La Libertad de Ser Abogado y No Obligado a Sufragar los Gastos del Neo-Comunismo

La Libertad de Ser Abogado y No Obligado a Sufragar los Gastos del Neo-Comunismo

En Schneider v. Colegio de Abogados, 112 D.P.R. 540, 546, José Trías Monge, dijo así:»Es cierto, según hemos señalado repetidas veces, que la admisión al ejercicio de la abogacía es función inherente de este Tribunal y que la legislación aprobada sobre esta materia, tal como la Ley Núm. 43, ‘es puramente directiva, no mandatoria para esta Corte‘.In re Bosch, 65 D.P.R. 248, 251 (1945); Guerrero v. Tribunal de Apelación de Contribuciones de Puerto Rico, 60 D.P.R. 241 (1942); Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54 (1939); In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698, 749-750 (1978) (opinión disidente, por otros motivos, del Juez Antonio Negrón García); Arroyo, Facultad de la Rama Judi-cial para Reglamentar la Profesión Legal, 20 Rev. Jur. U.P.R. 38 (1950). La preeminencia de la acción judicial en este campo, el cual incluye naturalmente la facultad de pasar juicio sobre si debe unificarse o no el foro en una jurisdicción y bajo qué condiciones, no significa que la legislación sobre estos particulares que no conflija con las pautas que este Tribunal establezca sea nula.»Justice
Lo que aplaudieron en 1982 ahora nos les gusta.

La Asociación de Abogados de Puerto Rico (AAPR) respondió a las expresiones de algunos legisladores y ex presidentes del Colegio de Abogados que pretenden impugnar la facultad del Tribunal Supremo de Puerto Rico para supervisar y reglamentar lo relativo a la profesión de abogado.

Héctor R. Ramos, presidente de la AAPR, llamó irónico que en 1982 el Tribunal Supremo por voz de su entonces Presidente juez Trías Monge, se valió de esa autoridad inherente para validar la colegiación compulsoria y los que ahora atacan destempladamente la decisión del Supremo acogieron y celebraron la decisión de entonces fundamentada en la misma doctrina que la acabada de emitir.

Ramos hizo saber que la doctrina de la «facultad inherente» del Tribunal Supremo para gobernar lo relativo a la práctica de la profesión es centenaria y radica en gran parte en la reconocida doctrina de que los abogados somos funcionarios de los tribunales y agentes del sistema judicial, en busca de la justicia. Ese sistema por mandato de nuestra constitución, lo dirige el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Supremo ha reconocido y acogido la facultad de la Asamblea Legislativa para complementar y aportar a esa facultad pero no puede ni debe claudicar a la reglamentación en asuntos fundamentales que arrancan desde la misma autoridad única para ser el organismo que admite a la práctica de la abogacía a los aspirantes a la misma.
Recordó la AAPR que el Supremo de 1982 tajantemente expresó que si la legislatura aprobara una ley eliminando la colegiación, el Supremo basado en su facultad inherente sobre la profesión, podría invalidarla. Pues eso es lo que ha ocurrido ahora con la otra cara de la moneda de esa facultad del Supremo.
Ramos enfatizó que los tiempos han cambiado y que la decisión del Supremo es una liberal y de avanzada al reconocer la libertad individual para un abogado escoger si se asocia con alguien o no y afirmar que no se le puede obligar mucho menos por el gobierno a pertenecer a grupo alguno.  Eso es dignificar al ser humano y es lo que todos, empezando por los abogados, debíamos aplaudir.
Gracias,
HRR

Se hace sentir la opinión de una licenciada

Evelyn Aimee De Jesús se unió a la demanda radicada ante el Supremo y su argumento fue que esta obligación iría contra su libertad de asociación y religión
juicio
Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO6:39 pm

Una de las abogadas que buscó la eliminación de la colegiación compulsoria de los abogados dijo que la determinación del Tribunal Supremo responde a lo que dice la Constitución y a la tendencia de que sean los más altos foros judiciales los que reglamenten esta profesión y no grupos colegiados.

Evelyn Aimee De Jesús se unió a la demanda radicada ante el Supremo para paralizar la colegiación compulsoria. Su argumento fue que esta obligación iría contra su libertad de asociación y su libertad de religión.

Según explicó, ella es abogada de organizaciones religiosas como parte de su práctica. Dijo que el Colegio de Abogados no respeta su práctica y no le da espacio a estas posturas.

¨No somos bienvenidos, eso es todo. Nuestra perspectiva legal no es bienvenida y la minimizan. Entonces, incluso en los foros de discusión legal no quieren traer otras personas con otras perspectivas legales. Le dan a entender a la ciudadanía que solo hay un punto de vista¨, dijo De Jesús.

Dijo favorecer la determinación del Supremo que da al traste con la ley que retoma la colegiación compulsoria de los abogados. La colegiación compulsoria fue eliminada el pasado cuatrienio y restituída recientemente por el gobernador, Alejandro García Padilla.

¨Yo estoy completamente de acuerdo. Entiendo que el Tribunal fue celocisímo en cuanto a establecer lo que es la realidad de la ley que dice que a quien le toca reglamentar la profesión es a los más altos foros judiciales¨, explicó la abogada con oficina en Caguas. ¨Me hubiese gustado que el Tribunal se expresara sobre los argumentos por los cuales los abogados no queríamos estar colegiados, que es por nuestra libertad de asociación, que no nos obliguen a estar donde no queremos estar¨.

El Supremo declaró inconstitucional la colegiación compulsoria de los abogados en una opinión dividida emitida ayer. Esto deja sin efecto la ley firmada por el Gobernador el 28 de julio. En la decisión, argumentaron que la legislación aprobada viola la separación de poderes al establecer requisitos adicionales para la práctica de la abogacía.

Según De Jesús, esta legislación no se sostendría tampoco a nivel federal.

¨Hay una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que dice que las corporaciones pueden ser un reflejo de las creencias de los que las componen. Bajo esa premisa, si las corporaciones o entidades jurídicas son un reflejo de quien la compone, no puedo estar ahí y puedo ser eximida¨, sentenció De Jesús.

Insistió en que su decisión de radicar la demanda lo que busca es ¨ayudar a mejorar la profesión legal como toda profesión, que tiene sus defectos y virtudes¨.

Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO

Tiene más de 15 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Periodismo de Indiana University en Bloomington, Indiana.

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