Jaime Benson. EL VOCERO / Archivo

El desastre administrativo, fiscal y económico de la actual administración PPD de Alejandro García Padilla, la ha llevado a desatar una cacería de brujas contra el PNP y funcionarios de la pasada administración del gobernador Luis Fortuño.

Dicha persecución política se inició a los pocos meses de la juramentación de Alejandro García Padilla, con el desmantelamiento de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico y su sustitución por una Junta de Gobierno, compuesta en su totalidad por afiliados al PPD. Continúo con el desmantelamiento de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el nombramiento de una nueva Junta compuesta en su totalidad por afiliados al PPD. Siguió con la destitución de dos integrantes estadistas de la Junta de Gobierno de la AEE y los procuradores de los veteranos y de los impedidos cuyos términos no habían expirado.

Pero ante su total fracaso administrativo, fiscal y económico a dos años de su elección, en un acto de clara desesperación política han desatado una cacería de brujas contra funcionarios de la pasada administración por utilizar fondos públicos para asistir y participar en una asamblea de LULAC, organización que por décadas se ha dedicado ha promover y defender las causas de los hispanos a nivel nacional. Si ello no constituye un fin público legitimo, que me ilustren. En dicha asamblea se elegirían los puestos directivos de la organización y porque algunos de dichos funcionarios promovieron y apoyaron una candidata a la presidencia de la organización que apoya la estadidad para Puerto Rico, ahora resulta que utilizaron fondos públicos para promover la estadidad o con fines políticos partidistas. ¡En serio! Por favor un poquito más de seriedad.

Pero quizás lo más que asombra es la poca credibilidad de quien encabeza la cruzada anti-estadista, nada más y nada menos que el senador popular Aníbal José Torres, secretario de la gobernación bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila y quien estuvo a cargo de la poco transparente recaudación de fondos para la defensa legal de su jefe político para enfrentar cargos federales de encabezar una red de corrupción en la que se encubrían aportaciones ilegales a su comité de campaña, como pago de servicios rendidos por empresas privadas. Por cierto, todos los que formaron parte de la red de corrupción o se declararon culpables o fueron encontrados culpables por los tribunales. El único que salió absuelto por el voto de un solo jurado, mientras que los otros 11 jurados entendieron que era culpable, pues en un gran jurado federal se requiere unanimidad para que haya convicción, lo fue Aníbal Acevedo Vila. O Aníbal Acevedo Vila es un inepto o de lo contrario es un corrupto.

Si el senador Aníbal José Torres quiere ganar cierta credibilidad para encabezar investigaciones contra la corrupción debe estar dispuesto a someterse a una investigación por un ente independiente, como la Oficina del Fiscal Especial Independiente, sobre sus gestiones en la recaudación de fondos para defensa legal de Aníbal Acevedo Vila que lo absuelva de toda duda sobre posibles impropiedades en dicho proceso. Si es serio en su propósito de combatir la corrupción debe iniciar una exhaustiva investigación sobre el nombramiento a la Junta de Directores de Triple S y regalo de miles de dolares en acciones a David Chafey, presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (ente que tiene bajo sindicatura a ASES) por la aseguradora Triple S, semanas previas a la otorgación del monopolio a la aseguradora para administrar el programa de Mi Salud, el consiguiente alza en el valor de las acciones de Triple S luego de que se le concediera el monopolio de Mi Salud y el aparente premio posterior cuando se le regalaron miles de acciones más. De lo contario su credibilidad es ¡Buchipluma na más!

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.