Aunque Justicia había anunciado desde julio que solicitaría la desestimación, no fue hasta el pasado viernes que finalmente radicó la solicitud.
El gobierno, por medio de Justicia y la firma Kirkland y Ellis, solicita la desestimación de las demandas radicadas por Blue Mountain Capital Management LLC que maneja fondos que, colectivamente, tienen más de $400 millones en bonos emitidos por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). También solicitó la desestimación de la demanda radicada a fines de junio por otro grupo de manejo de inversiones de nombre Franklin Templeton Investments y Oppenheimer Funds.
En el documento, el gobierno provee argumentos para decretar que la demanda no está madura para su adjudicación; que la ley de quiebra criolla no ocupa el campo federal de quiebras; que la ley no violenta la disposición constitucional que prohíbe leyes que menoscaben obligaciones contractuales, y que la ley no es una confiscación ilegal.
Frente a la crisis fiscal más grave de su historia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tomó medidas para mejorar la situación financiera de sus corporaciones públicas y con ello promover el bienestar general del pueblo. El 28 de junio de 2014, el Gobernador firmó la llamada quiebra criolla que crea un mecanismo para que las corporaciones públicas de Puerto Rico puedan reestructurar sus deudas y continuar prestando servicios.
El mismo día en que el Gobernador firmó la legislación en ley, un grupo de fondos de inversión demandaron para cuestionar la constitucionalidad de la ley, seguido por la demanda de Blue Mountain tres semanas más tarde.
El gobierno alega que debido a que la ley nunca ha sido invocada, las demandas no presentan un caso real o controversia y que, por lo tanto, la controversia no está madura, lo que obligaría al tribunal a emitir más bien una opinión consultiva. De hecho, la AEE llegó a un acuerdo recientemente con el 60% de los tenedores de sus bonos y con ciertos bancos para retrasar el pago de ciertas líneas de crédito. Blue Mountain es una de las empresas que está entre los bonistas que llegaron a un acuerdo con la AEE, por lo que no se puede ejercer ninguna acción contra la corporación pública por lo menos hasta marzo.
“Los demandantes piden a este Tribunal que declare que la Ley es inconstitucional sin que haya sido nunca invocada, y por lo tanto antes de que haya causado ninguna lesión a los demandantes legalmente palpable”, dice la solicitud.
En cuanto al argumento de que la ley ocupa el campo de la Ley de Quiebras federal, la solicitud de desestimación establece que la ley federal no impide a los estados promulgar legislación que regula la reestructuración de su deuda. Una ley de reestructuración de deuda estatal no ocupa el campo de la federal a menos que conflija con la misma.
Recientemente, el comisionado residente Pedro Pierluisi solicitó que se incluyera a Puerto Rico dentro del Capítulo 9 de la ley de quiebras, que permite a los municipios y al gobierno decretar quiebra.
El documento nota que las tres principales corporaciones públicas tienen un déficit de $800 millones y una deuda combinada de $20,000 millones. La AEE, específicamente, ha sufrido cuantiosas pérdidas y emplea sobre 8,000 personas. El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ha visto sus operaciones afectadas por la financiación de déficits de corporaciones. La situación obligó al gobierno a decretar una ley de emergencia fiscal.
Los demandantes también erraron al afirmar que la ley de reestructuración local viola la cláusula que prohíbe leyes que menoscaben obligaciones contractuales. Este argumento, según el gobierno, refleja una incomprensión fundamental de la Cláusula de Contratos por parte de los demandantes.
“No toda ley que altere los derechos u obligaciones contractuales viola esa cláusula. Por el contrario, la cláusula del contrato no priva a los Estados de su derecho soberano de promulgar razonablemente para el bienestar general, incluyendo legislación para promover la reestructuración del pueblo, que esté limitada a la salud, la moral y la seguridad y se extiende a las necesidades económicas”, según el documento.
En cuanto al menoscabo sustancial que sufrirían los demandantes, el gobierno dijo que estos no alegaron convincentemente que la ley de quiebra criolla ha deteriorado sustancialmente sus propios contratos con la AEE. “En efecto, los demandantes no pueden alegan tales hechos porque la Ley no ha sido nunca invocada. Simplemente no hay manera de saber si un contrato se verá afectado en absoluto, y mucho menos sustancialmente hasta que la Ley se invoque,” dice la solicitud.
Respecto a la alegación por parte de los demandantes de que la ley viola la Cláusula de Expropiaciones de la Constitución estadounidense, que establece que «la propiedad privada no se tomará para uso público sin una justa compensación «, el gobierno alegó que la misma no está madura.
“Aunque los demandantes sostienen que la Ley podrá ser invocada en algún momento en el futuro para negarles el derecho a la protección adecuada de sus privilegios y para pedir el nombramiento de un síndico, la Ley no ha sido invocada. Así que como cuestión de derecho, no hay una forma plausible de tomar algo sin una justa compensación,” sostuvo el gobierno.
Debido a que todas las alegaciones de los demandantes no están maduras, los demandantes no tienen derecho a medidas cautelares como un interdicto para impedir la aplicación de la ley, afirma el documento.
Documentos
- Moción de desestimación en demanda por ley de «quiebra criolla» – NotiCel PDF
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Fitch duda sobre reestructuración de la AEE
A pesar de la contratación de Lisa Donahue, la agencia clasificadora entiende que finalmente habrá una quiebra
Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO – 8:54 pmA pesar de la millonaria contratación de Lisa Donahue para reestructurar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la agencia clasificadora Fitch anticipa que los problemas con los flujos de efectivo continuarán y finalmente la corporación pública tendrá que acogerse a una reestructuración formal o quiebra.
Ante ese pronóstico, Fitch decidió mantener la nota de la AEE en CC (nivel chatarra y alto riesgo de impago) y con vigilancia negativa. Adelantó que de registrarse un incumplimiento con el servicio de la deuda bajará más el crédito. Con la calificación actual ya son pocos los escalones que le quedan a la AEE.
Si la reestructuración no es el pago total de la deuda bajaría la nota a C y D. Y en caso de que la AEE se ampare en la quiebra criolla se bajará todavía más la nota.
¨Aunque algunas disposiciones de los acuerdos (entre la AEE y sus acreedores) parecen estar diseñadas para mejorar la capacidad de la AEE para cumplir con los gastos de corto plazo, otras disposiciones incluyen la presentación de un plan de reestructuración para el 2 de marzo de 2015, la retención de un oficial de reestructuración y contempla el uso de los fondos de reserva para pagos del servicio de la deuda lo cual es compatible con la opinión de Fitch de que una reestructuración financiera sigue siendo probable¨, planteó la agencia en su informe emitido ayer tarde.
Dicho informe coincidió con el anuncio de que Donahue recibirá un pago de $9.7 millones por sus servicios como oficial de reestructuración de la AEE junto a su equipo de trabajo, hasta abril de 2015.
Según Fitch, los acuerdos firmados el 14 de agosto 2014 entre la AEE con el 60% de sus bonistas y acreedores, ¨sólo proporcionan un alivio temporal relacionado con el vencimiento programado de líneas de crédito bancarias de la AEE…¨. Mediante los acuerdos, la corporación pública logró extender el vencimiento de unos $696 millones en líneas de crédito con los bancos locales hasta el 31 de marzo de 2015.
En cuanto a los flujos de efectivo, la agencia señaló que aun cuando el acuerdo con los bonistas es que se pagará el servicio de la deuda el 1 de enero de 2015, a Fitch le ¨sigue preocupando que los ingresos netos de efectivo de la AEE y de los fondos existentes son insuficientes¨ para satisfacer la deuda y otras necesidades financieras.
Planteó que el desempeño de la AEE sigue débil y sus ganancias no auditadas antes de intereses y amortización estaban al 30 de junio 2014 en $781 millones, mientras la pérdida neta era de $267 millones. Esa pérdida estuvo muy por encima de lo que se había presupuestado, que eran $161 millones.
Recordó que la venta de energía se redujo 3.6% en el año fiscal 2014, la clientela cayó en 1.5%, y las cuentas por cobrar ascendieron a un 25% de sus ingresos.
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