AGP acusará a Obama Michele Byden Clinton Bush Secretarios Oficiales Federales q Participan y Ayudan a LULAC? fb.me/1mMaY3BXR
LULAC es Pro-USA y los Acusan> Pero AGP Gastando $Públicos en Promover Terrorismo Visitando a Oscar López es…fb.me/2SYqIUnji
Cuántos Billones Fondos Públicos Ha Gastado el PPD en Promover la Mentira del ELA? La Estadidad debe Gastar = Educar http://ow.ly/i/7d6eb
LULAC es la organización de Hispanos en Defensa de los Derechos Civiles Más Antigua, Numerosa y Prestigiosa en USA; si ayudarlos es Ilegal, Peor es Gastar en Defender al ELA o Participar en Actividades Extranjeras Anti-USA.
Reciban mi incondicional apoyo en este injusto ataque a LULAC. Ahora más que nunca se requiere de la unidad a la organización y sus metas. Adelante en pie de lucha. J.M.Saldana
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{AGP/PPD están tratando de ocultar su mal gobierno e incapacidad para definir al ELA, lanza lodo que le caerá en los ojos. Porque si hay entidad que siempre ha defendido a Puerto Rico es LULAC, la que tiene todo el respaldo de los Estadistas Pro-USA.}
PNP ofrecerá asistencia legal a “víctimas de persecución política”
El anuncio lo hizo esta mañana el secretario general de la colectividad, José Aponte Hernández
EL VOCERO / Archivo
Por InterNewsService –
El Partido Nuevo Progresista (PNP) invitó hoy a las personas que se encuentren perseguidas políticamente por la presente administración debido a encontrarse asociadas a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, sigla en inglés), a dirigirse a la colectividad para que reciban orientación legal de expertos que encaminarían procesos legales para defender sus derechos.
El anuncio lo hizo esta mañana el secretario general del PNP, José Aponte Hernández.
“Hemos visto como ya se recrudece la persecución y el acoso contra los estadistas, en este caso por su participación en actividades de la organización nacional de derechos civiles Lulac. Debido a esto, vamos a brindar apoyo y coordinar asistencia legal a las personas que sean perseguidas por la administración del Partido Popular Democrático (PPD)”, señaló el legislador.
“Seremos bien vigilantes de esta nueva ‘cacería de brujas’ y ‘comités de persecución’ y no dejaremos solos a quienes sean perseguidos”, manifestó a través de un comunicado de prensa.
El representante urgió a “cualquier ciudadano que se encuentre acosado por el actual gobierno de Alejandro García Padilla, a llamar al comité estatal del PNP para recibir orientación de cómo proteger sus derechos”.
“Estamos coordinando una red de apoyo legal para las personas que sean perseguidas por este desgobierno del PPD. Exhortamos a estos ciudadanos a llamar al comité estatal del PNP, al 787 756-2016, para que se comience el proceso de asistencia. No vamos a bajar la guardia y estaremos ayudando a nuestra gente”, alertó.
Aponte Hernández recalcó que “esta no es la primera vez que la administración de García Padilla la emprende contra personas afiliadas al PNP”, y recordó que “el año pasado el partido brindó ayuda legal a los servidores públicos hostigados por el único hecho de ser estadistas”.
“Tal y como ha manifestado nuestro presidente y comisionado residente, Pedro Pierluisi, no se escatimará en la defensa de los servidores públicos que sean perseguidos y en imponer responsabilidad a aquellos que hoy, ocupando puestos de poder, se prestan para tan denigrante acción”, manifestó el político.
Y remachó: “Lo hicimos cuando comenzaron a perseguir a los servidores públicos al comienzo de esta administración y lo hacemos ahora, porque aquí les daremos ayuda a las víctimas de esta inquisición política”.
{La Presidenta del Supremo, Vestida de Comité PPD, siguiendo la tradición de Cuba y Venezuela.}
Fiol Matta solicita informe a secretario de Justicia
Los hechos se remontan a julio de 2010 cuando Grana Martínez se desempeñaba como secretaria auxiliar de la administración del exsecretario de la gobernación Marcos Rodríguez Emma.
Jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta. EL VOCERO/Archivo
Por ElVocero.com – 9:26 pm
La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, solicitó al secretario de Justicia, César Miranda Rodríguez, copia del informe mediante el cual refirió a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente la alegada conducta ilegal de la Jueza del Tribunal de Apelaciones, Grace Grana Martínez.
Fiol Matta expresó que una vez evaluado el contenido de ese informe estará en posición de tomar las medidas que entienda pertinentes.
Según el referido de Justicia, los hechos se remontan a julio de 2010 cuando Grana Martínez se desempeñaba como secretaria auxiliar de la administración del exsecretario de la gobernación Marcos Rodríguez Emma.
“Según prueba en poder de Justicia, se convocó a una reunión en el Teatrito de La Fortaleza para instruir a varios secretarios y funcionarios de agencias públicas a participar de una asamblea en Alburquerque, Nuevo México, de la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC), para votar por la nueva directiva de esa organización. Según instrucciones impartidas en la reunión, los funcionarios deberán votar por la candidata a presidenta de LULAC, Margaret Morán”, señala el comunicado.’
5 de octubre de 2014
Cacería PPD para desacreditar a LULAC
Jenniffer González recuerda que en el 2003 Annabelle Rodríguez
hizo lo mismo sin éxito alguno
El Capitolio, San Juan, Puerto Rico- En su afán por buscar chivos expiatorios el Partido Popular utiliza nuevamente a la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC), para disfrazar los toallazos de su administración. “Hacen un referido flojo al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) para luego cuestionar su determinación”, expresó la expresidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón.
“Mientras al ‘amigo del alma’ lo llenaron de contratos, hoy, le desestiman todos los cargos, no le dan una multa pero le radican un FEI a una juez que bajo la administración pasada trabajó aspectos relacionados con esa organización sin fines de lucro”, dijo la portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes al destacar que hoy precisamente sale de la Judicatura Sonia Vélez ante múltiples señalamientos.
“Han traído este asunto flojo, que ya ha sido adjudicado en el pasado para desviar la atención además de la expulsión del Sistema del 911 de Roberto Fuentes ante serios señalamientos. Este referido del actual Secretario de Justicia no es otra cosa que lo mismo que hizo la hoy jueza del Tribunal Supremo, Annabel Rodríguez, cuando fue Secretaria de Justicia en el 2003 y no prosperó. No es otra cosa que un interés reiterado de la administración popular en contra de LULAC donde participan líderes y delegados de ambos partidos locales”, acotó González.
LULAC no solo es la más reconocida y respetada organización dedicada a la defensa de los derechos civiles y el bienestar de los latinos y sus comunidades en todo Estados Unidos sino que recibe a miembros de todas las ideológicas políticas.
En el pasado cuatrienio, LULAC fue una gran herramienta para allegar a Puerto Rico fondos producto de la Ley de Reinversión Estímulo Económico (fondos ARRA) e incluir a la Isla en el Obamacare.
Sus siglas en inglés significan «League of United Latin American Citizens» (Liga de Ciudadanos Americanos Latinos Unidos). Fue fundada en 1929 por ungrupo de americanos de origen mejicano que entendieron la necesidad de ladefensa legal y la acción política coordinada de sus comunidades parapromover su integración efectiva al resto de la sociedad y el sistemapolítico americano, sus derechos y beneficios.
Los hechos se remontan a julio de 2010 cuando Grana Martínez se desempeñaba como secretaria auxiliar de la administración del exsecretario de la gobernación Marcos Rodríguez Emma.
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO –
El Departamento de Justicia refirió a una exfuncionaria de La Fortaleza y actual jueza del Tribunal de Apelaciones Grace Grana Martínez y a ocho empleados del Cuerpo de Bomberos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente (FEI), para que los investigue por
malversación y apropiación ilegal de fondos públicos, conspiración para cometer delito y otras violaciones a la Ley de Etica Gubernamental.
De acuerdo a un comunicado de prensa, el referido en cuestión no guarda relación con el desempeño de Grana Martínez como jueza del Apelativo.
Según el referido de Justicia, los hechos se remontan a julio de 2010 cuando Grana Martínez se desempeñaba como secretaria auxiliar de la administración del exsecretario de la gobernación Marcos Rodríguez Emma.
“Según prueba en poder de Justicia, se convocó a una reunión en el Teatrito de La Fortaleza para instruir a varios secretarios y funcionarios de agencias públicas a participar de una asamblea en Alburquerque, Nuevo México, de la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC), para votar por la nueva directiva de esa organización. Según instrucciones impartidas en la reunión, los funcionarios deberán votar por la candidata a presidenta de LULAC,
Margaret Morán”, señala el comunicado.’
Se indica que la votación no es un asunto oficial del gobierno, por lo que no era permisible recurrir a fondos públicos para sufragar el viaje de al menos cinco funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, autorizado por Grana Martínez.
Los gastos costaron al erario al menos $6,767. Otros cinco empleados de Bomberos viajaron con pasajes costeados por suplidores de la agencia mediante donativos de otros servidores públicos, a solicitud del exdirector de Transportación Jeremías Hernández Nogueras.
En la reunión en Fortaleza, Grana Martínez instruyó a los funcionarios a llenar los documentos de solicitud de los viajes de modo que pareciera que irían a recibir adiestramientos por parte del Federal Training Institute (FTI). La hoy jueza autorizó mediante carta del 9 de julio de 2010 a los funcionarios del cuerpo de Bomberos a viajar del 15 al 18 de julio a la ciudad de Albuquerque. La entonces Secretaria Auxiliar de la Gobernación indicó además que cada agencia
debía enviar una delegación de al menos 11 personas. Sin embargo, según surge de la investigación de Justicia, los talleres ofrecidos por la FTI culminaron el 14 de julio de ese año.
Carmen G. Rodríguez Díaz, ex jefa del Cuerpo de Bomberos, admitió mediante declaración jurada todas y cada una de las violaciones legales y administrativas que se le imputan. Rodríguez Díaz se convirtió en testigo del pueblo mediante acuerdo sobre concesión de inmunidad total firmado el pasado 7 de octubre. A los funcionarios Luis G. Irizarry Díaz, jefe de Bomberos de la zona de San Juan, y a Juan E. Rodríguez Berríos, jefe de zona de Caguas, también se les
otorgó inmunidad.
La investigación se origina con una querella que presentó el 24 de febrero de 2011 la señora Nélida Ramos, ex jefa del Negociado Auxiliar del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, en contra del ex director de Transportación, por solicitar donativos a varios suplidores. El
propósito de los donativos era pagar fiestas y actividades de la agencia que nunca se dieron y para el pago de alegados viajes oficiales.
Por su parte, la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, indicó que la Contraloría tuvo conocimiento de esta situación en diciembre de 2011 a raíz de unas expresiones públicas del hoy senador Aníbal José Torres; por lo cual “decidimos realizar una auditoría de
este asunto comenzando la misma el 12 de enero de 2012. Las situaciones encontradas fueron referidas al Secretario de Justicia, César Miranda, el 21 de febrero de 2014. A partir de ese momento, trabajamos en colaboración constante con el Departamento de Justicia”.
El 23 de abril de 2014, la División de Integridad Pública del DJ notificó al FEI que realizaba una investigación basada en información bajo juramento. La OPFEI concedió hasta el 20 de octubre para informar sobre los resultados de la investigación.
Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos que viajaron a Albuquerque fueron: el comandante y segundo en mando, Pedro A. Vázquez Montañez; Nélida Ramos; jefa auxiliar del Negociado de Administración; Luis G. Irizarry Díaz, jefe de zona de San Juan; Juan E. Rodríguez Berríos,
jefe de zona de Caguas; y Miguel Cartagena Negrón, inspector de Incendios. Con excepción de Irizarry Díaz, Nélida Ramos, y Juan E. Rodríguez Berríos, para los antes mencionados se recomendará la radicación de cargos por conspiración, malversación y apropiación de
fondos públicos y Ley de Ética Gubernamental.
Los otros cinco empleados que viajaron para asistir a la votación de LULAC, y a los que se recomendará la radicación de cargos contenidos en la Ley de Ética Gubernamental, son: el bombero Carlos Díaz Villegas; el sargento Jorge Ortiz Reyez; el chofer Yamil Cosme; el
mecánico Edgardo Nieves; y el ayudante especial y supervisor de mecánicos, Jeremías Hernández Nogueras.
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
PNP ofrecerá asistencia legal a “víctimas de persecución política”
El anuncio lo hizo esta mañana el secretario general de la colectividad, José Aponte Hernández
EL VOCERO / Archivo
Por InterNewsService –
El Partido Nuevo Progresista (PNP) invitó hoy a las personas que se encuentren perseguidas políticamente por la presente administración debido a encontrarse asociadas a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, sigla en inglés), a dirigirse a la colectividad para que reciban orientación legal de expertos que encaminarían procesos legales para defender sus derechos.
El anuncio lo hizo esta mañana el secretario general del PNP, José Aponte Hernández.
“Hemos visto como ya se recrudece la persecución y el acoso contra los estadistas, en este caso por su participación en actividades de la organización nacional de derechos civiles Lulac. Debido a esto, vamos a brindar apoyo y coordinar asistencia legal a las personas que sean perseguidas por la administración del Partido Popular Democrático (PPD)”, señaló el legislador.
“Seremos bien vigilantes de esta nueva ‘cacería de brujas’ y ‘comités de persecución’ y no dejaremos solos a quienes sean perseguidos”, manifestó a través de un comunicado de prensa.
El representante urgió a “cualquier ciudadano que se encuentre acosado por el actual gobierno de Alejandro García Padilla, a llamar al comité estatal del PNP para recibir orientación de cómo proteger sus derechos”.
“Estamos coordinando una red de apoyo legal para las personas que sean perseguidas por este desgobierno del PPD. Exhortamos a estos ciudadanos a llamar al comité estatal del PNP, al 787 756-2016, para que se comience el proceso de asistencia. No vamos a bajar la guardia y estaremos ayudando a nuestra gente”, alertó.
Aponte Hernández recalcó que “esta no es la primera vez que la administración de García Padilla la emprende contra personas afiliadas al PNP”, y recordó que “el año pasado el partido brindó ayuda legal a los servidores públicos hostigados por el único hecho de ser estadistas”.
“Tal y como ha manifestado nuestro presidente y comisionado residente, Pedro Pierluisi, no se escatimará en la defensa de los servidores públicos que sean perseguidos y en imponer responsabilidad a aquellos que hoy, ocupando puestos de poder, se prestan para tan denigrante acción”, manifestó el político.
Y remachó: “Lo hicimos cuando comenzaron a perseguir a los servidores públicos al comienzo de esta administración y lo hacemos ahora, porque aquí les daremos ayuda a las víctimas de esta inquisición política”.
{La Presidenta del Supremo, Vestida de Comité PPD, siguiendo la tradición de Cuba y Venezuela.}
Fiol Matta solicita informe a secretario de Justicia
Los hechos se remontan a julio de 2010 cuando Grana Martínez se desempeñaba como secretaria auxiliar de la administración del exsecretario de la gobernación Marcos Rodríguez Emma.
Jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta. EL VOCERO/Archivo
Por ElVocero.com – 9:26 pm
La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, solicitó al secretario de Justicia, César Miranda Rodríguez, copia del informe mediante el cual refirió a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente la alegada conducta ilegal de la Jueza del Tribunal de Apelaciones, Grace Grana Martínez.
Fiol Matta expresó que una vez evaluado el contenido de ese informe estará en posición de tomar las medidas que entienda pertinentes.
Según el referido de Justicia, los hechos se remontan a julio de 2010 cuando Grana Martínez se desempeñaba como secretaria auxiliar de la administración del exsecretario de la gobernación Marcos Rodríguez Emma.
“Según prueba en poder de Justicia, se convocó a una reunión en el Teatrito de La Fortaleza para instruir a varios secretarios y funcionarios de agencias públicas a participar de una asamblea en Alburquerque, Nuevo México, de la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC), para votar por la nueva directiva de esa organización. Según instrucciones impartidas en la reunión, los funcionarios deberán votar por la candidata a presidenta de LULAC, Margaret Morán”, señala el comunicado.’
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