin tener conocimiento del cambio de última hora con la orden ejecutiva, Milliman reconoció que la reforma “está diseñada para proveer suficiente flujo de efectivo al Sistema y que sea capaz de cumplir en su totalidad con el Sistema Básico de Beneficios, y pagar el servicio de la deuda de los Pension Obligation Bonds (POB´s)”. El saldo neto de capital pendiente por obligaciones con bonistas es de $3,051 millones.

Con un efectivo de apenas $229.8 millones a junio 30 de 2013 y un valor en el mercado de sus activos por $731.3 millones, el pasivo actuarial de Retiro totalizaba $23.7 mil millones. Esta última cantidad es el importe por obligaciones devengadas de los compromisos con los empleados o retirados.

Más jubilados y menos lo que aportan

En cuanto a los participantes del Retiro (personas que aportan y cotizan) se redujeron de 134,566 en junio de 2012 a 125,671 en junio de 2013, con un salario promedio de $27,764 por empleado. Esto representa un problema porque son menos personas que aportan a un sistema que ya no logra identificar de dónde puede aumentar sus ingresos.

Mientras, el total de retirados subió de 87,465  en junio de 2012 a 94,395 a junio de 2013, para un alza de sobre 6,000 retirados. Esa cifra aumentó ante los temores del colapso del sistema, lo cual llevó a decenas de empleados públicos a adelantar su jubilación.

Por su parte, los miembros discapacitados sumaron 16,571 en junio 2012 y 16,649 en junio 2013, mientras, los beneficiarios de retirados fallecidos fueron 13,825 y 13,453, en las respectivas fechas.

Esas cifras sugieren otro gran reto económico, toda vez que el total de trabajadores públicos que aportan al sistema era de 125,671 a junio de 2013 y la cantidad de beneficiarios que ya no aportan completaban 124,497 personas. Al presente, el total de beneficiarios ya supera a los contribuyentes.

EL VOCERO / Agustín Santiagol

Ante el aumento en el déficit del flujo de caja del Sistema de Retiro de los Empleados Públicos, el administrador interino del sistema, Francisco del Castillo Orozco, dijo que está pendiente un proyecto de ley para atender el desfase en las aportaciones esperadas.

Del Castillo Orozco, quien este mes cumple un año de interinato en el cargo, evitó aceptar que la situación del Retiro tras la reforma aprobada el año pasado se ha agravado y podría dejar sin beneficios a los beneficiarios en 2015, y dijo que ¨el modelo proyectado es que ciertas cosas ocurrirán¨ para garantizar la solvencia.

Sin embargo, los ingresos legislados para que eso ocurra no se cumplen, entre otros factores porque una orden ejecutiva de junio pasado redujo una aportación adicional del gobierno central de $120 millones a $21.3 millones. El efecto inmediato es un aumento en el déficit proyectado para este año  de $715.7 millones. El estimado original del informe actuarial lo colocaba en $617 millones, sin contar otros atrasos o reducciones en ingresos esperados.

¨Si la situación financiera del país no permite que haya las aportaciones en el futuro… es natural que haya preocupación y excepticismo¨, agregó el funcionario.

Del Castillo Orozco explicó que ante los cambios en los ingresos proyectados, se espera que surja un proyecto de ley para añadirle dinero al Retiro. Indicó que la expectativa es que ¨con la reforma contributiva y otras medidas adicionales el gobierno de Puerto Rico continúe aportando al Retiro¨.

Entiende que el proyecto de ley debe estar bajo confección  y podría ser un plan de pago dentro de las posibilidades del estado.

A ese detalle EL VOCERO le cuestionó que ya está claro cuáles son las posibilidades del gobierno y que precisamente la insuficiencia de ingresos al fisco provocó la orden ejecutiva que evitó la aportación adicional. El administrador interino contestó que ¨según la constitución, si el retiro no tiene el dinero el gobierno debe ofrecerlo¨.

También comentó que de no cumplirse las proyecciones de ingresos entonces ¨tenemos que liquidar más activos de inversión si no llegan los dineros¨.

Como la situación financiera del Retiro es tan grave, la práctica de liquidar activos es cada vez más frecuente y esto hace que tales instrumentos se reduzcan y el colchón para amortiguar problemas fiscales se vuelva más fino. Del Castillo Orozco confirmó que este año se liquidaron $617 millones en activos de inversión y el año pasado fueron $740 millones.

Además, hace dos meses vendieron un lote de terreno en Hato Rey por $9 millones, el cual habían adquirido como parte de una deuda de $12 millones de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), uno de sus principales deudores.

Sus activos también incluyen alrededor de 20 viviendas ejecutadas por préstamos hipotecarios dejados de pagar por participantes del sistema, y cuyo valor en el mercado no debe superar los $2 millones. Las carteras de préstamos les dejan un rendimiento de $10%.

¨La realidad es que siempre tenemos que estar vigilantes y aquí hay muchas variables¨, sentenció Del Castillo Orozco.

Sobre las deudas de patronos públicos (municipios y corporaciones) y que suman $126.8 millones, existen planes de pagos y acuerdos, por lo cual se trata de una deuda no realizada en su totalidad, destacó el funcionario.

Esa deuda se divide en $79.5 millones de leyes especiales de 2014-2015, otros $47.2 millones de leyes anteriores, $36.4 millones que están en planes de pago de la AMA y la Corporación Azucarera, planes de pago de 2014-2015 por $18.2 millones y $20.6 millones de remesas de municipios en planes de pago.

El Retiro tiene un presupuesto operacional de $32 millones y una nómina de $29 millones con 400 empleados.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Carlos Antonio Otero, EL VOCERO    Editor de la sección de Economía del periódico EL VOCERO.

Lejos una solución para los maestros

El Sistema de Retiro para Maestros podría quedarse sin fondos antes

EL VOCERO / Archivo

Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO –

La Legislatura no parece tener mucha prisa por resolver el problema fiscal del Sistema de Retiro para Maestros, un sistema que podría quedarse sin fondos dentro de seis años. El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, José R. Nadal Power, dijo que ya la Legislatura atendió el asunto y que fueron los mismos gremios magisteriales los que impugnaron el proyecto ante el Tribunal Supremo.

“No está en la agenda inmediata hacer una reforma adicional al Sistema de Retiro. Sabemos que hay que hacer una reforma. Hay unos estudios actualizados que van a llegar a la Legislatura y determinaremos qué hacer”, dijo Nadal al asegurar que el asunto no se atenderá en esta sesión.

“El Gobierno no puede pagar de manera perpetua al ritmo que está ahora el Sistema así que tenemos que buscar cómo llegar a un entendido en cuanto a disminuir gastos a largo plazo y aumentar los ingresos”.

Mencionó varias veces el hecho de que la Legislatura ya atendió el tema. La Legislatura aprobó un proyecto para reformar el Sistema de Retiro magisterial pero eliminaba beneficios a los maestros. Esto provocó que los maestros fueran al Tribunal Supremo a solicitar que la medida fuera declarada inconstitucional.

Hace cinco meses el Supremo declaró inconstitucional varias secciones de la ley, pero ni el Ejecutivo ni el Legislativo han tomado medidas para reformar este sistema que, según los actuarios, tendrá vida solo hasta 2020. Esta semana, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, urgió a tomar acción con este asunto.

“Nosotros aprobamos una reforma. La realidad es que por razones ajenas a la voluntad nuestra, los gremios la impugnaron y fueron exitosos en su planteamiento y muchas de esas cosas fueron invalidadas por el Tribunal, provocando que ahora reclamen acción rápida cuando se había resuelto el problema a largo plazo”, dijo Nadal Power.

“Se dijo que esa reforma era para proteger al maestro para que tuviese un sistema de retiro estable y no estuviésemos en esta situación. Nadie hizo caso y ahora estamos otra vez con el Sistema en crisis. Irónicamente, ahora los gremios que impugnaron la reforma piden que actuemos con rapidez”.

Adelantó que, cuando atiendan el tema, esta vez buscarán el aval de los gremios magisteriales.

“Lo que se aprobó perdió efectividad porque el Tribunal dejó sin efecto muchas de las partes aprobadas de la reforma. La crisis sigue ahí porque no se resolvió nunca”, dijo Nadal Power.

“Ahora habrá que sentarse con los gremios para ver qué es aceptable para ellos. No podemos repetir la historia porque lo que están provocando es una crisis con su propio sistema”. Durante la discusión de este proyecto, se reunió una mesa de diálogo entre maestros y funcionarios del Gobierno que presentaron una lista de alternativas.

Además, Díaz presentó la opción de que se ofrezcan tres opciones de retiro a los maestros y que se les ofrezca el Seguro Social. Nadal Power dijo que las opciones de la mesa de diálogo no son viables porque implican impuestos a otros sectores. Sobre las otras dos alternativas, dijo que habría que evaluarlas, pero favoreció extender el Seguro Social a los maestros.

“Pero para eso tienen que votar los maestros. En el pasado se llevó a votación y hubo rechazo. Yo creo que sí, que es parte de la solución”, dijo Nadal Power. “Las sugerencias de Aida Díaz las vamos a analizar, pero hay que sacar los estimados actuariales de esos estudios”. Por su parte, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, también expresó que hay otras prioridades como la reforma contributiva.

Recordó que este proyecto no está en manos de su Comisión. “Ahora mismo hay otras cosas más apremiantes. Estamos todavía implementando la Ley 66 y trabajando una reforma contributiva”, dijo Hernández Montañez.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Departamento de Educación  Educación  Sistema de Retiro para Maestros

 

Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO

Tiene más de 15 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Periodismo de Indiana University en Bloomington, Indiana.