{Se debe investigar las influencias Partidistas en la designación de Jueces Administradores, Encargados y Paneles; y en la asignación de tareas, funciones y lugares de trabajo. Es que el PPD usa principalmente el Sistema Latinoamericano donde la Administración de la Justicia es una Institución al servicio de la Oligarquía Gobernante (como sucede en Venezuela), mientras el PNP usa principalmente el sistema Americano donde los Jueces son independientes para servirle a la Justicia salvaguardando los derechos Constitucion y Legales.
El historial del PPD con la Judicatura viene desde los Jueces de Paz, y de serle casi serviles a los intereses electorales Populares, y el «panismo político» judicial.}
Rama Judicial: Llueve sobre mojado (Parte II)
Al Pueblo se nos atosiga la factura cargada de quienes se dan vida de ricos, con el dinero de la clase trabajadora.
Por Katherine Angueira Navarro –
Estamos en el ojo del huracán de la debacle fiscal en Puerto Rico. Al Pueblo se nos atosiga la factura cargada de quienes se dan vida de ricos, con el dinero de la clase trabajadora. Los vientos nos azotan, descorriendo los velos de turbidez de la confabulación secreta que dio pie a la oligarquía política a darse la buena vida con dinero ajeno. Finalmente, la luz atraviesa las sombras que ocultaba la verdad acomodaticia de algunos(as) ensimismados(as) que le han dado la espalda al Pueblo; incluyendo en la Rama Judicial.
Quienes tienen bajo su cobijo la interpretación del ordenamiento jurídico que rige nuestras vidas, no son dioses del Olimpo. Están sujetos al escrutinio público, como cualquier otro(a) ciudadana(o). No solamente hoy día está en entredicho el aparente abuso de poder en las salas de algunos jueces que se alega entraban en un ‘quid pro quo’ con las partes litigando ante si, sino que aparentemente en las altas esferas judiciales se apoderaban de las arcas públicas para beneficio propio. La consabida autonomía fiscal que reclaman, so color de mantener su independencia judicial, ¿es una bola de humo para difuminar los intereses económicos para beneficio de su círculo cerrado, como si fuese un club social privado? Nuestra historia contemporánea nos retrata el cuadro.
En las postrimerías de su mandato en la Rama Judicial, el entonces juez presidente, José A. Andreu García, bajo la gobernación de Sila María Calderón logró que se legislara la llamada “autonomía presupuestaria a la Rama Judicial, estableciendo”…“un por ciento presupuestario fijo a asignarse de las rentas anuales ingresadas al Fondo General del Tesoro de Puerto Rico” (Ley Núm. 286, 20 diciembre 2002). Para el 22 de agosto de 2003, a un mes del retiro del Juez Presidente, Andreu García, se aprobó la Ley Núm. 21 que asignó al juez presidente un salario anual de $125,000 y a los jueces asociados, $120,000 (Art. 7.001). Algunos de los incumbentes habrían de beneficiarse de un retiro de un 100% de su salario. Escasamente un mes más tarde, no solamente se cortó la cinta para inaugurar la sede nueva del Tribunal Apelativo (TA) en Hato Rey, sino que la semana anterior, el Juez Presidente había presentado su renuncia efectiva el 30 de septiembre (END, 19 septiembre 2003, p. 42). Ante un público concurrido, que incluyó a Cesar Cortés García, Presidente de Cecort Properties, arrendador de la propiedad que albergaría el TA y la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), al exgobernador Rafael Hernández Colón, y no menos importante el hoy fenecido juez asociado Jaime Fuster Berlingeri, junto a la diseñadora de interiores del nuevo TA, Yvonne Fuster Berlingeri, se festejaron varios eventos de forma concurrente; como si fuese la fiesta de los hacendados de una gran hacienda privada. Una exposición de arte de Antonio Martorell, amenizado por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la batuta de Roselín Pabón, y el talento de la soprano Hilda Ramos, encaminó la velada musical para culminar con un ‘Cumpleaños feliz, para Andreu García, y Sánchez Vilella (sic), hijo, quienes cumplían años ese mismo día’ (END, Magacín, domingo 12 octubre 2003). ¿Quién pagó los costos de esta actividad a todo lujo? ¿Cuál fue el costo? ¿Cuán ético fue contratar a la señora Fuster Berlingeri, como la ‘asesora en decoración’, para mantener la ‘sobriedad y buen gusto’?
La excusa del festejo fue el contrato de arrendamiento, en esencia, por treinta años firmado por la licenciada Mercedes Bauermeister, Directora de OAT y Cesar Cortés García, presidente de Cecort Properties el 14 de abril 2000. El mismo será renovado al cabo de cada década, aumentándose el canón de alquiler de 15% y 8 % en la segunda y tercera ronda decenal respectivamente. (Sección Seis, Contrato de Arrendamiento, 2000-000146, p.6). ‘La renta total anual del TCA de $2,810,698.80 y $2,080,860 por su estacionamiento, y de OAT es $4,307,276.40 y $2,719,880 por su estacionamiento” (Ibid, Sección 9, p.8). Eso equivale a un total de $11,918,715.20 anuales. Por ende, la primera década se pagaría un total de $119,187,152. En la segunda década con un aumento de 15% se pagaría, $17,878,072.80 adicionales para un total de $137,065,222. En la tercera ronda decenal con un incremento de 8% se pagaría un total de $148,030,439.76. En treinta años se habrán desembolsado del erario público a Cecort Properties, cerca de $404,282,813.76, sin contar el pago de los correspondientes impuestos sobre la propiedad. ¿Hubiese sido menos costoso que la Rama Judicial construyera esos dos edificios? ¿Y nos preguntamos cómo hemos llegado al abismo fiscal? ¡Que siga la fiesta!
Acevedo Hernández ya había suspendido de empleo, pero no de sueldo.
EL VOCERO/Eric Rojas
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO –
El pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico de forma unánime con votos de conformidad, suspendió de empleo y sueldo al juez del Tribunal de Aguadilla Manuel Acevedo Hernández, acusado por un gran jurado junto al convicto contable Lutgardo Acevedo Hernández por corrupción judicial.
Acevedo Hernández ya había suspendido de empleo, pero no de sueldo. La suspensión es hasta que concluyan los procesos en el Tribunal Federal.
Esta tarde el pleno del Tribunal Supremo emitió una resolución para suspenderlo de empleo y sueldo. Ello, debido a que el alegado delito está vinculado con su función judicial al aprovecharse de su puesto para cometer una actividad criminal. El juicio contra el juez está pautado para el 15 de diciembre ante la jueza federal Aida Delgado.
El pasado 28 de mayo Lutgardo y el magistrado fueron acusados por un Gran Jurado federal por cargos de conspiración y pagar sobornos. Acevedo López se declaró culpable por estos hechos el 14 de agosto.
Según la acusación, el contable sobornó al juez a cambio de que lo absolviera de los cargos de homicidio negligente que pesaban en su contra al chocar el vehículo en el que viajaba el guardia de seguridad Félix Babilonia, provocándole la muerte. El contable manejaba borracho. Los hechos ocurrieron el 30 de junio del 2012.
Según el pliego acusatorio, Acevedo Hernández solicitó y acordó recibir dinero, objetos de valor y otros beneficios a cambio de favorecer a Lutgardo, quien estaba acusado de homicidio negligente en un caso criminal que presidía Acevedo Hernández en el tribunal de Aguadilla.
El 25 de marzo de 2013 comenzó el caso criminal en el tribunal de Aguadilla, presidido por Acevedo Hernández. Dos días después el juez absolvió al contable de todos los cargos.
De acuerdo con la acusación, el juez y el contable conspiraron para que el magistrado se enriqueciera al solicitar, acordar y aceptar pagos y cosas de valor, a través de un tercero identificado como “comerciante B”, a sabiendas que los pagos eran a cambio de utilizar su posición oficial como juez para beneficiar a Lutgardo.
Este esquema duró desde noviembre del 2012 a enero del 2014.
Para llevar a cabo el esquema, el magistrado, el “comerciante B” y la “persona A” -identificado en la acusación como un familiar del juez- se reunieron en un restaurante en Aguadilla para discutir el caso criminal en que tenía Lutgardo. El juez acordó entonces favorecer al acusado durante el proceso criminal a cambio de cosas de valor, incluyendo la ayuda del acusado para que lo nombraran al Tribunal Apelativo y que le consiguieran empleo a las personas “A” y B” -esta última es identificada como miembro de la familia de la “persona A” y del juez.
A manera de ejemplo, en diciembre de 2012 el juez concedió una moción radicada por la defensa de Lutgardo que permitió que el devolvieran sus propiedades, incluyendo el automóvil que guiaba cuando tuvo el accidente que le costó la vida a la víctima. La defensa de Lutgardo estuvo compuesta por los abogados Harry Padilla y Mayra López Mulero.
Entre los beneficios que recibió el juez se incluyen los siguientes: en enero del 2013 el “comerciante B” -amigo de Lutgardo y del juez- pagó $2,000 a nombre del magistrado para saldar una deuda que tenía con Hacienda.
El 21 de enero de 2013 el juez se reunió con la “persona D”, -identificada como comerciante privado- y discutieron cómo la “persona D” podía ayudar al juez a lograr un nombramiento en el Tribunal Apelativo.
Entre enero y febrero de 2013 el juez le envió al “comerciante B” su resumé y los de las “personas A y B”, ya que entre los beneficios acordados, incluían empleos para ellos también.
El 15 de febrero de 2013 el “comerciante B”, a petición de Lutgardo, pagó otros $1,000 al Departamento de Hacienda por impuestos que debía el juez.
Entre los meses de enero a marzo de 2013 Lutgardo le dio al “comerciante B”, la “persona C”, -familiar de Lutgardo otros borradores de documentos para radicar en corte para que el juez los revisara antes. De esta manera las mociones contenían la información requerida para que ell magistrado tomara las decisiones a favor de Lutgardo.
Entre enero y mayo del 2013 el “comerciante B”, y Lutgardo acordaron pagarle al juez la remodelación del garaje de su casa.
El 24 de marzo de 2013, el “comerciante B”, a nombre de Lutgardo, le regaló una motora al juez valorada en $1,200.
El 27 de marzo de 2013 el juez absolvió de todos los cargos a Acevedo López.
El 1ero de abril de 2013, Lutgardo le facilitó $25 mil al “comerciante B” para cubrir todos los gastos de las cosas de valor que le estaban regalando al juez,
El 15 de abril de 2013, el “comerciante B”, le entregó al juez, a nombre de Lutgardo, ropa y accesorios, incluyendo yuntas y un reloj.
El mismo día, el “comerciante B”, mientras estaba con el juez, fue detenido por la Policía por guiar borracho, el juez intervino y logró que no acusaran al “comerciante B”.
El 17 de enero de 2014, Lutgardo y el “comerciante B” , crearon un contrato con fecha retroactiva para justificar los pagos y regalos que Lutgardo le había provisto al magistrado a través del comerciante B”.
Por este caso se declaró culpable el comerciante Angel Badillo Román.
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
Señalada la jueza administradora
Los jueces del Tribunal de Apelaciones, Carlos López Feliciano, Sixto Hernández Serrano y Olga Birriel, quienes el 2 de febrero del 2011 sometieron la queja contra el juez superior de la región judicial de Caguas, Carlos Candelaria Rosa, no tenían conocimiento del resultado de la determinación tomada por la OAT, tras la investigación de rigor
El pasado 17 de septiembre, la jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Mildred Pabón Charneco, le envió a la Jueza Presidenta, Liana Fiol Matta, una comunicación en la que le pide informe sobre el status de la queja presentada en el 2011 por el panel de jueces del apelativo. EL VOCERO/Agustín Santiago
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO –
La Administración de Tribunales (OAT) alegadamente incumplió con las Reglas de Disciplina Judicial al no notificar a unos promoventes de quejas contra magistrados, el resultado de las investigaciones y la determinación de la dependencia sobre si se archivarían o no las mismas.
Es por ello que un grupo de jueces del más alto foro judicial del País no descarta volver a enmendar las Reglas de Disciplina Judicial para obligar a la directora de la OAT, Sonia Ivette Vélez a informar a las personas que radican las quejas el resultado y la determinación de la agencia, informaron ayer fuentes de EL VOCERO.
Ello, porque deja a los querellantes y a los restantes miembros del Tribunal Supremo desprovistos de la información requerida.
Las regla nueve de Disciplina Judicial requiere una investigación para determinar causa o no causa probable. “Si el informe no expone conducta que amerite acción disciplinaria,a la directora o director, dentro de igual término de diez días de su recibo, desestimará la queja ordenará su archivo y notificará dicha determinación a la jueza o al juez promovido y a la parte promovente”, dispone el inciso (c).
Sin embargo, los jueces del Tribunal de Apelaciones, Carlos López Feliciano, Sixto Hernández Serrano y Olga Birriel, quienes el 2 de febrero del 2011 sometieron la queja contra el juez superior de la región judicial de Caguas, Carlos Candelaria Rosa, no tenían conocimiento del resultado de la determinación tomada por la OAT, tras la investigación de rigor.
El pasado 17 de septiembre, la jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico Mildred Pabón Charneco, le envió a la Jueza Presidenta Liana Fiol Matta una comunicación en la que le pide informe sobre el status de la queja presentada en el 2011 por el panel de jueces López Feliciano, Hernández Serrano y Birriel, contra el juez Candelaria Rosa.
Los referidos magistrados del Tribunal de Apelaciones revocaron a Candelaria Rosa de encontrar incurso en desacato al abogado Armando Pietri Torres en el caso Pueblo v. Héctor Cordero Cruz y otros.
Posteriormente, el juez Candelaria Rosa emitió una resolución en la que afirmó que la decisión del foro apelativo era “modelo de pusilanimidad judicial”.
En la misiva, Pabón Charneco observó que el juez López Feliciano le solicitó a Fiol Matta que le informara sobre el status de la queja y la jueza presidenta afirmó que le solicitaría a la OAT un informe sobre lo ocurrido con la queja.
“Recuerdo que en la reunión en el pleno en la que discutimos este asunto se dio una discusión prolongada entre los jueces en cuanto a cómo proceder con este asunto. Estoy muy interesada en conocer qué sucedió con esa queja, particularmente ante el tiempo que ha transcurrido desde que el panel de jueces la presentó”, reza la misiva de Pabón Charneco.
El 20 de noviembre del 2013, la jueza administradora Sonia Ivette Vélez Colón le envió una carta al juez Candelaria Rosa en la que le informó que se archivaba la queja en su contra.
“Luego de analizar la totalidad de la evidencia recopilada a la luz de las normas aplicables, concluimos que las expresiones realizadas en su resolución del 13 de enero del 2011, fueron una actuación inapropiada causada por el furor de momento en un caso particular en el que los procedimientos fueron altamente contenciosos. En vista de que sus expresiones no trascendieron el ámbito del proceso judicial, ni se afectaron los derechos de las partes, en el ejercicio de nuestra discreción, hemos determinado archivar este asunto”, leyó la misiva enviada por Vélez Colón a Candelaria Rosa.
La investigación sobre la queja contra Candelaria Rosa estuvo a cargo de la Oficina de Asuntos Legales de la OAT. La directora de Asuntos Legales, Cristina Guerra Cáceres, le envió el 15 de octubre del 2013 un informe a Vélez Colón sobre la evidencia recopilada y en el que recomendaba el archivo de la querella.
No obstante, el informe de la Oficina de Asuntos Legales de la OAT -también en poder de EL VOCERO- no le fue enviado a los jueces promoventes.
Por otro lado, el pasado 19 de septiembre el juez asociado del Supremo Roberto Feliberti Cintrón también le envió una misiva a Fiol Matta -en poder de EL VOCERO- en la que pide que se le informe sobre el status de una queja presentada por los jueces de Apelaciones Bruno Cortés Trigo, Héctor Cordero Vázquez y el propio Feliberti Cintrón -cuando era juez del Apelativo- el 21 de diciembre del 2010, contra la entonces jueza superior Yazmín Nadal Arroyo.
Pulse aquí para ver los documentos mencionados en este reportaje.
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
Citarán a exjuez para que rinda cuentas sobre explosivas declaraciones
Por Primerahora.com09/22/2014 | 07:04 p.m.
El exjuez Hiram Sánchez Martínez hizo sus declaraciones en una entrevista a la emisora radial WKAQ. (Archivo/tony.zayas@gfrmedia.com)
Las alegaciones de Hiram Sánchez Martínez serían referidas a la Unidad Especializada en Investigaciones que las evaluaría para decidir el curso de acción que corresponda.
El exjuez Hiram Sánchez Martínez será citado por la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de Tribunales para que declare ante esa dependencia sobre serias denuncias que hizo en una entrevista radial sobre irregularidades de miembros de la judicatura, se informó mediante comunicado de prensa.
“En la mañana de hoy advinimos en conocimiento de serias declaraciones que el exjuez Hiram Sánchez hizo en una entrevista radial. Es nuestra obligación atender tan serios señalamientos, que vienen de un exjuez que ocupó posiciones de alto liderato en la administración de la judicatura”, expresó en declaraciones escritas la directora administrativa de la OAT, Sonia Ivette Vélez Colón.
La actuación de la judicatura está bajo la lupa en tiempos recientes ante la acusación federal de soborno contra el juez de Aguadilla, Manuel Acevedo Hernández, y las alegaciones de irregularidades que llevaron al relevo de funciones de las juezas de Caguas, Sylkia Carballo Nogueras y Susana Serrano Mondesí.
El exjuez hizo sus declaraciones en una entrevista a la emisora radial WKAQ, y por ejemplo habló de magistrados que pasaban parte del día ingiriendo bebidas alcohólicas.
“Cuando yo comenzaba me quedaba con la boca abierta, de comportamientos irregulares. Sí, sí, yo escuchaba cuentos de jueces del pasado que trabajaban por la mañana y no se presentaban a trabajar por la tarde, a veces que alargaban el almuerzo, que tomaban de más en el almuerzo y algunos regresaban entrados en palos, y algunos no regresaban”, dijo el juez en la entrevista radial.
Las alegaciones de Sánchez Martínez serían referidas a la Unidad Especializada en Investigaciones que las evaluaría para decidir el curso de acción que corresponda. Por ejemplo, si sus declaraciones vincularan a un juez aún en funciones, podría referirlas a la Comisión de Disciplina del Tribunal Supremo. De tratarse de jueces retirados, se evaluaría su conducta a la luz de los Cánones de Ética de la profesión legal.
De igual modo, se evaluaría la posible comisión de actividad delictiva la cual sería referida al Departamento de Justicia.
En la entrevista, Sánchez Martínez habló también de un juez que usó el tribunal como residencia tras divorciarse y que solicitó a abogados de esa corte regalos para una hija que se casaba.
Añadió que hay jueces que estuvieron sus 12 años en la judicatura sin escribir una sentencia porque todo lo que hacían era pedirle a los abogados “borradores de sentencia” que firmaban sin revisar; y de magistrados que no resolvían un fallo a favor de un demandante a menos que estuviera representado por un abogado que litigara con frecuencia en ese tribunal.
“Pensamos que la corrupción de los jueces es que un juez reciba dinero a cambio de dictar un fallo determinado y la realidad es que la corrupción se manifiesta de muchas maneras”, afirmó el exjuez apelativo.
Según la Administración de Tribunales, el exjuez Sánchez Martínez ocupó un puesto de Juez Superior desde el 8 de diciembre de 1989 hasta el 16 de octubre de 1992, cuando fue nombrado Juez de Apelaciones. Se acogió a los beneficios del Sistema de Retiro de la Judicatura el 30 de noviembre de 2005. Durante su término como Juez Superior, fungió como Juez Administrador de la Región Judicial de Carolina del 6 de mayo de 1991 al 31 de diciembre del mismo año. Durante ese periodo tuvo a su cargo la supervisión de jueces y funcionarios de la Rama Judicial en los municipios de Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza y Río Grande. Posterior a su retiro de la judicatura, el exmagistrado laboró en el Departamento de Justicia.
Citan a exjuez para declarar sobre conducta impropia de jueces
Las declaraciones las realizó en una entrevista radial
Directora administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez Colón, ordenó la citación. EL VOCERO/ARchivo
Por Redaccion, EL VOCERO –
La directora administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sonia Ivette Vélez Colón, anunció hoy que ordenó a la Oficina de Asuntos Legales de la OAT citar al ex juez y abogado, Hiram Sánchez Martínez, para que declare sobre alegaciones relacionadas a conducta impropia de varios ex compañeros jueces.
Estas alegaciones serán evaluadas para ser referidas a la Unidad Especializada en Investigaciones.
“En la mañana de hoy advinimos en conocimiento de serias declaraciones que el ex Juez Hiram Sánchez hizo en una entrevista radial. Es nuestra obligación atender tan serios señalamientos, que vienen de un ex Juez que ocupó posiciones de alto liderato en la administración de la Judicatura”, expresó Vélez Colón.
Según la Directora de OAT, si las declaraciones del licenciado Sánchez identifican violaciones éticas por parte de jueces que aún estén en funciones, la Unidad Especializada en Investigaciones podría referirlas a la Comisión de Disciplina del Tribunal Supremo. En caso de jueces retirados, se evaluaría su conducta a la luz de los Cánones de Ética de la profesión legal. De igual modo, se evaluaría la posible comisión de actividad delictiva la cual sería referida al Departamento de Justicia.
El licenciado Sánchez Martínez ocupó un puesto de Juez Superior desde el 8 de diciembre de 1989 hasta el 16 de octubre de 1992, cuando fue nombrado Juez de Apelaciones. Se acogió a los beneficios del Sistema de Retiro de la Judicatura el 30 de noviembre de 2005. Durante su término como Juez Superior, fungió como Juez Administrador de la Región Judicial de Carolina del 6 de mayo de 1991 al 31 de diciembre del mismo año. Durante ese periodo tuvo a su cargo la supervisión de jueces y funcionarios de la Rama Judicial en los municipios de Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza y Río Grande. Posterior a su retiro de la Judicatura laboró en el Departamento de Justicia.
0,439.76. En treinta años se habrán desembolsado del erario público a Cecort Properties, cerca de $404,282,813.76, sin contar el pago de los correspondientes impuestos sobre la propiedad. ¿Hubiese sido menos costoso que la Rama Judicial construyera esos dos edificios? ¿Y nos preguntamos cómo hemos llegado al abismo fiscal? ¡Que siga la fiesta!
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