EL VOCERO / Archivo
Por José M. Saldaña –
Hace algún tiempo a eso de las 12:45 pm llegué a almorzar a un restaurant al que acostumbro visitar. A mi llegada, vi dos camiones de la AEE que estaban al frente para cambiar un poste del tendido eléctrico, pero solamente había dos personas trabajando. Al entrar y sentarme me percaté de que en una mesa algo distante de la mía, había un grupo como de seis o siete empleados de la AEE almorzando y compartiendo en forma algo ruidosa que llamaba la atención. Cuando la persona que me tomó la orden vino a mi mesa le pregunté respecto al grupo y desde cuándo se encontraban allí. Me señaló que llevaban más o menos una hora y que acostumbraban hacerlo a menudo. Le pregunté si el supervisor de ellos lo sabía y me señalo hacia el supervisor, quien compartía con ellos.
Otro de los empleados me señaló que usualmente se marchaban a eso de la 1:30 pm y que “acá entre nosotros” a esa hora comenzaban de nuevo a trabajar para después de las tres de la tarde cobrar doble. Al yo salir del restaurant los dos trabajadores que ya habían hincado el poste estaban descansando en uno de los camiones.
Este tipo de incidente es común en esta agencia y es uno de los innumerables excesos por los que los consumidores de energía eléctrica pagamos en la tarifa. Luego unos orígenes en los que la AEE era ejemplo de eficiencia, efectividad y motor principal del proceso de transformación de una economía agrícola a una industrializada, esta se ha convertido hoy en el símbolo de todo lo que no debe ser una corporación pública. Es ejemplo de mala administración, de ineficiencia, de exceso de personal, de refugio de batatas políticas, de tiranía de las uniones y de corrupción. Todo esto ha sucedido bajo la responsabilidad de distintas administraciones del gobierno durante las pasadas cinco décadas.
En los pasados 19 meses esta situación se ha deteriorado alarmantemente al extremo que el crédito de la AEE ha sido degradado a nivel de chatarra llevándola a una bancarrota que ha amenazado con no poder pagar ni por el combustible para generar la energía eléctrica. La situación ha llegado al punto de que en el pasado mes de agosto la corporación no pudo cumplir con el acuerdo con los principales acreedores, teniendo que retrasar los pagos a estos hasta el 31 de marzo de 2015.
En respuesta, los acreedores han exigido que la corporación reclute un experto oficial de restructuración (Lisa Donnahue) con la encomienda de diseñar y ejecutar un plan que asegure que esta sea económicamente solvente y eficiente en su operación y su administración. Esta oficial requiere de la autoridad necesaria para lograr la meta propuesta en el plan. En entrevista de Donahue con Reuters ella manifestó que no descartaba ninguna opción como la privatización, reducción de la plantilla de empleados o aumento en la tarifa.
Al ser cuestionado el 8 de septiembre sobre las expresiones de Donahue, AGP la contradijo y aseguró que estas medidas no tienen posibilidad bajo su gobierno. Esta desautorización causó sorpresa, indignación y comentarios en los medios, preguntándonos: ¿entonces para qué la trajeron si le van a restringir su capacidad? Ante esta impulsiva, improvisada y politiquera reacción, al día siguiente AGP dio marcha atrás. Cosa a la que ya nos tiene harto acostumbrados.
Ese mismo día, la directora regional de EPA Judith Enck señaló que la AEE va camino a incumplir con los estándares ambientales federales (MATS) lo que conllevará multimillonarias multas.
Esperemos que a la Sra. Donahue la dejen trabajar sin obstáculos politiqueros ni sabotajes para que
pueda reestructurar esa corporación de arriba abajo. De no permitírselo ella no tendrá más opción que marcharse. De ahí en adelante los acreedores se ocuparán de poner la corporación en sindicatura, lloverán los pleitos y el desastre será de grandes proporciones.
José M. Saldaña Ex presidente de la Universidad de Puerto Rico.
Temas Educación Especial Plebiscito Estadidad ELA Separación Independencia
Firmas de inversión dictan la política pública en la Isla, según NYT
Por: Eva Laureano Publicado: 14/09/2014 06:00 pm
Un grupo de 28 fondos de cobertura o “hedge funds” y otras firmas de inversión están virtualmente dictaminado la imagen fiscal en Puerto Rico en su lucha contra el desempleo y desconfianza de los inversores en bonos municipales.
(Archivo/NotiCel)
Según un reportaje del New York Times, los fondos de cobertura, que son sociedades limitadas que usan métodos de inversión de alto riesgo, están dispensando consejos, prestando apoyo de relaciones públicas y ofreciendo prestar dinero al gobierno de Puerto Rico.
Recientemente, se organizó el llamado Grupo Ad Hoc compuesto por unas 28 organizaciones que incluyen Davidson Kempner Capital Management LP, Brigade Capital Management, Fir Tree Partners, Monarch Alternative Capital LP y Perry Capital LLC que poseen $4,500 millones en bonos de obligaciones generales de Puerto Rico que incluyen el Banco Gubernamental de Fomento y COFINA.
Esto es el diez por ciento del total de inversiones, lo que los hace una fuerza en la Isla, según el New York Times.
Los inversionistas están buscando aumentar el valor de sus bonos, muchos de los cuales fueron comprados en descuento cuando los fondos mutuos y los individuos ricos – los titulares típicos de bonos municipales – vendieron los mismos por miedo a la calamidad financiera por la que atraviesa la isla. Mientras más optimista el grupo de fondos de cobertura pueda pintar a la isla, más probable es que aumente el valor de las inversiones.
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