Miembros de la industria de restaurantes y la confección de alimentos aseguraron que cada vez es más cuesta arriba mantener sus negocios abiertos debido a los altos costos de las utilidades que encarecen sus operaciones.
Mientras el alto costo energético y la necesidad de diversificar las fuentes de generación de energía para abaratar costos se discuten a diario en el País, el alto costo del agua ha quedado un poco relegado de la discusión pública.
A 14 meses desde que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aprobó el Cargo por Cumplimiento Ambiental y Regulatorio (CCAR) poco se ha discutido sobre su impacto en los comercios.
Carlos Morell, presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), dijo en entrevista con EL VOCERO que el CCAR ha representado entre 100 a 150 por ciento de aumentos en los cargos por agua que enfrentan sus miembros.
Morell recordó que la limpieza e imagen de los restaurantes y la confección de alimentos demandan un constante consumo de agua.
El portavoz de ASORE agregó que muchos de los negocios han propuesto que la AAA cambié el diámetro de contador, pero la corporación pública impone diversos requisitos que, a su juicio, son innecesarios y que implican costos adicionales para los comerciantes.
“Estamos hablando de que queremos bajar el diámetro y entonces nos piden planos lo que conlleva un gasto. Si es que estuviéramos hablando de subir el diámetro pues quizás se necesitarían planos, pero estamos hablando de menos (diámetro)”, sentenció.
“La industria de restaurantes está cargando a todo el mundo”, agregó Morell.
Otros empresarios como Dionisio Trigo Suárez, presidente de Restaurants Operators Inc, cuestionaron la vigencia del CCAR y qué se está haciendo con los fondos recaudados.
Trigo Suárez ejemplificó que una cadena de 20 restaurantes paga al menos $1 millón por costos de agua al año; esto representa un aumento de 50 por ciento desde que se impuso el CCAR.
Asimismo, aseguró que el impacto a este tipo de negocios ha sido mayor que para los negocios de comida rápida debido a que en estos restaurantes no se utilizan platos y utensilios desechables sino vajillas.
“El CCAR es igual que la partida de ajuste por combustible en la Autoridad de Energía Eléctrica. Nadie sabe a dónde va. Lo único que sabemos es que es un cargo para cumplimiento ambiental”, denunció Trigo Suárez.
El empresario dueño de restaurantes como Long Horn y Olive Garden destacó que muchos comerciantes están hasta evaluando si es más costo efectivo hincar pozos para bajar el volumen de consumo.
De acuerdo a datos de ASORE, existen unos 4 mil negocios en la industria de restaurantes que aportan 59 mil empleos directos y 40 mil indirectos a la economía del País.
Por su parte, el director de Servicio al Cliente de la AAA, Gustavo Marín Ramos, argumentó, en entrevista con EL VOCERO, que el CCAR surgió tras varias conversaciones con todos los sectores comerciales y “se acordó por consenso”.
Enfatizó que la AAA tiene una necesidad de ingresos que el propio sector comercial entendió en aquel momento.
Sobre los requerimientos técnicos de planos para cambiar el diámetro de contador, Marín Ramos alegó que se exigen porque se trata de cambios serios que requieren análisis ya que pudieran afectar la medición que hace la AAA sobre el verdadero consumo.
Según el portal cibernético de la AAA, desde julio de 2013 a marzo de 2014, la corporación pública recaudó $119 millones correspondientes al CCAR.
El CCAR fue creado específicamente para cubrir los costos anuales relacionados al cumplimiento ambiental y el cumplimiento con el ac
uerdo con los bonistas. Según información provista por el oficial examinador que evaluó el CCAR, el costo proyectado para el cumplimiento ambiental y regulatorio fue estimado en unos $8,300 millones anuales al año fiscal 2017 para cumplir con las exigencias de los acuerdos suscritos con la Agencia federal Ambiental de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Más cara el agua
Parece que las malas mañas se pegan. Si a usted le revienta pagar el dichoso ajuste por combustible en la factura de la luz—cada vez más alto y uno sin saber ni qué es lo que le están cobrando ahí—dele una miradita a su factura del agua y pregúntese por qué tiene que pagar usted tanto por un llamado Cargo por Cumplimiento Ambiental y Regulatorio (CCAR). Y enfogónese.
El ajuste por combustible es una partida en la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que en su concepción original pretendía cobrarles a los clientes, a parte de la tarifa básica, una cantidad variable adicional para compensar por las altas y bajas en los costos del petróleo que compra la AEE para generar electricidad.
Con el tiempo, sin embargo, el ajuste por combustible se convirtió en una partida zafacón, donde la AEE les espeta a sus clientes cuanto cargo adicional haga falta para recobrar sus costos sin necesidad de subir la tarifa básica. Con eso, la corrupta, mentirosa y saqueadora Autoridad, patrimonio de nuestro Pueblo, pretende decirnos sin sonrojarse que no nos han subido la luz aunque la factura sea más alta cada mes. Resultado: en la mente del Pueblo el ajuste por combustible se ha convertido en el mejor ejemplo de la arbitrariedad de una corporación pública insensible y abusadora.
Pues aparentemente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) le ha copiado la idea, usando el Cargo por Cumplimiento Ambiental y Regulatorio como su propio ajuste por combustible.
El CCAR es una partida que la AAA está cobrando para sufragar los costos de cumplir con ciertos requisitos ambientales a los cuales se ha comprometido por acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental federal y el Departamento de Salud. El costo estimado de ese cumplimiento ronda los $8,300 millones. Y adivine ¿quién los va a pagar? Correcto. Usted.
La AAA es la que tiene que cumplir, pero usted es el que tiene que pagar. Pero qué exactamente es por lo que se paga, vaya usted a saber.
Para un cliente residencial, el CCAR, que varía de mes a mes, puede rondar entre un 25 a un 30 por ciento de los cargos por agua. Lo que quiere decir que desde que se impuso en julio del 2013 su factura ha aumentado aproximadamente esa cantidad. Si usted pagaba $60 de agua, ahora puede estar pagando $80. Así que la próxima vez que un político le diga que no han subido el agua, pregúntele qué es el CCAR.
Pero donde el cargo está haciendo mayores estragos es en los sectores comercial e industrial. Al segmento de restaurantes, por ejemplo, el costo anual del agua les ha subido entre un 50 y un 150 por ciento desde que se implantó el cargo hace 14 meses. El efecto sobre este sector, que de por sí opera ya con márgenes de ganancia bien finitos, puede ser devastador.
El comercio, la industria, los de servicios, en fin, los sectores productivos que componen el sector privado, son la base de nuestra economía. Ellos son los que crean empleos, pagan salarios y contribuciones y fomentan nuestro crecimiento económico. Sin embargo, se les está haciendo cada día más difícil mantenerse a flote, con más impuestos, más recargos, y más altos costos en la luz y ahora en el agua.
Si los seguimos asfixiando, más nunca saldremos del atolladero económico en que estamos metidos.
Esto mete miedo
No hay que ser un perito para entender que la precaria situación financiera de las corporaciones públicas afecta directamente al Pueblo: si no tienen la solvencia económica necesaria para operar, pueden brindar sus servicios adecuadamente.
Cuando se revela que la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica está tan mala que corre el riesgo de quedarse sin dinero para comprar petróleo, eso quiere decir, literalmente, que podemos quedarnos sin luz. Si la AEE no tiene la capacidad financiera para cubrir el costo de sus operaciones, no importa lo que le digan, tarde o temprano nos van a subir la factura de la luz.
Pues, sepa que si la AEE está quebrada, la Autoridad de Carreteras y Transportación está peor.
Igual que las otras corporaciones públicas, la ACT fue creada con el propósito de brindar sus servicios desde un modelo de gestión de empresa privada, donde la eficiencia operacional y la solvencia financiera fueran los principios gerenciales básicos, aunque la empresa en sí no fuera con fines de lucro. En teoría, eso aseguraría una gestión competente al menor costo posible.
Por años, la ACT fue ejemplo de solidez financiera. Pero con el tiempo ese brillo se perdió. Como tantas otras corporaciones públicas, la ACT empezó a ser manejada como una agencia de gobierno. Se convirtió en un batatal para emplear a parientes y dolientes de políticos y allegados, aumentando cada vez más los costos de una burocracia ineficiente e improductiva. Y consideraciones políticas empezaron determinar las decisiones gerenciales como, por ejemplo, rehusarse a aumentar sus ingresos (entiéndase, subir los peajes) por el costo político que eso pudiera tener, cubriendo en vez con préstamos los déficits operacionales cada año mayores. Si tus costos suben y no aumentas tus ingresos, tienes que cubrir la diferencia con préstamos, no hay de otra. Y si mantienes ese patrón por décadas, te embrollas tanto que eventualmente quiebras. Y ahí es donde está la ACT y muchas de nuestras corporaciones públicas.
En el 2011 a la ACT le cayó del cielo un ingreso de $1,200 millones, producto de la Alianza Público-Privada de la PR-22 y PR-5, lo que le permitió reducir una cantidad significativa de su deuda y de sus costos operacionales. Al mismo tiempo, la experiencia de los usuarios con la nueva gerencia de esas vías ha sido sumamente positiva. El modelo APP es ideal para nuestras quebradas corporaciones públicas, porque genera inversión privada en infraestructura que ellas no pueden afrontar y les ayuda a mejorar sus finanzas. Sin embargo, en los pasados 20 meses no hemos visto intención alguna en la ACT, u otra corporación pública, de moverse en esa dirección.
La insolvencia de nuestras corporaciones públicas amenaza seriamente con quebrar al gobierno entero y posponer indefinidamente cualquier posibilidad de crecimiento económico. Y eso mete miedo.
Pero lo que más miedo mete, es el total desprecio de la gerencia de estas corporaciones públicas hacia la responsabilidad que tienen de darle cara al Pueblo que paga sus salarios. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, ingeniero Harry Rodríguez, principal responsable en la administración de esa corporación pública, aparentemente entiende que él no tiene por qué proveer información o contestar preguntas de la prensa cuando se le pide que rinda cuentas de la gestión que supuestamente lleva a cabo.
Y el ingeniero Javier Ramos, director ejecutivo de la ACT, decidió que él no atendería nuestra solicitud de información para nuestra historia de portada de ayer sobre la corporación que él dirige hasta la semana que viene porque está “en un viaje oficial”, como si por estar de viaje no tuviese acceso a teléfono o correo electrónico.
Obviamente lo tiene. Lo que evidentemente no tiene es la más mínima noción de su responsabilidad de ser transparente con el Pueblo.
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