Los municipios de San Juan, Ponce y Mayagüez están en las primeras tres posiciones de entre 30 municipios deudores con el Sistema de Retiro de Empleados Públicos, y junto a las corporaciones del gobierno le adeudan $175 millones, entre principal e intereses.
La precariedad en las finanzas de las corporaciones públicas y en los municipios evita que muchos puedan cumplir con los pagos correspondientes a las aportaciones y leyes especiales para agregarle beneficios a los retirados, lo cual coloca en una situación deficitaria mayor las finanzas del Retiro.
La deuda de San Juan es de $12,153,769; la de Ponce supera los $1.5 millones y la de Mayagüez sobrepasa los $1.2 millones.
Aunque no se trata de deuda realizada en su totalidad, debido a que existen planes de pago y gestiones que pueden hacer cambiar la cantidad en cualquier momento, la realidad es que la mayor parte de los $175 millones es dinero que no ingresa al Retiro en el tiempo esperado. Esto ocurre en momentos cuando la entidad encargada de las pensiones de empleados públicos enfrenta un déficit en el flujo de caja de $715.7 millones.
Ese déficit incluye el cambio en la aportación adicional de $120 millones que haría el gobierno central como parte de la reforma del Retiro y que se redujo a $21.3 millones tras una orden ejecutiva amparada en la falta de recaudos suficientes en el Departamento de Hacienda.
De acuerdo con datos de la Administración de los Sistemas de Retiro, al 15 de agosto sumaban 30 municipios con deudas correspondientes a leyes especiales de 2014-2015 y de años anteriores, sobre beneficios para los jubilados del sector público.
Al desglosar la deuda de $175 millones, el monto de lo adeudado por los municipios sobre leyes especiales es de $36,797,238. También se añaden otros $7,717,479 correspondientes a las remesas de los municipios.
Mientras, la deuda de agencias y corporaciones públicas es de $90,036,889.
Héctor Mayol Kauffmann, quien fue administrador de los Sistemas de Retiro hasta agosto de 2013, dijo sobre la Reforma del Retiro (abril-2013) que “si se desvirtúa el modelo y no se dan todas las condiciones, el peligro es que se agoten los activos y no se puedan pagar la totalidad de las pensiones”.
Agregó que “conociendo la realidad económica de Puerto Rico, la consecuencia sería que no se logre la entrada esperada de fondos”.
Por su parte, la legisladora Lourdes Ramos, quien desde hace varios años ha manejado el tema del déficit en el Retiro, sostuvo que “si se cumplieran las aportaciones aquí habría dinero hasta 2021 como se había dicho que ocurriría” y adelantó que “si siguen administrando el sistema de esta manera –con la acumulación de deudas por dinero que no llega- esto puede bajar la solvencia más”.
Ante el incumplimiento del gobierno central con las aportaciones que le darían liquidez al Retiro, más las deudas de corporaciones y municipios, ya se anticipa que el flujo de efectivo para el siguiente año se reducirá significativamente.
Ramos denunció que la ASR no utiliza las herramientas que tiene para obligar a cumplir a los deudores con las aportaciones de los empleados, y que incluyen hasta multas para los jefes de agencias, las cuales deben pagar de su propio bolsillo.
Francisco del Castillo Orozco, administrador interino de Retiro, dijo que sí utilizan los mecanismos disponibles para obligar a los municipios y deudores a pagar. Explicó que tras entablar la comunicación inicial, se logra que finalmente paguen porque de lo contrario enfrentan mayor pago en intereses.
Entre tanto, Mayol Kauffmann, planteó que al comparar la estructura local del sistema de pensiones con otras jurisdicciones, continúa como una compleja, segmentada (empleados de gobierno central, maestros y judicatura) que podría manejarse con 200 empleados. Solamente el Sis
tema de Retiro de los Empleados Públicos tiene una nómina de 400. “Sigue siendo un sistema que no es sostenible”, añadió.
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