Sobre un centenar de padres, madres y estudiantes del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE) protestaron este miércoles a las afueras de La Fortaleza en reclamo de que se brinden de manera efectiva los servicios que requiere esa población estudiantil, y se cumplan las estipulaciones del pleito de clase incoado por Rosa Lydia Vélez hace más de tres décadas.

Joyce Dávila, presidenta de la Alianza de Autismo de Puerto Rico, llegó a los predios de la Mansión Ejecutiva junto a Vélez y a Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Padres de Educación Especial, para exigir que se atiendan problemas como la falta maestros en el programa y de asistentes de servicio (TI), los cambios en las negociaciones de transportación que han obrado en detrimento de estos alumnos y la falta de ubicación de centenares de estudiantes debido al cierre de los planteles incluidos en el plan de reorganización.

«No debemos continuar permitiendo que la población de Educación Especial viva en incertidumbre continua sobre los servicios a recibir. Es inaceptable que cada año, la semana antes de comenzar las clases, tengamos este caos -aunque aclaramos que este año ha sido el peor en décadas- y que todos nuestros niños no puedan comenzar clases como lo hacen sus compañeros de la corriente regular», manifestó Pagán al leer en conferencia de prensa un manifiesto suscrito por varias organizaciones que defienden los derechos de los estudiantes de Educación Especial.

Dávila recomendó la creación de un grupo especial de trabajo que permita que los padres y madres de estos estudiantes se integren activamente en el proceso de toma de decisiones del Gobierno.

El equipo que proponen estaría compuesto por un funcionario con comunicación directa con el gobernador Alejandro García Padilla, representantes de los padres y madres de los alumnos, personal del DE y de la Secretaría Asociada de Educación Especial y representantes del Senado y la Cámara de Representantes.

Los portavoces de los grupos finalizaron la protesta cerca del mediodía, y una hora después regresaron a La Fortaleza para reunirse con la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, quien poco antes del encuentro dijo a la prensa que escucharía cada uno de sus reclamos.

«El tema de Educación Especial y atender todas nuestras poblaciones dentro del sistema de educación es un tema que requiere atención continua. Llevamos trabajando con eso desde que iniciamos nuestra gestión en el Gobierno, todavía hay muchos retos adicionales que superar, y continuaremos trabajando en ellos», dijo la secretaria de la Gobernación poco antes de entrar a su oficina.

Vélez demandó ayer al Departamento de Educación y al secretario, Rafael Román, por la disminución de recursos que esa agencia dedica al servicio de los estudiantes de educación especial.

La demanda es una moción suplementaria a una solicitud urgente de desacato que habían presentado el pasado 6 de junio. La misma se presentó contra el secretario y la agencia por haber anunciado el cierre de 80 escuelas y proponer una disminución de $53 millones en el presupuesto dedicado a esa población, lo que viola las estipulaciones de una sentencia de 2002, de acuerdo con el documento.

En su demanda, Vélez explica que luego del recurso presentado en junio, se canceló la vista que se había pautado y, posteriormente, se pautó nuevamente para el 21 de agosto. Sin embargo, “han ocurrido eventos que requieren ser informados a este foro, dado los inminentes daños irreparables que provocarán a la matrícula de estudiantes del Programa de Educación Especial”.

Esos eventos son:  problemas confrontados para reproducir libros para los estudiantes ciegos que asisten al Instituto Loaiza Cordero; el cambio unilateral en las tarifas de los proveedores de remedio provisional, que prestan servicios a los alumnos de educación especial y que no han sido contratados; dificultades para contratar a los asistentes de Servicios T-1, quienes facilitan el proceso de enseñanza de los estudiantes de educación especial; los cambios en los servicios de transportación, que amenaza con afectar, en particular, a esos alumnos; y la contratación de escuelas privadas para atender dichos estudiantes.

Los demandantes, solicitan que estos temas se incluyan en la vista de 21 de agosto, que la misma se cambie de una vista argumentativa a una vista de desacato, que se señale de manera urgente y que se ordene la comparecencia del secretario Román y de la secretaria asociada de Educación Especial,  Doris N. Zapata.

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