La entrada en efecto del nuevo presupuesto aprobado por la actual administración gubernamental para el año fiscal 2015 a partir del pasado 1de julio, con 16 nuevos impuestos que se añaden a los 54 impuestos del presupuesto 2014; que gravan al sector productivo local (empresas, profesionales, asalariados y consumidores residentes de Puerto Rico); marcan el comienzo del conteo regresivo hacia el incumplimiento de pagos. Comenzando por las corporaciones públicas (la AEE, la AC y el BGF) a lo que probablemente le seguirá la insolvencia en el presente año fiscal del sistema de retiro de los empleados del gobierno central (a pesar o quizás más bien gracias a la reforma al mismo aprobada hace más de 1 año- El Vocero, ‘Abismo fiscal’, portada- lunes 15 de septiembre de 2014) y acompañada del incumplimiento con los pagos con los bonos de obligación general que se sufragan con los menguantes recaudos que nutren el fondo general.
La errada política fiscal seguida por la administración de Alejandro García Padilla de sustituir la prudente y responsable política fiscal de Luis Fortuño, de control y reducción de gastos y de estimulo a la actividad económica con alivios impositivos a las corporaciones locales (reduciendo la tasa corporativa de 39 % a 30%), a los profesionales y asalariados de ingresos medios (de 33% a 25%) y a los pobres (eliminando los impuestos a los que devengan un ingreso anual de $20,000 o menos). Por una de aumentos en el gasto gubernamental y de gravar las arcas de las empresas locales, los ingresos de los profesionales y de los asalariados y el bolsillo de los consumidores con un valor equivalente a $2,200 millones a través de 70 nuevos impuestos, ha resultado en la reversión de una incipiente recuperación económica en los años fiscales 2012 y 2013 y el consiguiente retorno a la ruta de la contracción económica iniciada en el 2006, que al 1 de octubre del presente entra en su octavo año y séptimo mes de una prolongada depresión económica. Me temo que el daño macroeconómico ocasionado por tales políticas fiscales erradas son de tal magnitud y profundidad (la degradación a chatarra de los bonos de obligación general y de las corporaciones públicas), que se torna iluso pensar que una tardía e incierta reforma contributiva anunciada ha entrar en efecto a partir del 1 de enero de 2015; nos sacará las castañas del fuego y nos encaminará por la ruta de la recuperación y el crecimiento económico.
Ya la Autoridad de Energía Eléctrica cayó en incumplimiento de pagos y está sometida a un proceso de restructuración corporativa por su oficial de restructuración, Lisa Donahue. La Autoridad de Carreteras, se enfrenta a la misma posibilidad al vencerse el plazo en octubre para saldar una deuda de $400 millones. Al no contar con los fondos para el pago de la misma se ha planteado por el liderato legislativo y ha sido confirmado por el gobernador, que se está considerando aprobar aumentar aún más el impuesto aprobado el año pasado al barril de petróleo con el consiguiente efecto cascada sobre el precio de la gasolina y los costos de transportar todas las mercancías y proveer todos los servicios. Es llover sobre mojado y no aprender de la experiencia. Hacer lo mismo, esperando resultados distintos.
Luego le toca el turno al sistema de retiro del gobierno central que a la luz del incumplimiento con la aportación gubernamental que le requería la Ley 32, una aportación anual de $120 millones para los años fiscales 2014 y 2015, que fue eliminada por una orden ejecutiva del gobe
rnador emitida el pasado 27 de junio ante la caída en los recaudos de Hacienda. Si a ello se le suma que el sistema ya cuenta con más beneficiarios que contribuyentes, se entiende porque se estima que pueda caer en insolvencia en cualquier momento del presente año fiscal. Y los recaudos del fondo general para cumplir con el servicio a la deuda sobre los bonos de obligación general, bien gracias.
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