En medio de críticas al Ejecutivo por su alegada inacción para sacar al País de la crisis fiscal, la Cámara de Representantes aprobó este jueves el proyecto de ley que autoriza al Departamento de Hacienda (DH) a establecer los términos y condiciones que estime necesarias para poder obtener el financiamiento que requiere el gobierno para seguir operando.

Aunque la medida se aprobó en votación partidista, los comentarios en contra del desempeño de la administración de Alejandro García Padilla no solo provinieron de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), pues fue el representante popular Rafael Hernández Montañez, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, el más crítico de todos los legisladores durante la sesión.

«El problema es que el Ejecutivo pide algo, nosotros actuamos, hacemos lo que tenemos que hacer, es entonces el Ejecutivo el que tiene que actuar, hacer que esto se haga realidad, y está enajenado completamente… No se ve la premura, esa es la realidad. La emergencia fiscal siempre se queda en las cuatro paredes de la Cámara, no sale fuera del Capitolio, y eso es algo bien peligroso», manifestó Hernández Montañez.

«Han pasado 105 días (de la degradación de los bonos del gobierno), regresan aquí a la Legislatura con una medida que demuestra claramente la realidad fiscal del País, que el problema no se ha resuelto», aseveró.

Hernández Montañez resaltó que la Asamblea Legislativa, de ordinario, no atiende asuntos relacionados con la emisión de pagarés en anticipación de contribuciones e ingresos (TRANs, por sus siglas en inglés), pues es una transacción que el Ejecutivo realiza cada año en busca de mayor liquidez para poder costear sus gastos durante los primeros meses del año fiscal, cuando el ritmo de ingresos en el DH es menor.

Sin embargo, subrayó que la precaria situación en la que quedó Puerto Rico tras la degradación de sus obligaciones generales a nivel especulativo provocó que se sometiera el Proyecto de la Cámara 2115, una medida de la administración de García Padilla, para permitir al DH hacer los ajustes necesarios para darle confianza y suficientes garantías a los inversores.

«Estamos pasando una situación tan precaria, donde para una transacción tan ínfima como los TRANs, que nunca llegaba a la Legislatura, ahora hay que renunciar a la inmunidad soberana para que el acreedor se sienta tranquilo de prestarle al Gobierno para mantener la operación», señaló el legislador de mayoría.

Adelantó que la semana próxima comenzará a evaluar en vistas públicas el cumplimiento de las agencias con la «Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno» (Ley 66-2014).

La cantidad que se financiará este año alcanza los $1,200 millones, de los que el Banco Gubernamental de Fomentó (BGF) aportará $300 millones, y los otros $900 millones se gestionarán en la banca privada.

La Cámara incluyó una enmienda para especificar que las condiciones especiales que aprobaron regirán exclusivamente durante el presente año fiscal, que termina en junio, y para advertirle al Gobierno que deberá completar la transacción antes de que culmine diciembre.

Entre los nuevos términos aprobados, figura que los pagarés o cualquier otro acuerdo de financiamiento relacionado con esa transacción se regirán por las leyes del estado de Nueva York, que el Gobierno se someterá a la jurisdicción de cualquier tribunal estatal o federal ubicado en el Condado de Manhattan, en el referido estado, y que se renunciará a cualquier inmunidad soberana que pueda tener el Estado Libre Asociado en un potencial pleito sobre la emisión.

Estas condiciones son similares a las que se incluyeron hace algunos meses con motivo de la emisión de $3,500 millones en bonos del gobierno central.

A juicio de la representante Jenniffer González, portavoz de la minoría del PNP, la propuesta transacción «es peligrosa», no solo porque el Estado renuncia a su inmunidad soberana, sino porque presagia las dificultades fiscales que el Gobierno confrontará según avance el año fiscal.

«La gran preocupación es que, si en septiembre de este año estamos adelantando $900 millones porque no hay dinero en caja, aun con impuestos nuevos y fuentes de recaudos nuevos, qué va a pasar cuando en febrero, en marzo que viene nos volvamos a quedar sin dinero en caja para manejar los asuntos del Gobierno, y ya no va a haber TRANs porque los habrán adelantado», planteó la expresidenta cameral.