El anzuelo de la ciudadanía

El anzuelo de la ciudadanía

Hernán Padilla/ Médico

El debate iniciado en el seno del PPD en torno a la ciudadanía americana expone los malabares de los defensores del estatus colonial, como un estatus temporal y con las maquinaciones del ala “separatista soberanista” para persuadir engañosamente a sus propios correligionarios que no están dispuestos a sacrificar esa ciudadanía.

Proponen, sin capacidad jurídica internacional, que Estados Unidos y Puerto Rico suscriban un “tratado de asociación” no colonial y no territorial, reteniendo la ciudadanía americana, basándose en el ejercicio de la soberanía de ambos países según está definido por las Naciones Unidas, lo que requeriría convertir a la Isla en una república independiente. Plantean un “tratado” al estilo de las repúblicas asociadas del Pacífico, pero omiten que sus habitantes no son ciudadanos americanos y ostentan la ciudadanía de cada república.

El PPD pretende “negociar” las definiciones y las fórmulas para la papeleta del posible plebiscito, valiéndose de la ciudadanía como anzuelo para pescar incautos. Con esa meta puramente electorera, hasta los “separatistas soberanistas” favorecen una ciudadanía americana, utópica para ellos, que nos privaría de los derechos, inmunidades y protección que tenemos bajo la Constitución.

Según ellos, “atesoran” la ciudadanía americana, pero a la vez pretenden tener representación internacional y embajadas, determinar cuáles agencias federales tendrían injerencia en Puerto Rico, (especialmente las instituciones y las agencias de ley y orden), negociar y suscribir tratados comerciales y hasta dictaminar la ayuda que recibiría Puerto Rico en casos de desastres naturales, entre otros aspectos.

Luego de defender por décadas la existencia de un “pacto bilateral”, finalmente el PPD acepta que el ELA no es permanente y que Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Ahora pretenden “un ELA soberano fuera de los poderes del Congreso y de la Cláusula Territorial”, o sea una nación independiente donde no aplicaría la Constitución de Estados Unidos ni seríamos ciudadanos americanos.

Durante 62 años han sostenido que el alegado pacto “no podía ser modificado unilateralmente”. Ahora pretenden “sustituir la Ley de Relaciones Federales por un pacto de libre asociación que supuestamente no podría ser modificado unilateralmente”, afirmación que no es posible porque violaría la Constitución y la soberanía de Estados Unidos.

Sus posturas acomodaticias contradicen la realidad jurídica y constitucional. Los Grupos de Trabajo de Casa Blanca (“task forces”) han expresado que un ELA como pretende definirlo el PPD es inconstitucional, que un “pacto de libre asociación puede ser variado unilateralmente” y que la libre asociación es una versión de independencia. También el Comité congresional de Recursos Naturales ha llegado a conclusiones similares, sosteniendo, además, que el ELA mejorado no es una opción legalmente viable por ser incompatible con la Constitución.

Sobre la ciudadanía, tanto el “task force” de Obama como el comité congresional y recientemente el Departamento de Justicia federal a través del caso Tuaua v. United States, han expresado clara y contundentemente que si Puerto Rico opta por la independencia o la libre asociación, los que nazcan en la nueva nación no serán ciudadanos americanos y que la ciudadanía del territorio no incorporado de Puerto Rico es estatutaria y no está protegida por la decimocuarta enmienda de la Constitución.

Por ello, ningún estatus político que no sea la estadidad garantiza la permanencia de la ciudadanía americana a las generaciones presentes y futuras con igualdad ciudadana. El Departamento de Justicia advierte que “la ciudadanía no es un derecho fundamental de los nacidos en los territorios no incorporados.

Es hora de aprobar una consulta simple, digna y democrática que explícitamente nos ofrezca la oportunidad de resolver el vergonzoso estatus colonial. El secretario Eric Holder tiene el mandato expreso de viabilizar un plebiscito sufragado con fondos públicos federales para resolver el estatus de Puerto Rico dentro del marco constitucional de Estados Unidos que nos garantice nuestra ciudadanía y todos los privilegios e inmunidades que ello conlleva.